Veinticinco años después de su puesta en marcha, el servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León, más conocido como Serla, está más en entredicho que nunca después de que el nuevo consejero de Empleo, Mariano Veganzones, de Vox, anunciara que liquidaba la fundación después de suprimirle la financiación dentro de su cruzada para reducir «el gasto superfluo» y los «chiriguitos» sindicales. Esa falta de fondos es, precisamente, el argumento esgrimido por Veganzones para dar la puntilla a un servicio que se puso en marcha de forma oficial el 22 de diciembre de 1997 y que anualmente ha gestionado una media de entre 250 y 300 conflictos laborales, con un grado de implicación de unos 80.000 trabajadores cada año.
Este nuevo frente abierto entre el consejero y los sindicatos y la patronal amenaza con tensionar –más si cabe– las relaciones entre el responsable de Empleo en la Comunidad y los agentes económicos y sociales, que llevan meses clamando contra las políticas de Veganzones. Un giro de 180 grados, con el que se ha pasado de reclamar la extensión del Serla a todas las provincias para mejorar la eficacia, a luchar a capa y espada para evitar su desaparición.
Pero, ¿qué es el Serla? Se trata de un organismo tripartito (CCOO, UGT y CEOE) que se encarga de mediar entre los conflictos laborales que existen entre empresas y sindicatos de la Comunidad. A grandes rasgos, se encarga de interceder entre ambas partes para evitar que las desavenencias a la hora de lograr un acuerdo salarial y otras mejoras laborales pueda terminar en una manifestación o huelga. Negociación que desde el año 2016 se extendió más allá de los conflictos colectivos, y empezó a cubrir también a trabajadores a título personal que tengan un problema con su empresa.
El papel del Serla fue significativo en algunas de las más sonadas crisis empresariales de la Comunidad, como el cierre de Fontaneda en Aguilar de Campoo (Palencia); varios episodios en Siro; en la abulense Puerta Norma; en Nissan Ávila; o Itevelsa, entre otras, además de múltiples disputas sectoriales. Hechos que llevaron al Serla a ser una de las banderas que el expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, izó al dejar el Gobierno regional. De hecho, es uno de los principales legados sociales del burgalés.
Solo en 2021 –último con datos oficiales–, el Serla medió en 290 conflictos laborales de 1.343 empresas y que afectaban a 87.500 trabajadores. El resultado de la mediación alcanzó una tasa de éxito del 33%, al lograr 93 acuerdos, frente a los 127 desacuerdos y el medio centenar de causas archivadas. Por sectores, la mayoría fueron relacionados con el metal, la automoción o la alimentación. Cifras que, multiplicadas por los veinticinco años que lleva en funcionamiento el Servicio de Relaciones Laborales en la Comunidad dispara por encima de 6.500 los expedientes tratados y hasta casi los dos millones de trabajadores afectados desde su puesta en marcha en 1997. Todo ello con un coste anual inferior a los 700.000 euros, el 0,15% de los 450 millones con los que contará la Consejería este año, y que tanto sindicatos como patronal defienden que es «infinitamente menor al ahorro de mpresas y trabajadores con las actuaciones» del Serla.
Punto y ¿Final?
Un escueto comunicado de prensa el 13 de enero servía para anunciar el «inicio de los trámites para su disolución». Algo de lo que patronal y sindicatos ya alertaron después de que el Proyecto de Presupuestos para Castilla y León no contemplase ni un euro para el Serla. «Si quieren seguir con su servicio privado de intermediación, que lo financien ellos», argumenta el consejero de Empleo, Mariano Veganzones, que considera que «ya está la alternativa» al Servicio de Relaciones Laborales y que «da servicio en las oficinas de trabajo» del Ecyl. Respecto a si hay medios en las oficinas de Empleo para atender todos los casos que pasaban cada año por el Servicio de Relaciones Laborales, Veganzones insiste: «Por supuesto. Y muchos más. Lo llevamos haciendo desde toda la vida de las oficinas de trabajo».
En la trinchera de enfrente, patronal y sindicatos, especialmente estos últimos, intensifican sus acciones para salvar el Serla, y achacan al «odio» del responsable autonómico a los sindicatos esta decisión. «Solo Mañueco puede parar la intención de Vox de suprimir el Serla», reiteran desde CCOO y UGT, que la pasada semana remitieron una carta a la ministra de Trabajo para que medie. El CES también se ha puesto de su parte, proponiendo a Fernández Mañueco que el Serla pase a depender de otra Consejería para garantizar su supervivencia: «Su extinción generaría una gran inseguridad jurídica».