La Junta de Castilla y León pondrá en funcionamiento a principios de 2020 una medida que permitirá impulsar la integración de personas con discapacidad en el mercado ordinario, mediante la contratación, a través de entidades sin ánimo de lucro, fundaciones o asociaciones, de técnicos para el apoyo en empresas del mercado ordinario, a lo que sumará un nuevo marco para la integración en dicho mercado subvencionando los contratos indefinidos, la transformación de los contratos temporales en indefinidos y el tránsito de los centros especiales al mercado laboral ordinario.

Así lo señaló el consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, Germán Barrios ayer en León durante la celebración del XVII Congreso Nacional de Centros Especiales de Empleo, al que consideró «muy importante» por «visualizar la necesidad de un puesto de trabajo de las personas con algún tipo de capacidad», así como «el trabajo que desarrollan los centros especiales de empleo».

Según las cifras que aportó el consejero, en Castilla y León hay 225 que dan trabajo a más de 5.650 personas y que a principios de año contaron con un presupuesto de 22 millones de euros, que en el suplemento de convocatoria del próximo mes contarán con 28 millones más para financiar el 55 por ciento del salario mínimo interprofesional de estos trabajadores e implementar un complemento salarial del 80 por ciento para personas con especial dificultad de acceso al mercado laboral.

En este sentido, Barrios apuntó que la Junta lleva a cabo una «política integral en favor del trabajo de las personas con discapacidad y de apoyo a los centros especiales de empleo», así como «las unidades de apoyo, es decir, la contratación de trabajadores para que tengan unidades de apoyo en los centros especiales de empleo y las inversiones que estos necesitan».

La clausura del congreso corrió a cargo de la ministra Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, que aseguró que se llevará a cabo una modificación legislativa para solventar la diferenciación de la equiparación de las incapacidades permanentes totales con la discapacidad. Según explicó Valerio, como consecuencia de una reciente sentencia del Tribunal Supremo, aquellas personas que cobran una pensión de incapacidad permanente total para la profesión habitual, salvo que tengan reconocido un porcentaje de incapacidad superior al 33 por ciento por el centro base de la Consejería de Bienestar Social, no cubren el requisito para poder trabajar en el centro especial de empleo, por lo que «en cuanto el Gobierno esté en plenitud de funciones será uno de los temas a los que se dará salida».

La ministra valoró la importante labor que realizan los centros especiales de empleo, ya que en España hay 2.111 centros que «hacen una labor para la integración laboral de las personas con capacidades diferentes», ya que «el trabajo digno termina dignificando a las personas» y el tener un medio propio de vida hace que las personas adquieran autonomía y bienestar al sentirse útiles en la sociedad».

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo, Ángel Luis González Olivares, puso de relieve la necesidad de «dar a conocer la realidad de supervivencia de los centros especiales de empleo que están diferenciando a las personas con discapacidad en función del contexto en el que están trabajando».