El gobierno de Estados Unidos ha metido un rejonazo a España con el informe que realiza anualmente el Departamento de Estado, en el que se recogen las informaciones de sus diplomáticos sobre el cumplimiento de la defensa a los Derechos Humanos en los países en los que se encuentran acreditados, que se completan con datos ofrecidos por acreditadas organizaciones no gubernamentales.

El informe sobre España es preocupante, y de nada sirve que la vicepresidenta Carmen Calvo haya tratado de descalificarlo diciendo que es el último coletazo del trumpismo. No. Fue presentado por el Secretario de Estado de Joe Biden, Blinken, que no tiene nada que ver con Trump ni con el partido republicano.

Pone el acento en la falta de respeto a la libertad de expresión, con apuntes concretos sobre los ataques a profesionales del periodismo por parte de dirigentes de Podemos, que ya provocaron en su día un comunicado de la Federación de la Asociaciones de Prensa. Recoge también agresiones a periodistas en actos independentistas catalanes, también de miembros de Vox a manifestantes contrarios a sus ideas, así como la prohibición a determinados medios e informadores para acudir a sus actos. Y recoge las presiones a medios de comunicación en Cataluña para que apoyen el ideario independentista.

Cualquiera que dude de la credibilidad del informe del Departamento de Estado puede recordar, para salir de dudas, las palabras acusatorias de Pablo Iglesias cuando era vicepresidente del gobierno: “No hay una situación de pena normalidad democrática” o “España tiene una democracia limitada”. Lo pude decir Iglesias pero el gobierno cuestiona un informe avalado por el Departamento de Estado que cuenta entre otros participantes con Reporteros Sin Fronteras, organización a la que Podemos ha dado plena credibilidad cuando avalaba iniciativas del partido que provocaron polémica.

Coincide el informe americano con noticias últimas que tienen poco que ver con la libertad. Por ejemplo, las escenas que se han visto estos días con policías echando abajo la puerta de viviendas en las que se celebraban fiestas que no cumplían con las normas anti covid. El partido que tanto criticó lo que llamaron ley de la patada en la puerta porque exigía autorización judicial para entrar en domicilios cuando existían pruebas de que se estaba produciendo un delito o era inminente su comisión, manda a la policía a utilizar un ariete para actuar contra unos irresponsables que se pasan las normas antipandemia por el arco del triunfo.

La eurodiputada Maite Pagazaurtundúa ha denunciado la situación ante el Comisión Europea para que pida explicaciones al gobierno, Comisión que ya hace meses mandó al gobierno de Sánchez un toque de atención por tratar de instrumentalizar al Consejo General del Poder Judicial.

No hace falta que lo diga el Departamento de Estado de Joe Biden: los ciudadanos españoles son muy conscientes de que a este gobierno la libertad le interesa lo justo. Solo la defiende a ultranza cuando le conviene.