La huelga de letrados de la Administración de Justicia, la Ley del Solo Sí es Sí, la falta de acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el traslado al nuevo edificio de Justicia… La lista de temas a tratar con el presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, Ignacio Pando (Madrid, 1962), es larga. En una conversación que dura algo más de cuarenta minutos repasa todos.

Se hace raro venir un martes a la Audiencia Provincial y que no estén celebrando juicios. 
Bueno, vamos a ver, hemos tenido la suerte de que ha coincidido que no teníamos muchos juicios para señalar en la Audiencia este tiempo, pero con la huelga habría sido complicado celebrarlos. 

Están atados de pies y manos.
Sí, claro, porque al final los letrados de la Administración de Justicia son los que legalmente tienen las funciones de dar fe de todo lo que lo que se hace, con lo cual pueden llegar a paralizar los procedimientos. En materia civil siempre tenemos asuntos pendientes para deliberar y hemos podido continuar, pero si sigue la huelga nos vamos a quedar sin ninguno. Y en materia penal, como digo, no teníamos muchos pendientes. Sí uno con preso, pero esos sí que entran dentro de los servicios mínimos.

"La huelga de los LAJ se nota más en sitios como Segovia" - Foto: Rosa Blanco

¿Entiende esta huelga?
(Piensa unos segundos). Pues hay que preguntarlos a ellos si creen que les interesa realmente y que para ellos es un beneficio. Hay algunas cuestiones con las que la mayoría de los jueces no estamos de acuerdo, como es el enganche, que llaman, a las retribuciones de jueces y fiscales. Pero por otra parte efectivamente tienen una serie de funciones... Yo no sé. Es un debate entre el Ministerio y los letrados acerca de hasta qué punto todas las funciones que les vienen atribuidas han sido efectivamente compensadas nuevamente o de forma más o menos reciente con la correspondiente subida de sueldo.

El Colegio de Abogados ha calificado de gravísima la situación y ha hablado de perjuicio prácticamente irreparable para la ciudadanía.
Irreparable no porque son cuestiones reparables pero sí que es cierto que ya es un mes de paralización y de retraso y que hay asuntos que no son tan trascendentes pero hay otros que no deberían esperar un mes. Hay asuntos de familia en los que puede haber situaciones de difícil convivencia o asuntos en materia social en los que se reclaman salarios o despidos y no es admisible que se paralicen. Puede haber una colisión entre el derecho a la huelga, un derecho constitucional legítimo, pero también el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

¿Hasta cuándo cree que se van a prolongar las consecuencias de esta huelga?
Pues no lo sé. Está claro que se notan más en sitios como Segovia en los que no hay una excesiva carga de trabajo que en las grandes ciudades o en los partidos judiciales que están muy sobrecargados de trabajo. Por poner un ejemplo: en Madrid, que los Juzgados de lo Contencioso  o los Juzgados de lo Social están señalando a dos años vista, pues que señalen a dos años y un mes tampoco arregla mucho. Pero claro, aquí, asuntos que se estaban resolviendo en relativamente poco tiempo, que de seis meses o de tres meses se pase a cuatro o se pase a siete es mucho más proporcionalmente. ¿Cuánto va a tardar en arreglarse? Pues habrá que ir sacándolo poco a poco. También dependerá de la voluntad del Ministerio porque, evidentemente, si se ha creado un colapso tendrán que preveerse de planes de refuerzo. No sería muy concebible que, porque un colectivo se haya puesto en huelga, el resto de funcionarios tengan que sufrir las consecuencias de ese retraso teniendo que trabajar el doble. En Segovia no estamos en una situación que no se pueda nivelar, aunque está aumentando la carga de trabajo en los juzgados, sobre todo en Civil, donde el incremento ha sido significativo en 2022.

El Juzgado de lo Social ya está señalando juicios para 2024. ¿Tiene constancia de que algún juzgado más lo esté haciendo?
No tengo constancia, pero no creo que haya señalamientos para 2024. Aunque evidentemente los asuntos que se han suspendido en juzgados que tienen las agendas completas van a sufrir dilaciones.

