Una vez constituido el nuevo Gobierno (los ministros toman posesión este lunes), cuando el foco deje de apuntar exclusivamente al conflicto catalán, aunque este siga marcando la agenda política, debería empezar a sonar con más fuerza la batería de medidas del acuerdo alcanzado por el PSOE con Unidas Podemos. Un documento ambicioso en las formas o las intenciones, independientemente de que éstas se consideren positivas o no, pero aún ambiguo en el fondo. Está por verse cómo se articula cada una de estas iniciativas y los tiempos que se marcan para su desarrollo, sobre todo por las que requieran plazos largos, tratándose de una legislatura envuelta en incertidumbre. Compleja precisamente por la fragilidad del apoyo catalán, hoy sostenido por un compromiso de diálogo con desenlace incierto que amenaza con conducir al país hacia otro ciclo corto, tras haber pasado además una travesía de 254 días en funciones. 

Pero dentro de las medidas del acuerdo PSOE-UP, en cualquier caso, más allá de las que afectan a todos los españoles en general, como las relativas a la subida del salario mínimo interprofesional, pensiones, la derogación total de la ley de seguridad ciudadana, la parcial de la reforma laboral o cambios en política fiscal, las hay que pueden tener una repercusión directa sobre Segovia. Sobre todo, por la intención del Gobierno de sacar de Madrid sedes de instituciones y organismos, ya que el Ayuntamiento cuenta con ofrecer la ciudad como destino.

Tal aspiración ha de tomarse por ahora con todas las reservas. Una mera declaración de intenciones por parte de la alcaldesa, Clara Luquero, tras ser preguntada por El Día, frente a la ya citada declaración de intenciones que también representa el acuerdo PSOE-UP, pero ahí está la apuesta. Puede quedar en nada, pero también ser el inicio de algo importante para Segovia a nivel económico, laboral, administrativo... Para despejar la incógnita, toca esperar a que el Gobierno concrete un planteamiento del que sólo ha trascendido el enunciado del acuerdo: «Para afrontar el reto demográfico, una de las medidas que impulsaremos será la desconcentración institucional del Estado, trasladando total o parcialmente diversas instituciones y organismos a distintas ciudades. Este proceso se hará en diálogo y consenso con las comunidades autónomas y ayuntamientos interesados». Se concibe así la iniciativa como un modo de paliar los problemas de la España vaciada, aunque hay quienes vinculan el plan de «desconcentración institucional» al conflicto catalán. 

¿Y qué opina Luquero al respecto? «Yo encantada, lo llevo pidiendo mucho tiempo y desde luego que sí estaríamos interesados», responde.«Me parece un planteamiento sensato, lógico y en mi caso esperado que el Gobierno lleve a cabo esa apuesta y no solamente por trasladar organismos oficiales, sino también otras entidades e infraestructuras que se pudieran instalar en las zonas que más despoblación sufren.

La alcaldesa valora que «una sede administrativa nueva supone mover funcionarios, fijar población o contribuir a fijarla, y sin duda es desarrollo económico». «En el peor de los casos son funcionarios que vienen y van, pero pasan parte de la jornada aquí y por lo tanto consumen en la ciudad, generan economía... Lo mejor sería desde luego que, con el tiempo, esos funcionarios pudieran afincarse en nuestra ciudad, y así se contribuiría de manera más efectiva a fijar población, pero me parece una medida muy sensata y en mi caso esperada», reitera.

Oficinas comarcales. El Gobierno también prevé «crear oficinas de despoblación en al menos 20 comarcas rurales que requieran una intervención urgente».«Su función será acompañar a las personas o empresas que quieran instalarse en la zona, facilitándoles todos los contactos y la mediación en el proceso», e «impulsar espacios de innovación rural, así como el emprendimiento, formación y asistencia para la mujer en el medio rural». Claro que en este caso también está por medirse el calibre de tal apuesta, si se trata de poner un despacho a un empleado en un pueblo o si se piensa en algo de más calado, aparte de que aún está por verse cuáles son las 20 comarcas rurales del país que se eligen para empezar.

Como señala el diputado del PSOE por la provincia, José Luis Aceves, «Segovia tiene tres agujeros demográficos:uno el Nordeste, que es quizá el más llamativo; otro en el partido judicial de Santa María la Real de Nieva; y el otro, en el partido judicial de Cuéllar, en la zona norte, Sacramenia, etcétera», enumera. ¿Y acogería entonces Segovia una de las nuevas oficinas en alguna de estas zonas? Aceves responde con cautela: «Pedro Sánchez ya dijo que el reto demográfico sería uno de los temas estrella de la legislatura y en una visita a Segovia lo recordó, pero primero hay que ver la estructura del Gobierno, y luego tiene que desarrollarse esta medida. ¿Que nos puede beneficiar de forma directa? Sí, pero también hay otras zonas muy despobladas en Zamora, León, Soria...», señala. Los tres ejemplos que cita coincide que son de Castilla y León, cuando es probable que el Gobierno no proyecte más de una o dos oficinas de despoblación en esta Comunidad, teniendo en cuenta que en el acuerdo habla de 20 en total para el conjunto de España, al menos de inicio. Así que por ahora toca esperar, aunque la intención de Segovia de postularse como sede de instituciones y órganos del Estado ya está sobre la mesa.