«No nos sentimos aludidos, en Castilla y León no tenemos ninguna iniciativa que venga a incumplir una ley nacional ni que limite ningún derecho». El Gobierno autonómico se desentiende del 'blindaje' de la interrupción voluntaria del embarazo ante protocolos 'antiabortistas' que establece la nueva normativa estatal aprobada este jueves y garantiza que Castilla y León es una comunidad «leal» que «cumplirá» con la ley orgánica por la que se modifica la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Y es que el polémico protocolo fantasma anunciado hace un mes sigue coleando en la Comunidad, más si cabe después de que el PP apoyará en el Senado  la enmienda que incluye esta reforma para blindar el aborto frente a protocolos antiabortistas. «Nunca se va a obligar a las mujeres o a los profesionales a que hagan algo que no quieren hacer», zanjó el portavoz autonómico, Carlos Fernández Carriedo, según informa Ical.

En varias ocasiones reiteró que en la Comunidad no se va a «obligar» a «nada» a los profesionales sanitarios, remarcó su apuesta «favorable» por mejorar la prestación y defendió que la garantía de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la Comunidad debe ser compatible con el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia. «No puedo garantizarlo en todos los hospitales», aclaró al respecto Fernández Carriedo sobre la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo.

Cuestionado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno por la nueva ley del aborto, sostuvo que habría sido positivo mantener los tres días de reflexión y la opinión de los padres, ya que menores de 16 y 17 años podrán interrumpir su embarazo sin necesidad de contar con el permiso paterno. En cuanto a la posición que fijó este martes el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que el aborto es un derecho exclusivamente de la mujer conforme a la ley, el portavoz de la Junta evitó pronunciarse directamente al indicar que las leyes establecen unas normas que se tienen que cumplir y que la Constitución recoge los derechos fundamentales. «Castilla y León es una Comunidad leal en el cumplimiento de las leyes que se aprueban en el Congreso y que afectan al conjunto de las comunidades autónomas», resumió.

Diez meses

Un tono mucho más duro emplearon los portavoces parlamentarios de PP y Vox, los partidos que sustentan la Junta, al referirse a la aprobación de la nueva normativa estatal, que tacharon de «barbaridad» por permitir que las menores de 16 y 17 años se puedan someter a esta intervención sin consentimiento de sus padres. «Lo único que me tranquiliza de lo que está ocurriendo en el Congreso es saber que dentro de diez meses la barbaridad que se está comiendo hoy va a ser derogada», pronosticó el popular Raúl de la Hoz, convencido de la victoria de Alberto Núñez Feijóo. En el mismo sentido se pronunció Carlos Menéndez (Vox), que acusó directamente al Partido Socialista de legislar «con una barbaridad» para «tapar barbaridades anteriores». Sobre el posicionamiento del PP a nivel nacional sobre la ley del aborto apuntó que ambos partidos «ya hemos manifestado tener posicionamientos diferentes y eso es respetable».