El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Segovia cuenta con llevar al pleno del 26 de marzo el nuevo reglamento único sancionador que, según Patrimonio Histórico, está llamado a agilizar y dar más seguridad jurídica a la tramitación de multas en base a las ordenanzas vigentes y las que vengan. Ese día se someterá a aprobación inicial y después deberá pasar por un periodo de exposición pública de 30 días. Si no hay alegaciones la aprobación definitiva será automática y si no, tocará resolverlas y llevar de nuevo el documento a pleno.
El reglamento citado no aporta grandes novedades ni ventajas para el ciudadano, apenas pequeños detalles como la posibilidad de abonar las multas en más dependencias municipales de forma presencial y con datáfono. No obstante, de puertas adentro sí facilitará el seguimiento y tramitación de cada expediente sancionador, al tiempo que se actualizará a nivel administrativo porque, aún hoy, la inmensa mayoría de las ordenanzas se remiten y fundamentan en una ley desfasada, la del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 1992, cuando hace ya más de cinco años que se aprobó la denominada Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común y Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, que no deroga el contenido de la anterior, pero sí lo actualiza.
De esta forma, una vez entre en vigor el nuevo reglamento, el Gobierno municipal considera que podrá proceder a la tramitación de modificaciones de ordenanzas que llevan años atascadas; sobre todo, las que se prevé que incorporen a sus textos el contenido de la ordenanza específica de protección del Acueducto y su entorno, que se anunció en 2017 y se descartó definitivamente en 2020 por considerar que podía llevar a incompatibilidades con otras normas municipales de rango similar que debían actualizarse por ello. Es decir, que para penalizar conductas como escalar el Acueducto, apoyar una bici en él o dar de comer a las palomas e incluso tirar un papel en su entorno, la vía más adecuada a nivel jurídico se considera que es integrar ese apartado que figuraba en el borrador de la ordenanza frustrada del Acueducto en la de Convivencia Ciudadana; igual que sucederá con los cambios que tengan relación con las ordenanzas de Ocupación de Vía Pública con Terrazas o con la de Circulación, cuyas modificaciones también llevan demasiados años atascadas.
«Lo que no tiene sentido es que aprobáramos cambios en ordenanzas que supongan seguir teniendo unas normativas basadas en una ley antigua y otras en una más reciente», subraya la concejala de Patrimonio Histórico, Clara Martín, para quien esa disonancia se podrá dar por resuelta con la próxima aprobación del reglamento único sancionador. Cuando éste entre en vigor, por tanto, será el turno de proceder a la tramitación de las ordenanzas pendientes, con la de Convivencia Ciudadana en disposición de llevarse a pleno poco después, dado que el borrador lleva tiempo redactado. Conviene recordar, eso sí, que los procesos regulados de modificación de ordenanzas suelen prolongarse de cuatro a seis meses desde que se someten a aprobación inicial hasta que entran en vigor.
El cambio de la ordenanza de convivencia incluirá sanciones mínimas de 1.500 euros por conductas como escalarlo, algo que hoy en día sale por 100; o incluso de 750 euros por apoyar un libro, una cámara, un bolso o una bici. En la Ordenanza de Tráfico se prevén novedades como la creación de vías de prioridad peatonal en el entorno del Acueducto, y en la de Terrazas, más disciplina estética en las que están más próximas al monumento.