El antropólogo salmantino Pedro Javier Cruz sitúa la primera vinculación del cochinillo con Segovia en 1502. «Se cuenta que pasando por Segovia Álvaro de Portugal vio a una mujer muy pobre que estaba con un lechón. Se le antojó comer uno y le dijo a la mujer que se lo llevara. Así lo hizo la mujer pero el noble no quiso pagarlo. Se dice que entonces la mujer le hizo un sortilegio del que acabaría muriendo don Álvaro», explicaba en un reportaje publicado por ‘Acueducto2’. Cinco siglos después, Segovia es la provincia con más peso económico en la producción animal de Castilla y León junto con Salamanca. Un protagonismo que recae principalmente sobre el porcino. Sin embargo, diferentes colectivos creen que ha llegado el momento de frenar ese crecimiento.

Una plataforma surgida en la Campiña (‘Futuro limpio Campiña Segoviana’) ha iniciado una serie de movilizaciones para tratar de parar la construcción (en unos casos) y ampliación (en otros) de centros de producción «intensivos» en Bernardos, Domingo García, Añe, Pinilla, Balisa, Sangarcía, Nieva, Juarros, Martín Muñoz de las Posadas, Paradinas, Valverde, Hoyuelos, Laguna Rodrigo y Santiuste de San Juan Bautista. Sus argumentos van desde la contaminación a sus repercusiones negativas para el asentamiento de vecinos en unas zonas marcadas por la despoblación.

«Los cerdos en grandes proporciones no son compatibles con la vida de los pueblos. Los turistas o  los que buscan su segunda residencia no van a los pueblos que huelen mal o que tienen el agua contaminada», comienza la plataforma.  Los purines están en el centro de la polémica. «Son la causa de la  contaminación del agua por nitratos orgánicos, la contaminación del aire por el amoniaco y el aumento del efecto invernadero por el metano. Estas granjas industriales en proyecto, junto a las ya existentes,  generarán como mínimo 150 millones de litros de purín al año, de lo cual una buena parte irá a parar sin control a nuestras tierras», avisan.

Macrogranjas, el dilema del medio rural

Pero también advierten de los efectos negativos sobre la creación de empleo. «Muchas personas que trabajan en casas rurales, en la construcción, en las tiendas o en los bares se quedan sin trabajo.  Se destruyen más puestos de trabajo de los que se crean. En las fases de transformación y  comercialización de la carne de porcino es donde se crean  puestos de trabajo y se desarrollan en un entorno limpio. A las zonas rurales nos ha tocado soportar la fase de producción, en la que se desarrollan todos los efectos negativos de la actividad y que apenas requieren mano de obra para su funcionamiento». Incluso cuestionan la calidad de la producción de esos centros. «Las macrogranjas  están proyectadas para producir  la mayor cantidad  de carne  en el menor tiempo posible, usando el mínimo espacio exigido y previniendo infecciones –por respirar un aire insalubre fruto de sus propias heces que están bajo las rejillas que pisan–  realizando tratamientos con antibióticos.  Con los precios bajos que consiguen hacen inviables las pequeñas explotaciones familiares que sí producen calidad, las cuales acaban cerrando. Son también  puestos de trabajo destruidos. Los pueblos de la Campiña se quedan vacÍos por culpa  de estas macrogranjas y vacíos es lo mismo que decir muertos. A los responsables de esta barbarie les tenemos que despertar la conciencia con nuestra denuncia, defender juntos nuestra tierra y poder pasársela a nuestros hijos igual de limpia que nos la pasaron a nosotros nuestros padres», remacharon los portavoces de la plataforma en el comunicado que leyeron el pasado sábado en la plaza del Azoguejo.

Uno de ellos, Álvaro Yanguas, ha desvelado días después que se plantean llevar a los tribunales a la Junta de Castilla y León para lograr una moratoria en la autorización de estos centros de producción. «No estamos locos, comemos carne, pero en España se produce a costes muy bajos», afirma.

ECONOMÍA VERDE. El sector porcino se defiende a partir de conceptos que se encuentran en la esencia de la nueva economía verde. «Segovia es una provincia muy rica en producción porcina y en cereales y hay granjas que tienen que ir cerrando y otras tienen que ir abriendo. Es la reconversión normal del modelo de producción. Con la salvedad de que las granjas nuevas son mejores, más tecnificadas, más eficientes y emiten menos», subraya el director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado de Porcino (Anprogapor), el segoviano Miguel  Ángel Higuera. A través de una videollamada en la que también participa el director adjunto y director internacional de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca Español (Interporc), el también segoviano Daniel de Miguel, reconocen que todavía tienen camino por recorrer para alcanzar la excelencia pero se quejan de que se les sitúe  en el centro de la diana. «Para poder tener cultivos hay que darles de comer y el nitrógeno se puede aportar de cuatro formas diferentes. Por lodos de depuradora, por abonos químicos inorgánicos importados, por estiércol de rumiantes o por purín de cerdos. La única que está controlada, cuantificada, regulada, inspeccionada y controlada es el purín de cerdo. Nos echan la culpa de que las aguas se contaminan cuando tenemos un máximo de aplicación por normativa europea que los demás no lo tienen», dice el director de Anprogapor.

Macrogranjas, el dilema del medio rural

Ni siquiera acepta que se use el término ‘macrogranjas’. «Podría ser bonito por potente, grande, pero se utiliza de forma despectiva a pesar de que somos el único país del mundo que tiene limitado el tamaño máximo de granjas. Y ese máximo es inferior a cualquier otro. Lo que aquí se llama mal macrogranjas es una granjita normal y corriente, casi familiar, en otros países. Si 2.000 madres como la granja de Bernardos de la que se habla se considera una macrogranja, ¿una de 18.000 de Holanda qué es?».

Los críticos alertan de que hay más de un millón de cerdos en una población que apenas supera las 153.000 personas y de que las zonas vulnerables no dejan de aumentar, pero la patronal no cree que Segovia haya alcanzado su límite. «Somos una de las provincias importantes en producción porcina, pero no llegamos a fertilizar el 50 por ciento de lo que se necesita», destaca Higuera. Su parálisis, defienden, afectaría además a numerosos sectores. «En una granja de 2.000 madres hay de 12 a 15 puestos de trabajo directos; en la construcción del centro se tarda un año y participan unas 30 o 35 personas de empresas del propio medio rural; la inversión puede rondar los cuatro millones de euros, lo que se traduce en un impuesto de construcciones de 120.000 euros; y el sector del porcino requiere servicios de forma continua. Para muchos fontaneros y electricistas rurales su forma de subsistencia son los contratos de mantenimiento que tienen con las granjas».

La escasez de agua es de los aspectos que más preocupa. «Se ha disminuido el uso de agua por kilo producido en los últimos diez años y se va a reducir la huella hídrica un diez por ciento en los próximos diez años. Esto es consecuencia de que cada vez hay un uso más eficiente de los recursos. Cada vez se practica más la ganadería de precisión», concluye De Miguel.