Los ministros comunitarios de Agricultura tendrán sobre la mesa el próximo lunes dos importantes debates sobre la Política Agrícola Común. Uno, seguir con las discusiones sobre la futura regulación que, en principio era para el período de 2021 a 2027 y que se aplaza al menos un ejercicio. Otro, el más importante para los intereses de los agricultores y ganaderos, las dos propuestas de reglamentos hechas públicas por la Comisión Europea donde, en lo fundamental, se plantea una salida para el año 2021 como un período transitorio hasta la aplicación de la nueva reforma donde, como se esperaba, ya se da por hecho oficialmente que no entrará en vigor hasta el año 2022.
Según el contenido de esa propuesta sobre la aplicación de la PAC en 2021, en lo que afecta a las condiciones para acceder a los fondos, la Comisión mantiene las mismas normas que las establecidas en el intervalo anterior de 2014 a 2020. Agricultura señala, como novedad, que la misma permitirá a los Estados miembros, en el régimen de Pago Básico, la posibilidad de seguir avanzando en las políticas de convergencia que, en el caso español, han sido un fracaso al no lograr un ajuste suficiente entre agricultores embarcados en mismo cultivo. Los procesos de acercamiento fijados fueron muy bajos y, por ese motivo, continúan prácticamente las mismas desigualdades. Es uno de los retos que se mantienen para la próxima reforma en el marco de su aplicación en España, así como la eliminación de los derechos por pagos históricos. Igualmente en ese período de transición se contempla la posibilidad de prórrogas en la aplicación de los programas de desarrollo rural hasta el 31 de diciembre de 2021 con cargo a los importes previstos para la programación de ese año.
Sin embargo, el aspecto más importante para los intereses de agricultores y ganaderos de la propuesta se halla cuando se refiere a los aspectos presupuestarios de la misma. El proyecto de reglamento contempla los importes de las diferentes ayudas para el año 2021 y que responden a las cifras planteadas ya en su día por la propia Comisión para el Marco Financiero Plurianual sobre el que no existe aún un acuerdo en el seno de la Unión Europea y que, previsiblemente no se aprobará hasta los primeros meses del próximo año.
Según los datos manejados por el Copa-Cogeca, organismo donde se hallan los representantes de las organizaciones agrarias de toda la Unión Europea y de las cooperativas, la propuesta supone un descenso de los recursos en un 11% de media sobre los fondos en moneda corriente existentes en el período anterior de 2014 a 2020 al pasar los mismos de 408.000 a 365.000 millones de euros. Este recorte sería del 7,3% en los pagos directos al pasar de 308.700 a 286.195 millones de euros, mientras en los pagos para desarrollo rural la rebaja llegaría al 20,8% cayendo desde los 99.587 millones a los 78.800.
En el sector, en relación con estas propuestas se han producido las primeras reacciones de organizaciones agrarias.
Desde Asaja no se explica la decisión de la Comisión de hacer esta propuesta, en primer lugar en lo que afecta a ese recorte del 11% en relación con el ejercicio de 2020 y en un porcentaje superior para los pagos en desarrollo rural. No se entiende que con las mismas normas o con mayores exigencias se vayan a recortar las ayudas al disponer de menos fondos. Una segunda crítica de la organización agraria está referida a cuestiones de oportunidad y de las formas. No comprenden su presentación dando por buenos los datos contenidos en su propuesta legislativa para el próximo Maco Financiero Plurianual cuando no se han producido los debates sobre el mismo de cara al presupuesto de la Unión y cuando siguen otros interrogantes como el posible impacto del Brexit en los fondos de la PAC. Asaja critica que la propuesta de la Comisión haya interferido en los debates a celebrar sobre este tema en el Consejo y en el seno del Parlamento.
No tendría sentido que la Comisión manejara unas cifras de fondos a partir de actual aportación de los países miembros de 1,1% del PIB, cuando hay un debate abierto sobre la posibilidad de elevar ese porcentaje al 1,3%.
Desde Unión de Uniones, se compara la propuesta de fondos para 2021 con los disponibles para el año precedente. Según los datos manejados por la organización, en el caso de las ayudas directas se partía de 4.893 euros para bajar a 4.710, lo que supone un descenso del 3,75%. En el caso de los fondos para desarrollo rural, los mismos bajarían un 15,3%, cayendo desde los 1.182 millones de euros a solamente 1.001 millones, cifras a las que se suman los fondos para el sector del vino donde estos pasan de 210 a 202 millones de euros. En conjunto, las disponibilidades de ayudas bajarían de 6.285 millones de euros a 5.913, lo que supone un descenso del 5,9%.
Desde el Ministerio de Agricultura, la iniciativa de la Comisión se ha valorado como importante, pero con una visión más positiva que negativa y sin crear alarma. Se ha querido ver el vaso medio lleno destacando la oportunidad de la misma y la importancia que tiene para el sector agrario la existencia de un período transitorio donde se asegura que no habrá ningún vacío y que los beneficiarios que van a seguir percibiendo las ayudas. No se podía esperar otra cosa. Se valora igualmente la posibilidad de recibir los fondos en ese plazo transitorio sin que se hayan modificado las condiciones de admisibilidad de las mismas respecto al período de 2014 al 2020. En la misma línea de un análisis calmado, la marca de la casa, Agricultura entiende que la propuesta de la Comisión es solamente eso, una propuesta de reglamento que, mientras no se produzca un debate sobre el presupuesto comunitario y un acuerdo en el Marco Financiero no se puede hablar de cifras concretas. Toca esperar.
España, junto con una mayoría de países miembros, ha defendido en los últimos meses una posición clara en relación con la necesidad de mantener los fondos actuales para la PAC a partir de 2022, por lo que se trata de una posición que se defendería igualmente en el caso de los recursos para ese período transitorio en relación con los asignados en 2020. Mantener los fondos supone, ente otras cosas, evitar el copago por cada país, algo para lo que no están preparadas las arcas del Estado cuando se trata del sector agrario o el medio rural, aunque sí para otras políticas de igualdad.