La magnitud de aquel suceso se podía comprobar este martes echando un vistazo a la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Segovia. A la derecha de los magistrados, dos filas de abogados y a la izquierda tres letrados más y la fiscal. Dos personas murieron y decenas de personas se vieron afectadas por la explosión que se registró la madrugada del 28 de agosto de 2016 en el 1ºB del número cinco de la calle Coca, en el barrio de San Lorenzo. Ahora se ha sentado en el banquillo de los acusados el hombre que está acusado de haberla provocado.

«Soy inocente, no quise hacer daño a nadie», comenzó su declaración J. C. A. E., sentado, tapado con una mascarilla quirúrgica y acompañado de un andador, con el que llegó al Juzgado. Tras la deflagración sufrió quemaduras en el cincuenta por ciento de su cuerpo y estuvo cinco meses ingresado en el Hospital, pero a la salida le esperaba una investigación. La Fiscalía cree que esa noche desconectó una de las bombonas de butano que tenía en la cocina y que se la llevó a su habitación con el objetivo de quitarse la vida. Él lo ha negado, pero ha reconocido que se había intentado quitar la vida dos veces con anterioridad.

J. C. A. E. es conocido en San Lorenzo. Desde pequeño había vivido en alquiler con sus padres en ese piso de la calle Coca y, después de su fallecimiento, se había subrogado el contrato de arrendamiento para seguir residiendo allí. Pero tenía graves problemas económicos hasta el punto de que comía a diario en casa de su hermana «y solo iba a mi casa para dormir». «Estaba enfadado porque no me había salido un trabajo», ha relatado en el juicio sobre el día de la explosión. «Di un puñetazo a un armario, me acosté, me levanté a las cinco y media de la mañana a echar un cigarro y, al encenderlo, se produjo la explosión. No recuerdo nada más que eso».

- Foto: Rosa Blanco

La Fiscalía y varias de las acusaciones particulares consideran, sin embargo, que es culpable de dos delitos de homicidio por imprudencia grave. En función de cada abogado, también se le considera en algunos casos responsable de tres delitos de lesiones por imprudencia grave, de incendio doloso y de estragos y se enfrenta a penas de cárcel que pueden alcanzar los 23 años. El Ministerio Público, por su parte, ha solicitado sustituir su petición inicial de dos años y cinco meses de prisión por el mismo tiempo pero de libertad vigilada bajo tratamiento terapéutico, al reconocerle una circunstancia semieximente. Unas conclusiones a las que se han adherido al final la mayoría de las acusaciones.

VECINOS. Estaba siendo tratado de una depresión por la que además se medicaba de forma habitual. «Si me hubiera querido suicidar, lo habría hecho yo solo. Ya lo había intentado dos veces», insistió J. C. A. E. en el juicio para reivindicar su inocencia. Con sus vecinos apenas tenía trato. «Nos dábamos los buenos días, las buenas tardes y nada más», apuntó una de ellas, a escasos centímetros del acusado. Los abogados trataron de evitar que tuvieran que rememorar lo ocurrido, pero Aquilina –cuya casa quedó destruida– recordó que «me sacaron por la ventana». «Estaba en la cama, me levanté como pude entre las piedras y me sacaron por la ventana», describió sin perder la calma.

Aquella noche está grabada a fuego en la memoria de quienes estaban en la calle Coca. «Por las noches lo paso muy mal y no puedo dormir sola. Sigues recordando todo y piensas que en cualquier momento puede volver a pasar lo mismo», confesaba días después Hasna Maarad, de 17 años en ese momento. Ella y sus padres –Smail Maarad y Chaala Maarad– fueron una de las veinte familias a las que el Ayuntamiento realojó en un hotel y en pisos debido al estado en el que habían quedado sus viviendas. Todas estaban de alquiler y se vieron obligadas a esperar a que los propietarios del edificio y los seguros arreglaran todos los desperfectos. Pero pudieron volver.

Hoy en la fachada de ese número cinco de la calle Coca no hay huellas de la tragedia. Pero solo aparentemente porque Gabriel Moreno de Pedro y Lucía Maroto perdieron la vida. En un caso por la explosión y en el otro por la asfixia provocada por el humo. Las heridas siguen abiertas y ahora le toca a la Audiencia Provincial de Segovia resolver si se trató de un accidente o la explosión fue provocada. El Ayuntamiento de Segovia decretó tres días de luto oficial por aquel suceso que incluso obligó a cortar el tráfico en la avenida Vía Roma y a activar al Grupo de Intervención Psicológica de Desastres. «Me incorporé en dirección a la ventana y vi todas las llamas. Bajé a la calle como pude. Como pude, agarrándome a las paredes, abrí la puerta y me bajaron al centro de salud con un ataque de ansiedad», fue otro de los relatos que dejó aquella fatídica noche.