Segovia está más cerca de ver atendida una demanda que llevaba camino de ser histórica. La Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia ha comunicado al presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, Ignacio Pando, que tiene un proyecto para dotar de mayor seguridad a los juzgados de los pueblos, los conocidos como juzgados únicos. Aunque todavía no hay plazos para su puesta en marcha, el Estado ha abierto la puerta a que esas sedes judiciales estén custodiadas por guardias civiles o, en su defecto, por vigilantes de seguridad con el objetivo de solucionar una brecha que se acabó de evidenciar cuando el 1 de diciembre del año pasado apuñalaron a la jueza de Santa María la Real de Nieva.

Actualmente una cámara controlada de forma remota y un videoportero son las únicas medidas de seguridad con las que cuentan en los juzgados de Santa María, Cuéllar y Sepúlveda, que tienen que tramitar y resolver todos los asuntos que se producen en cualquiera de los municipios que comprenden esos partidos judiciales. Desde el ámbito civil al penal. La agresión sufrida por la magistrada María Sonsoles Sanchidrián Velayos propició que se destinara a un vigilante a Santa María. Pero solo duró unas horas. «Se hizo con la idea de que estuviese un poco hasta que los funcionarios se tranquilizasen un poco, porque estaban muy afectados,muy nerviosos. Pero lo retiraron inmediatamente. Ese mismo día desde Madrid llegó la orden de que lo retirasen para no causar agravios comparativos y que diera pie a que lo solicitase más gente», explica Pando. Desde entonces los funcionarios tienen un videportero que les permite identificar a la persona que quiere acceder al juzgado, obligada a justificar la diligencia que quiere realizar.

Una medida insuficiente, en opinión de Pando y del decano del Colegio de Abogados de Segovia, Julián Sanz. «Es inadmisible esta situación», dice, «sobre todo en temas penales y de violencia de género, no se entiende». Los incidentes se repiten cada poco tiempo a pesar de los bajos índices de criminalidad registrados en nuestra provincia. «Habitualmente los abogados estamos acostumbrados a la contradicción entre las partes y a que, cuando vienen los reproches por parte de los contrarios o de tu propio cliente, los asumes e intentas justificarlos pero es verdad que pueden existir y han existido problemas de seguridad que habitualmente nos hemos callado», revela Sanz. «Lo de la jueza de Santa María ha sido lo más grave y en Segovia afortunadamente no hay muchas situaciones así, pero hace ahora un año o año y pico una persona que debía tener algún tipo de desequilibrio mental estuvo yendo allí e insistiendo, llegó a entrar de forma violenta y los funcionarios se llegaron a encerrar en un despacho», abunda Pando.

El nuevo proyecto del Ministerio de Justicia pretende que en los juzgados únicos desempeñen las funciones de seguridad guardias civiles en situación de segunda actividad y que estén interesados en solicitarlo. Y en aquellos supuestos que no haya ningún agente que se ofrezca a realizar esa actividad se contrataría a un vigilante de seguridad, según indican fuentes judiciales. El decano del Colegio de Abogados de Segovia aplaude esa posibilidad, pero pide concreción: «De momento no sabemos el número de efectivos que se van a poner y en qué juzgados va a ser». Y coincide Pando: «Sería una solución buena para el control de seguridad pero lo que hace falta es que esto, que es un proyecto, se lleve a la práctica cuanto antes».

Las mejoras en este ámbito en Segovia capital, mientras, se fían al nuevo edificio de los juzgados que se está construyendo en Nueva Segovia. El único escáner se encuentra en el Palacio de Justicia. Ni siquiera disponen de uno en los dos juzgados de lo Penal, situados en un piso en Las Rocas. «Hay un vigilante de seguridad. No sé si habría espacio para poner un arco. Es el problema de tener sedes alquiladas que no están pensadas para esa función», remarca Pando.

DEFECTOS. Otro defecto lo sufren las víctimas de violencia de género, huérfanas de un espacio específico para no tener que encontrarse con sus agresores. «En el Juzgado número 4, que es el especializado en violencia de género, se intenta adaptar una pequeña dependencia para que la víctima se encuentre más apoyada, pero es una oficina. Y el detenido está en el pasillo cuando se le sube a tomar declaración», recuerda Sanz. «El problema del Palacio de Justicia, como el del resto de sedes judiciales de Segovia, es que no hay espacio y a las víctimas hay que buscarlas un espacio si tienen efectivamente miedo. Un despacho sí lo encontramos, el despacho de la Oficina de Asistencia a las Víctimas, pero no hay dependencias específicas. A eso se une que a los detenidos los tienen en un pasillo o en algún recoveco. El nuevo edificio sí que prevé todas estas cuestiones. Habrá habitaciones para testigos, circuitos diferenciados para los detenidos y el resto de ciudadanos... Es un edificio moderno y pensado para su función actual», concluye Pando.