En un mismo día se han abordado tres de los problemas más importantes que tiene el país, contar con unas cuentas públicas para 2023 para hacer frente a las consecuencias de las sucesivas crisis que se han vivido a lo largo de la presente legislatura, se ha iniciado la tramitación de los impuestos especiales y temporales para las empresas que se enriquecen con los beneficios caídos del cielo, que no tienen nada que ver con la excelencia de su gestión, y se ha dado vía libre a la supresión del delito de sedición que, según unos contribuirá a normalizar la convivencia en Cataluña á y según otros supondrá un paso más en el desarme del Estado ante quienes volverán a intentar la secesión. 

Entre medias de estos tres debates se han cruzado los insultos hacia la ministra de Igualdad, Irene Montero, iniciados y reiterados por los diputados de Vox, que denigran la actividad política y muestran una forma de entenderla cainita, en una espiral que es preciso parar para que nadie se sienta avergonzado de sus representantes. Bajo la cobertura de una libertad de expresión omnimoda amparada por la tribuna del Congreso, los diputados de Vox han ejercido la violencia verbal más que la crítica política. Todos, excepto Vox están de acuerdo en que es preciso acabar con los insultos, pero no parece que la tranquilidad y la sensatez vayan a volver a la Cámara. La tensión, las palabras gruesas, la brocha gorda es la forma de intervenir de aquellos que prefieren la política visceral a la racional, la de aquellos que consideran que la guerra cultural es lo que satisface a sus votantes y solo piensan en fidelizarlos a base de argumentos que rayan en el odio a quien no comparte sus postulados. Y de sus invectivas no se libran ¨los tibios¨, como denominan a los dirigentes del PP. La intervención del diputado de Vox, Víctor Sánchez Del Real fue un alegato guerracivilista, además de desorientado y falso, como pocos se han escuchado en el Congreso.  

El debate presupuestario tiene siempre dos partes, la económica en la que se contraponen optimismo gubernamental y las admoniciones sobre su fracaso de la oposición, un debate cuyas consecuencias tardan un año en comprobarse y del que ni gobierno ni oposición ven cumplidas de forma completa sus expectativas o sus temores. La parte política de los PGE es la que lleva a su aprobación con las cesiones que las acompañan para completar la mayoría necesaria para su aprobación y que pasa por el pacto con nacionalistas e independentistas. Es la consecuencia del fraccionamiento del Parlamento. Y en efecto, se trata de la ley más importante del año, no solo porque da visibilidad a las prioridades políticas del Ejecutivo a través de su financiación, sino por sus condicionamientos políticos, entre los que se incluyen, en esta ocasión, los cumplimientos de los estatutos de autonomía, como en el caso de la cesión del control del tráfico a Navarra en detrimento de la Guardia Civil, o la supresión del delito de sedición para lograr el apoyo de ERC.  Pero ni la Guardia Civil va a ser expulsada de Navarra ni el Estado va a quedar indefenso ante quienes promuevan un nuevo intento de independencia.