Cada día a las ocho de la tarde, miles de españoles salen a sus ventanas y terrazas para rendir un homenaje, en forma de ovación, a los grandes héroes de esta crisis: los profesionales de la salud. Es el mínimo y espontáneo reconocimiento de la ciudadanía a quienes son la primera línea de defensa contra el coronavirus, que ya ha contagiado a 5.400 sanitarios. Unos héroes que siguen luchando, a pesar de su hartazgo por la falta de material de seguridad (batas impermeables, mascarillas FPP2 y FPP3, gafas de protección y contenedores de grandes residuos, principalmente). Ha llegado a tal punto la desesperación que ayer pusieron el tema en manos de la Justicia.

 La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo en la que solicita que, «dada la situación de emergencia sanitaria» por el COVID-19, requiera al Ministerio de Sanidad la distribución, «con carácter urgente e inmediato, de material de protección entre el personal sanitario de todos los centros asistenciales públicos o privados.

En el texto de la denuncia, el sindicato manifiesta que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del propio Departamento de Salvador Illa «son claras» sobre la necesidad de proveer a los profesionales sanitarios de medidas y elementos para que puedan realizar su trabajo de forma segura. «La urgencia hace necesario que en estos momentos se busquen todos los medios posibles para que los trabajadores sanitarios no se conviertan en un vector más de riesgo, de ahí que exijamos al juez que obligue al Ministerio a actuar en consecuencia», remarcan.

Moncloa lo admite a medias

Los 5.400 contagios entre profesionales de la salud, 2.000 de ellos en apenas 48 horas, ya que el domingo se situaban en 3.476, dejó sin margen al Gobierno, obligado a reconocer -con ciertas reticencias- que la escasez de equipos de protección individual puede ser una de las causas de que España tenga una alta tasa de positivos por coronavirus entre sus sanitarios

En este sentido, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, reconoció que el acceso a los EPI «ha sufrido algunos momentos críticos en la capacidad de aportarlos», aunque aclaró  que, a nivel general, la distribución de los equipos está resultando suficiente». Así, explicó que la escasez que denuncian los profesionales han sido «casos puntuales» que tienen que ver con la «disponibilidad global» de estos productos y no con la gestión del Gobierno.