Desde el fallido golpe del 23-F, todos los esfuerzos de los sucesivos gobiernos han ido en la dirección de prestigiar a las Fuerzas Armadas, en subrayar su compromiso con la defensa de la Constitución en todos sus términos, no solo en el recogido en el artículo octavo, en destacar su profesionalización, en alabar su participación al más alto nivel en las misiones de paz y en su integración con los ejércitos de otros países, y más recientemente en mostrar el orgullo por su participación en primera línea contra la pandemia del covid-19 a través de la UME.  

Salvo en contadas ocasiones, que fueron atajadas por la vía reglamentaria, en las que militares de alta graduación realizaron manifestaciones que vulneraban su obligación de neutralidad o ponían en cuestión las decisiones del Gobierno, sobre todo relacionadas con el problema territorial y político con Cataluña, el resto de los militares en activo se han mantenido dentro de la estricta observancia de sus obligaciones y hace mucho tiempo que dejó de escucharse ni tan siquiera un rumor de sables en los cuartos de banderas  

Pero sería una ingenuidad pensar que en los últimos tiempos no se ha producido una polarización y una profusión de discursos que fomentan el enfrentamiento y el odio y que hay grupos de militares en activo que son más receptivos a los mensajes que llegan desde la ultraderecha, desde Vox, que pregonan el apocalipsis para la Nación española, porque el juego de mayorías en el Congreso es endiablado decidido así por el conjunto de los españoles llamados a las urnas, y porque tienen una visión de España en la que prima la unidad sin atender a su diversidad.      

El problema se extiende a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que también portan armas, donde miembros reunidos en sindicatos de nuevo cuño, van más allá de las reclamaciones salariales y laborales para hacer incursiones en el terreno político.  

La reacción del Gobierno por boca de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido la adecuada, sancionando la actuación de los ciudadanos que fueron militares y que ahora se encuentran en la reserva, que se han dirigido al rey Felipe VI para advertirle de los riesgos que corre la unidad de España, con un lenguaje calcado de las intervenciones de los líderes ultraderechistas, que además consideran sin ambages que “son gente nuestra”, o que animan a pronunciamientos militares, como si siguieran en el siglo XIX, y quieren la vuelta a una dictadura vía fusilamientos. Además ha puesto en conocimiento de la fiscalía esos hechos porque pueden ir más allá de la libertad de expresión y ser constitutivos de delito.  

El convencimiento de que los militares españoles acatan y defienden la Constitución debe ir acompañado de una labor de vigilancia por sus servicios de información para atajar de raíz cualquier sombra que pueda proyectarse sobre la tranquilidad y seguridad de todos los españoles. Los militares en activo no pueden expresar opiniones políticas en virtud de su obligación de neutralidad, pero si hacer profesión de fe de su compromiso con la Constitución que es un todo y no se puede trocear.     

Los partidos del Gobierno de coalición y Vox ya se han manifestado sobre el incidente de los militares en la reserva, que flaco favor hacen a la Monarquía y al rey. El PP tiene una nueva oportunidad para demostrar que su desmarque de Vox es una realidad demostrable con hechos.