Luis Rodríguez Ramos, uno de los abogados de la defensa de los acusados por las altas prejubilaciones en Caja Segovia, para quienes han pedido la libre absolución, ha señalado en la última sesión de hoy que la difamación hacia sus clientes, en este caso el exdirector general Manuel escribano y el exsecretario general, Antonio Tapias, "ha sido muy completa, hasta el punto de que se puede hablar de una muerte civil". Ha insistido en que "han sido sometidos a torturas" en estos siete años que ha durado el proceso y se ha referido a una oda de Fray Luis de León cuando abandonó la cárcel: "Aquí la envidia y mentira/me tuvieron encerrado".
Mientras que el abogado de la exvicepresidenta del consejo Elena García Gil, Jesús Tovar, ha contradicho a la fiscal cuando dió a entender que no había ilegalidad pero podría haberse producido una amoralidad, señalando que "el mercado es el que forma la moralidad", la defensa del expresidente, Atilano Soto y del exvicepresidente Manuel Agudíez, Joaquín Rodríguez, ha justificado la petición de las costas para las acusaciones de la Fundación Caja Segovia e IU argumentando que "han sido perversas porque se parte del hecho de que estamos ante un delito de [apropiaciópn de una cantidad] y no se han visto análisis rigurosos para demostrar que ha habido delito". Rodríguez Ramos ha hablado del papel al que se limitaba Tapias, a levantar actas, además de aclarar que ninguno de los miembros del consejo de administración acusados ha cobrado prejubilaciones. Para Fernando Polo, abogado del exdirector de Recursos Humanos, Enrique Quintanilla, "no se ha acreditado ninguna detracción de cantidad por su cliente] que se le hubiera confiado con el fin de devolverlo posteriormente". Se ha preguntado si después de 34 años como empleado de la entidad, su cliente no tiene ningún derecho a percibir una jubilación. Alguna de las defensas ha reprochado que, a través de decisiones judiciales de la Audiencia Provinicial, se haya llegado hasta esta vista.
Ninguno de los acusados ha querido intervenir en su turno de palabra, quedando visto para sentencia en torno a las 13,45 horas.
A la salida, Rodríguez Ramos ha dicho a los periodistas que "no hay absolutamente ninguna ilegalidad en ninguno de los gestores ni mucho menos injusticia penal ha sido una consecuencia del populismo que invade a los partidos políticos". El abogado de IU, Alberto López Villa ha continuado manteniendo la teoría de caja Segovia recibió ayudas públicas "por malas prácticas bancarias, no hubo buena gestión ni buenos resultados y los beneficios estaban basados en una sobrevaloración de activos inmobiliarios".