La delegada de la Fundación ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo para Castilla y León, con sede en Segovia, desde 2003, Natalia Fernández, subraya en esta entrevista que «la violencia hacia la infancia es un problema real y generalizado que se debe abordar de forma urgente porque llevamos años de retraso».
¿Qué opinión tienen acerca del anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno?
Desde las organizaciones de infancia, como la Fundación ANAR, lo hemos venido pidiendo desde hace más de doce años. En 2008, trasladamos al Comité de Derechos del Niño la necesidad urgente de que se aprobara un texto legal para proteger de forma integral a los menores frente a cualquier forma de violencia, que fuera similar a la Ley Contra la Violencia de Género de 2004. Desde la Plataforma de Infancia, que representa a 68 organizaciones, entre ellas ANAR, nos hemos reunido con los diferentes Gobiernos, para impulsar y trabajar en el texto. Ha sido un largo camino y se ha trabajado mucho.
¿Conocida como Ley Rhodes, en homenaje al activista y pianista James Rhodes que sufrió abusos sexuales, sus promotores explican que nace con vocación de actuar como revulsivo y que suponga un antes y un después en la prevención de los delitos que se comenten contra los menores y la protección a las víctimas, ¿es suficiente para conseguir estos objetivos?
Las organizaciones de infancia confiamos en que el texto del proyecto de ley sirva para cumplir su objetivo, que no es otro que proteger de forma integral y multidimensional a los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia, con medidas de prevención, detección, asistencia y protección. Como sostiene la jurista Leticia Mata, miembro del Patronato de la Fundación, aspiramos también a que mantenga buena parte de las propuestas que durante todo este tiempo hemos ido haciendo para que la ley se ajuste de verdad a la realidad social.
¿Creen que se debe de tramitar de urgencia?
La violencia hacia la infancia y es un problema real y generalizado que se debe abordar de forma urgente. Por eso es importante que, una vez llegue el Proyecto de Ley a las Cortes, su tramitación sea urgente y exista consenso parlamentario para no alargar su tramitación.
La última vez que las entidades de infancia accedimos al texto fue en el trámite de información pública en enero de 2019. Hasta donde conocíamos, el mismo suponía la modificación de 16 cuerpos normativos a través de sus disposiciones finales, entre ellos, las más importantes como el Código Penal o la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el infome de Leticia Mata. Es una ley innovadora. No existe a nivel mundial ninguna similar y, por ello, debemos reconocer el esfuerzo que ha supuesto para los diferentes ministerios implicados. Es fundamental, también, que lleve aparejada la aprobación de una estrategia nacional que contemple todas las medidas específicas necesarias para que llegue a aplicarse de forma efectiva.
¿Hay aspectos como que en todos los centros educativos, sanitarios, o de ocio se establezcan protocolos de detección y actuación, ¿añadirían algo más al texto?
Resulta imprescindible asegurar la dotación económica necesaria para la aplicación de la Ley, con el aumento de las partidas presupuestarias, pese a la crisis económica. No queremos que vuelva a pasar lo que con la Ley 26/2015, que se quedó solo en buenas intenciones.
¿Existe un volumen alto de maltrato infantil? ¿En qué entornos se registra?
Desde que la ANAR puso en marcha sus líneas de ayuda, en 1994, venimos escuchando de voz de los menores, pero también, de los adultos de su entorno, la violencia que sufren. En el estudio que se realizó sobre ‘La Evolución de la Violencia a la Infancia en España según las Víctimas 2009-2016’, indicábamos que, durante esos años, atendimos 25.312 casos de violencia hacia un menor de edad y que la tasa de incremento de esos casos había sido de un 298,8%.
Esta violencia la sufren en muchas ocasiones dentro de sus casas, ejercida por uno o ambos progenitores o bien por un familiar. Es una violencia oculta, silenciosa, frecuente y, lamentablemente, en muchas ocasiones grave, como maltrato físico, psicológico, abuso sexual, abandono o exposición a la violencia de género. El castigo físico sigue utilizándose como pauta educativa en muchos hogares españoles y el maltrato psicológico o emocional hacia los niños y niñas se sigue aceptando y tolerando todavía hoy en nuestra sociedad. Otras veces es una violencia que padecen fuera de sus casas, ejercida bien por un adulto o bien por sus iguales, como los casos de acoso escolar o la violencia de género entre adolescentes, que hemos visto aumentar de forma progresiva.
¿El confinamiento ha escondido el maltrato de niños y adolescentes?, ¿en qué medida se ha producido?
Desde que se decretó el confinamiento, ANAR ha atendido un total de 11.682 peticiones de ayuda, de las cuales, el 52,2% fueron por violencia, 2.151 graves. El 76,7% del total necesitarán ayuda. Instamos a las familias a que soliciten ayuda psicológica para superar lo ocurrido. Los casos de maltrato intrafamiliar son los más frecuentes, sobre todo violencia doméstica –maltrato físico y psicológico–, seguidos de violencia de género y abuso sexual. Además, las ideas e intentos de suicidio han sido uno de los problemas que más se han incrementado, pasando del 1,9% de media en el último año a un 8%.
¿Tienen el suficiente respaldo de las administraciones y la sociedad?
Trabajamos con la Junta de Castilla y León a través de un convenio y con el Ayuntamiento de Segovia, que nos cede un local donde tenemos la sede, con algunos programas mediante contratación. La relación es estrecha y colaborativa. Estamos ubicados en el Centro de Asociaciones de Ayuda y Voluntariado situado en avenida del Acueducto, 28. Siempre es necesaria la colaboración.