Los abogados se quejaban también de que no se les avise con tiempo suficiente de las actuaciones suspendidas por la huelga para ahorrar desplazamientos.
Estoy de acuerdo con su queja. Se han dado supuestos de letrados a los que no les han suspendido los juicios y que, a lo mejor, han tenido que ir de Barcelona a Sevilla y se han hecho el viaje con el cliente para que les digan, cuando llegan, que no se va a celebrar. Si saben que están de huelga, [los letrados de la Administración de Justicia] deberían avisar a las partes de que no se va a celebrar la actuación.

En la Audiencia, ha dicho usted, no tienen pendientes muchos señalamientos pero sí una revisión de una condena por la Ley del Solo Sí es Sí.
Lo resolvimos ayer [por el lunes], pero todavía no está firmado ni notificado así que de momento no puedo decir nada.

En el programa de Castilla y León Televisión 'Cuestión de prioridades' dijo usted en noviembre que el número de condenas revisadas no sería relevante pero también que era una predicción que no sabía cómo terminaría.
Menos mal que dije eso porque ya van… En todo caso son 600 y pico de un total de 4.000 o 5.000. En el global del porcentaje no son tantas. No puedo decir nada más que se les había advertido de que iba a pasar. Cualquier jurista, por poco que sepa, sabe que si rebajan unas penas se van a revisar y se van a imponer penas inferiores. Y sigo insistiendo en lo que dije en el programa. El problema no son las que se revisan. Sí para las víctimas, está claro, pero cuanto más se tarde en resolver si se quiere que las penas sean más altas y se modifique la ley, más tiempo se va a seguir aplicando la ley vigente.

Magistrados han calificado esta ley como defectuosa. ¿Lo comparte?
Los que han hecho esta reforma del Código Penal han dicho que ahora lo que importa es el consentimiento y no tanto cómo se ha quebrantado esa falta de consentimiento. Si con violencia, intimidación, engaño… Nosotros aplicamos las leyes y es responsabilidad del poder legislativo decidir si no es más grave cuando el consentimiento se vulnera utilizando la violencia. Eso es lo que está en discusión. A mí me parece que no es lo mismo, salvando evidentemente la distancia, que te quiten la cartera cuando vas en el autobús a que te pongan una navaja en el cuello y te quiten la cartera. Todos los delitos tienen una mayor gravedad para los supuestos en los cuales se emplea violencia o intimidación para conseguir el objetivo. 

¿Por qué cree que les llaman a ustedes reaccionarios?
Habría preguntárselo a quien lo dice, pero me parece curiosa una reflexión que he leído en artículos. Se habla de jueces y juezas excepto cuando se dice que no aplicamos la Ley [del Solo Sí es Sí], que se masculiniza la carrera judicial. Pero las revisiones de condena las han hecho órganos judiciales en los que hay hombres y mujeres y, en algunos casos, solo mujeres. Esto no es una cuestión de de hombre o mujer o de machismo o de no machismo. Es una cuestión de aplicar la norma jurídica. En esta Audiencia puedo asegurar que aplicamos las normas como se nos dan por parte del legislador. Si el legislador quería que se aplicase de otra forma, que hubiesen hecho la ley de otra forma. Tampoco entiendo que si no hay que confiar en los jueces y las juezas, se haga una ley en la que se establezca una horquilla mayor en las penas en la que se da mayor discrecionalidad a los jueces para aplicar la norma. 

Con esta cuestión o la propia huelga de los letras de la Administración de Justicia, la renovación del Consejo General del Poder Judicial parece que ha quedado en un segundo segundo plano, pero ¿le preocupa? 
A mí no me preocupa mucho porque mi mandato como presidente de la Audiencia Provincial de Segovia dura hasta finales de 2024, aunque al paso que vamos todavía me veo que cuando se acabe el mandato voy a tener que seguir como presidente en funciones (risas). Bromas aparte, es un asunto preocupante. No puede ser que un poder del Estado esté sin renovar desde desde hace más de cuatro años. Ya he dicho muchas veces que a nivel de funcionamiento diario no es tan grave, pero es en el Tribunal Supremo donde se está haciendo un roto tremendo. También impide que el Consejo pueda adoptar planes a largo plazo para solucionar problemas que tenemos. Con el año electoral encima mucho me temo que este tema se pueda quedar durmiendo el sueño de los justos.

