Nunca ha sido fácil desligar las disputas políticas PP-PSOE en la Diputación de las que libran en el Ayuntamiento de Segovia, y menos de un año a esta parte. Sobre todo desde que los populares denunciaron irregularidades de contratación en la Concejalía de Cultura y los socialistas replicaron vertiendo sospechas de ilegalidad, en este caso no demostradas al no llevarlas al juzgado, sobre la decisión del PP de otorgar funciones de director del Teatro Juan Bravo a Marco Antonio Costa, al frente de este espacio desde 2011 y concejal popular en la capital desde 2019. El último episodio de vidas políticas relativamente paralelas se inició hace dos meses, cuando el Grupo Municipal Popular hizo público que el Ayuntamiento había concedido al PSOE la exención del pago del IBI por su sede. Los socialistas replicaron de inmediato al acusar al portavoz municipal popular, Pablo Pérez, de uso indebido de la tarjeta de aparcamiento, pero el asunto que han desvelado esta semana en la Diputación supone el nudo mayor de este último episodio: el Grupo Provincial Socialista hizo público el pasado lunes que la Diputación había concedido una ayuda al diputado popular César Buquerín, dentro de una convocatoria lanzada para el sector turístico; añadió que el también diputado popular José María Bravo la había solicitado, aunque se le desestimó. En ambos casos por dos de sus negocios privados, el Hotel Ayllón y el Hotel-Restaurante Molino Grande del Duratón. 

La primera gran diferencia entre las últimas acusaciones de unos y otros está en que la exención del IBI a la sede socialista era legal y el debate se limitó al tema moral, mientras la concesión de ayuda a un diputado es ilegal. Las similitudes, en todo caso, se centran en la gestión política, estrategias y reacciones.

En la polémica de hace mes y medio, el secretario provincial del PSOE, José Luis Aceves, defendió que solicitaron la exención porque tenían derecho a ella, pero que pensaban renunciar por «compromiso social».Una pirueta difícil, ya que bastaba con no pedir la exención para no tener que renunciar a ella, y habrían podido lanzar el mismo mensaje de compromiso; pero así es como dijo que habían hecho «siempre». Posteriormente, el 6 de octubre, enseñó pagos de IBI de años pasados y el documento que demostraba que había solicitado seguir pagando. La cursó, eso sí, por registro electrónico a las 19.07 horas del 23 de septiembre, ocho horas después de las acusaciones del Grupo Municipal Popular, dejando abierta la puerta de la sospecha a la opinión de cada cual sobre si hubo relación causa efecto entre un hecho y otro, extremo que el PSOE niega al asegurar que tenía previsto hacerlo igualmente.

En cuanto a la polémica emergente en la Diputación, el PP salió al paso de las acusaciones del Grupo Socialista el mismo lunes. La diputada de Prodestur, Magdalena Rodríguez, acompañada por Bravo, mostró el documento por el que Buquerín renunciaba a la ayuda, que se le habría concedido «por un error técnico». Pero la cursó con entrada en registro electrónico a las 13.26 del lunes, tres horas después de las acusaciones del PSOE. 

Los populares sí admiten relación entre la denuncia pública y la renuncia, pero sin atribuirla a la polémica, sino a que Buquerín asegura que no conoció hasta entonces su participación en tal convocatoria. Bravo dijo que se enteró días antes, cuando la petición por su negocio se desestimó por incompatible, y ambos apuntan a iniciativas de sus respectivas gestorías sin su conocimiento: «Solicitan todas las ayudas que parten de las administraciones públicas y en esta época de crisis ha habido cientos», argumentó Bravo. Buquerín no estuvo en la rueda y El Día intentó sin éxito recabar sus declaraciones a lo largo de la semana.

DUDAS DEL PSOE. Desde el Grupo Socialista se pone en duda tal desconocimiento cuando el asunto pasó por Junta de Gobierno el 13 de octubre con la firma del presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente. El Grupo Popular, sin embargo, alega que aquel día sólo se dio cuenta de la resolución de la convocatoria, sin analizar el listado de más de 100 empresas beneficiarias, dado que esa labor de revisión y aprobación ya la había hecho el organismo responsable de la convocatoria, Prodestur, al que achaca el «error técnico». Asimismo, advierte que pudo contribuir al despiste que no figurase Hotel Ayllón como beneficiario de la ayuda, sino su denominación social, Copagu SL, más difícil de relacionar con Buquerín. Y en cuanto al papel de las gestorías, sostiene que pudieron ignorar el vínculo de Prodestur con la Diputación, y por tanto la incompatibilidad entre tales ayudas y los cargos de sus clientes.

El importe de la ayuda que se concedió a Buquerín, por cierto, asciende a 1.340 euros, cantidad que cuesta creer que pudiera motivarle a jugarse su imagen y la de su partido. Pero el desgaste político es serio, independientemente de que hubiera o no intención de lucrarse. 

Por ahí discurre el nuevo episodio de esta singular temporada de pulsos legales y morales que empezó a «dedazos», por los que denunciaron los populares en la Concejalía de Cultura, hasta obtener dos sentencias contrarias al Consistorio que llevaron a dimitir a Gina Aguiar como concejala en julio. Las sospechas del PSOE sobre la modificación contractual de Marco Costa al frente del Teatro Juan Bravo se quedaron en eso, sospechas, por no haber llegado al juzgado, pero la ayuda a Buquerín sí era manifiestamente ilegal; y aunque el PP ha corregido sin mediar demanda judicial, el PSOE no admite la justificación del «error técnico». Igual que al PP tampoco le bastó ese mismo argumento por parte de los socialistas respecto a las irregularidades de la Concejalía de Cultura, aunque ahí la dimisión no fue precisamente por complacer al PP, sino porque el PSOE gobierna en minoría y le presionó hasta su socio de gobierno (IU), mientras en la Diputación el PP tiene mayoría absoluta. 

Lo cierto es que, en el fondo, casi todos perciben en todas estas polémicas más torpeza o dejadez que un hipotético afán de lucro al margen de la ley, pero ni populares ni socialistas asumen donde son Gobierno los niveles de responsabilidad que exigen donde son oposición.