Castilla y León aumentó cuatro puestos en materia de privatización sanitaria entre las comunidades autónomas respecto a 2020, justo en el periodo que ha correspondido con la pandemia de la covid-19, según el VIII Informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública analizado por la agencia Ical.

El de la Comunidad es uno de los movimientos más llamativos en cuanto a mayor privatización entre los dos últimos informes. Junto a Castilla y León se encuentra Aragón, que se elevó en siete puestos; Murcia, con seis posiciones más en el ranking, y Valencia y Andalucía (esta ultima hace dos años había incrementado ya siete puestos). A continuación, Extremadura dos posiciones y Galicia , una.

Los datos de Castilla y León contrastan, más si cabe cuando hace dos años había disminuido su dependencia privada en siete posiciones respecto al anterior informe de 2014.
Así, la FADSP establece un promedio de 20 puntos para la Comunidad, tras el análisis de los diferentes criterios, justo en la media nacional (20,52), sobre un máximo de 37 posibles. En este sentido, con un elevado grado de privatización se encuentran Madrid (31), Cataluña (29), Baleares (25) y Canarias (25), mientras que con bajo grado están Extremadura (13), Castilla-La Mancha (12) y Cantabria (11).

Por otro lado, el 4,53 por ciento de la población está cubierta por mutualidades de funcionarios, frente al 3,83 por ciento de media nacional. Además, el gasto en seguros privados per cápita fue de 137 euros al año, 20 menos que en España, mientras que el 2,7 por ciento del gasto sanitario de Castilla y León se dedicó a contratar con centros privados, un porcentaje cuatro puntos inferior a la media.

Finalmente, en Castilla y León el 3,9 por ciento de las camas hospitalarias son de carácter privado (5,87 por ciento en España); mientras que el 31 por ciento del equipamiento de alta tecnología se encuentra en hospitales privados, cinco puntos por debajo de la media nacional, es decir, que Sacyl cuenta con mayor número de esta aparatología.