El pleno ordinario del Ayuntamiento de Segovia aprobó este viernes las tres mociones presentadas por los grupos municipales, dos de las cuales, de Podemos y Ciudadanos, coincidían en solicitar al Gobierno central y la Junta la ubicación de sedes u otros organismos públicos en Segovia. 

Por un lado se aprobó, con las abstenciones del PP y Cs, la moción presentada por el grupo Podemos-Equo, en la que se solicita al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León la ubicación de organismos y empresas públicas en Segovia. El portavoz de la formación morada, Guillermo San Juan, ha explicado que con ello se busca la descentralización de organismos públicos más allá de Madrid o Valladolid y que Segovia tenga un impacto social y económico positivo asociado a esta ubicación además de garantizar puestos de trabajo, fijar población, crear riqueza y oportunidades. En esta moción se aceptó la enmienda presentada por el equipo de Gobierno en la que se pedía el apoyo de las administraciones locales, el respaldo de los pasos que el gobierno municipal ya ha realizado y un consenso de los grupos políticos.

En esta línea se aprobó por unanimidad la moción de Ciudadanos, en la que la formación naranja insta al Ayuntamiento a solicitar formalmente albergar un organismo estatal para fomentar la reactivación y recuperación económica de Segovia.

La segunda de las mociones, la de Cs, se aprobó por unanimidad para que el Ayuntamiento solicite formalmente albergar un organismo estatal para fomentar la reactivación y recuperación económica de Segovia. La portavoz de la formación, Noemí Otero, consideró "urgente que el equipo de gobierno luche, de una vez por todas, por el futuro de los segovianos".

Finalmente, Otero añadió a la propuesta de acuerdo el trasladar una solicitud a la Junta para albergar en la ciudad un organismo autonómico porque buscan "reivindicar y pensar sólo en Segovia".

Por último, el Grupo Popular presentó una moción, también aprobada por unanimidad, para "hacer más caso a la labor de uno de los cauces más importantes de participación ciudadana, la Defensoría de la ciudadanía.

Así, pidieron establecer un plazo máximo de respuesta de tres meses y la tramitación de los expedientes abiertos. Azucena Suárez, quien ha defendido la moción, ha señalado que los ciudadanos transmiten las quejas a este organismo pero que el equipo de gobierno "lo tiene atascado".

El concejal de Participación Ciudadana, Andrés Torquemada, ha incluido una enmienda en la que señala que el plazo máximo de respuesta será de tres meses siempre que las características de los expedientes lo permitan, a lo que Suárez ha añadido que se tiene que dar cuenta de los motivos por los que se retrasa.

ORDEN DEL DÍA. En el orden del día se aprobaron por unanimidad tres puntos. En primer lugar, la creación de un convenio de colaboración con la Asociación de Vecinos Justo y Pastor del Salvador, al que se destinarán 10.000 euros para los gastos de alquiler y mantenimiento de un local.

En segundo lugar, la declaración de especial interés o utilidad municipal de las obras para la rehabilitación del Teatro Cervantes, con el objetivo de que se conceda la bonificación del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras solicitada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, quien va a realizar la obra.

Asimismo, se aprobó el expediente de reconocimiento extrajudicial de un crédito de 1.650 euros destinados a las facturas de los años 2018 y 2019 de la Federación de Judo.

Con la abstención de PP y Cs se dio luz verde a las tarifas del servicios de autotaxi para 2022 y la aprobación del Convenio Urbanístico para, según ha señalado la concejala de Urbanismo, Clara Martín, "dar solución a una problemática existente en el entorno de José Zorrilla y la calle Ortiz de Paz" y que, concretamente, resuelve la situación de fuera de ordenación de un edificio situado en el interior de la manzana sin salida a la vía pública. Así, se plantea una modificación para ampliar la calle hasta llegar al edificio.

Por último, con la abstención de PP, Cs y Podemos se aprobó un reconocimiento extrajudicial de crédito que, según ha señalado el portavoz del equipo de gobierno, Jesús García Zamora, para "poder hacer frente a obligaciones que no se han podido pagar en los ejercicios presupuestarios".

En otras informaciones al pleno, concretamente en la dación de cuenta de la remisión al Ministerio de Hacienda del periodo medio de pago a proveedores correspondiente al mes de septiembre de 2021, el viceportavoz del PP, Marco Sandulli, ha señalado que "en el informe existe una ilegalidad, que es el incumplimiento del periodo medio de pago a proveedores, ya que el periodo medio del pago del Ayuntamiento asciende e 35,33 días".

Por su parte, Zamora señaló que la intervención "es exagerada" y que las facturas son de grandes empresas que prestan "grandes servicios" y que por consecuencia tienen "un cierto retraso".