Comentaba antes que han aumentado signifiticamente los asuntos civiles. ¿A qué lo achaca?
En los juzgados de los pueblos han aumentado más que en la capital, pero creo que se debe a que los asuntos de las claúsulas hipotecarias estaban atribuidos a nivel provincial al Juzgado número uno y eso se suprimió. Pero no sé las materias concretas en las que han aumentado. Sí que se han incrementado mucho los monitorios. Posiblemente influya la situación económica. También han aumentado mucho los concursos.

¿El traslado al nuevo edificio judicial va a mejorar el funcionamiento de la Justicia en Segovia?
Hombre, va a permitir que todos los juzgados estén en el mismo lugar y va a dar agilidad a la hora de relacionarse unos con otros, pero los órganos judiciales van a seguir siendo los mismos, el personal también… Sí que es verdad que la idea del Ministerio es que el nuevo edificio entre en funcionamiento al mismo tiempo que la nueva Oficina Judicial. De hecho, las nuevas instalaciones están concebidas para que haya una oficina judicial común. También está pendiente la ley de mejora de la eficiencia judicial y la creación de los tribunales de instancia. Tendrían que confluir los astros para que todo se llevara a cabo, pero yo creo que sí que mejoraría el funcionamiento de la Justicia y que en tres o cuatro años estaríamos en una nueva dimensión y la forma de trabajar sería totalmente distinta.

¿Cuándo se va a producir el traslado al nuevo edificio?
No lo sabemos. El tema de la nueva Oficina Judicial ha quedado un poco parado no sé por qué y si se quiere hacer coincidir con los tribunales de instancia se podrá dilatar algo. Luego está el aspecto logístico. Un traslado de esta magnitud va a conllevar que durante por lo menos, calculo, unos días o una semana los juzgados tengan que estar dedicados al traslado y tengan que cerrar. No sé cómo lo quiere hacer el Ministerio. A mí no me parecería descabellado que ya, a estas alturas, se aprovechase el verano para hacer el traslado y empezar el curso en septiembre allí.

La Audiencia Provincial se va a quedar donde está, en el Palacio de Justicia de la calle San Agustín. ¿Cree que por mucho tiempo?
Yo diría que por todo el tiempo. En teoría, en la parcela del nuevo espacio queda espacio para hacer una segunda fase en la cual se pudiese instalar la Audiencia, pero de esa segunda fase no hay ni proyectos ni presupuesto, así que nos quedamos aquí. El problema que ya he planteado es qué vamos a hacer a hacer con este edificio porque la Audiencia ocupa como mucho una planta. Sobran la planta baja, la segunda planta y la planta sótano. El Ministerio debería plantearse qué hacer con el edificio porque hay soluciones que se podrían buscar. Desde acondicionar alguna de las partes de abajo para hacer una sala multiusos que pudiese servir para hacer distintas actividades pero sobre todo para acoger juicios importantes. Oorque las salas de vistas del nuevo edificio no están preparadas para juiicios con muchos abogados y procuradores, como ocurrió con el que se celebró en el INSS. Otra posibilidad también sería que se pudiesen hacer actividades de formación que actualmente se encuentran centralizadas. Y hablo de lo que conozco. En Madrid hay actividades formativas para jueces o magistrados en las que las dietas no dan alcanzan para pagar los alohamientos. Sería una buena opción para Segovia. Pero claro, son ideas.

Por último, ¿hay calendario para la puesta en marcha del segundo Juzgado de lo Social?
En el decreto en el que se anunció su creación no se estableció una fecha concreta, pero al parecer existe la idea también de que entre en funcionamiento cuando nos vayamos al nuevo edificio.