Cuando se pone sobre las mesa una polémica política del ámbito que sea es tanto el ruido que se genera a su alrededor que resulta muy difícil separar el grano de la paja, situar los términos de la discrepancia y buscar puntos de acuerdo que permitan du desactivación. El debate público sobre el veto parental a determinadas actividades complementarias en los colegios están exacerbados porque se trata de un terreno sensible en el que el componente ideológico desplaza a todos los demás y contribuyen de forma decisiva a impedir una de las reformas más necesarias, la que proceda de un pacto de Estado educativo que todo el mundo dice desear y que todos los partidos parecen dispuestos a dinamitar.
En estas ocasiones lo importante es explicar las posiciones con suficiente labor pedagógica, un aspecto que todos los políticos saben de sobra pero de lo que se olvidan con no menos facilidad. La actitud del PP contra la decisión del Gobierno procede sobre todo de la afirmación de la ministra de Educación, Isabel Celáa, “los hijos no pertenecen a los padres”, o cuando la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rossel dice que si el Gobierno de Murcia persiste en aplicar el ‘pin parental’, el Ejecutivo debiera aplicar el artículo 155 para que la comunidad autónoma cumpla la obligaciones que “la Constitución u otras leyes impongan”.
En el primer caso la ministra del ramo pudo haber explicado la posición del Gobierno sin utilizar una expresión que se ha convertido en un boomerang, a pesar de que está avalada por otra leyes y convenios internacionales. En el segundo caso, se trata de una medida tan excepcional que es excesiva para un asunto que puede reconducirse por otras vías, sin descartar la judicial como ha apuntado Isabel Celáa, aunque la oposición no ha desperdiciado la oportunidad para señalar que mientras se trata de desjudicializar la política en Cataluña se judicializa en otros lugares. Bien es cierto que, como el propio PP está dispuesto a demostrar, no va a ser fácil que la política catalana se haga fuera de los tribunales.
Sin embargo en este asunto, en el que la ley está de parte del Gobierno, de los consejos escolares y de los docentes, son el PP y Ciudadanos quienes tienen mayores problemas de coherencia. Los aplausos que recibe el PP por parte de Vox, por haberse situado del ‘lado correcto’, son una suerte de abrazo del oso del que les va a resultar muy difícil deshacerse, y que desdice con hechos cualquier declaración de moderación y de instalarse de nuevo en el centro, como piden algunos de sus barones con elecciones al alcance de la vista. Que desde el PP afirmen que el veto parental estaba en su programa desde hace quince años, pese a que no lo han aplicado nunca, no sirve como excusa para ver al PP correr detrás de la liebre que ha soltado Vox.
Y las mismas contradicciones aparecen en Ciudadanos en aquellas comunidades en las que gobierna gracia al apoyo externo de Vox, que es quien impone los criterios para aprobar los presupuestos. El centrismo liberal y progresista, que será su nueva definición, casa mal con la sumisión a Vox. A este paso el proyecto de España Suma que lanzó el PP se va a articular bajo el liderazgo de la ultraderecha.