Naturalmente, no escribo como portavoz de lo que dice el PP. Ni ERC, ni Bildu, ni Podemos. Ni siquiera de esos socialistas que, en voz muy baja, también opinan que sería lo más conveniente. Pero sí creo que me incluyo en un elevado porcentaje de ciudadanos que creen que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debe dimitir cuanto antes. Incluso antes de su inevitable comparecencia parlamentaria. No por haberse equivocado algunas veces. No por haber olvidado algunos de los principios que defendió cuando era un magistrado ejemplar. Pero ha mentido, según parece deducirse de no pocos testimonios y averiguaciones, incluso de diputados españoles y de incontestables pruebas de medios internacionales. Y la mentira debe sancionarse al menos con la pérdida del cargo público de quien falta a la verdad. Sobre todo en tema tan trascendente y doloroso como los derechos humanos.

Creo que aquellos vergonzosos sucesos del pasado mes de junio, cuando al menos veintitrés inmigrantes que trataban de entrar ilegalmente en Melilla desde Marruecos perdieron la vida (todo indica que fueron bastantes más de lo que decía versión oficial) merecen explicarse con la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y, sin querer entrar en detalles que ahora desconocemos, pienso que el responsable de Interior, es decir, Grande-Marlaska, no dijo la verdad ni acerca de cómo actuaron las fuerzas de seguridad (no solo las marroquíes), ni donde se produjeron algunos de los fallecimientos, ni sobre cuánto de brutal fue el trato que los inmigrantes recibieron.

Lo peor es que el propio Pedro Sánchez ha respaldado la veracidad de lo que su ministro decía, e incluso llegó a ensalzar la actuación de las fuerzas policiales marroquíes, algo que contradice la más mínima realidad. Y las buenas relaciones con Rabat no pueden sustanciarse en la inveracidad ni en la aprobación de conductas reprobables. Creo que Sánchez debe reparar sus errores en lo tocante a la cartera de Interior con una inmediata sustitución del responsable de la cartera. Y, de paso, aprovechar para hacer una remodelación de su Gobierno, ya sea con el pretexto de que algunos ministros concurrirán a las elecciones municipales o autonómicas o, mejor, sin pretexto alguno: el Gobierno, en su conjunto, está funcionando deficientemente y la presencia de las dos ministras 'podemitas' (hablo de Irene Montero y de Ione Bellarra, no de Yolanda Díaz, cada día más distanciada de Podemos) no contribuye a mejorar la evaluación global de la trayectoria del Ejecutivo.

Contra lo que dijo hace no mucho, Sánchez no podrá concluir la Legislatura con este elenco gubernamental intacto. Entre otras cosas, porque un Gobierno democrático tiene que dar la sensación a la ciudadanía de que está diciendo siempre la verdad. Ya sea en el sonrojante caso de la frontera de Melilla o en el no menos pringoso de las escuchas de Pegasus, acerca de las que el día menos pensado el Gobierno recibirá un varapalo judicial y los españoles nos sorprenderemos con una actuación claramente ilegal.

"Queremos un Gobierno que no nos mienta", clamaba el inolvidable Rubalcaba en aquel luctuoso marzo de 2004. Pedro Sánchez ha de retomar para sí mismo esta exigencia, caiga quien caiga. Y el primero en caer, ya digo, habría de ser Grande-Marlaska, que ya acumula demasiados fallos en su trayecto ministerial. Y me temo que alguna mentira.

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