Cuando el PSOE inició su etapa al frente del Ayuntamiento en junio de 2003 se encontró sin unos presupuestos específicos de ese año para arrancar y, en un intervalo de apenas seis meses, tuvo que diseñar dos, los de ese ejercicio y los de 2004. Pero no le ocurrirá lo mismo al siguiente equipo de Gobierno, el que resulte de las elecciones del 26 de mayo, ya sea socialista o de cualquier otro color político. Podrá improvisar modificaciones presupuestarias para reajustar el rumbo si lo estima conveniente, pero además podrá hacerlo sobre unas cuentas que ya estarán vigentes, lo cual evitará ralentizar más la actividad municipal.
De hecho, será el siguiente equipo de Gobierno el que más se beneficie de los presupuestos de 2019, ya que su aprobación inicial tendrá lugar en un pleno extraordinario el próximo lunes, pero su entrada en vigor (tras el preceptivo periodo de exposición pública y estudio de alegaciones si las hay) no se producirá hasta bien entrado abril como poco. Sin margen apenas para la toma de decisiones y ejecución de gastos antes de la cita con las urnas.
Las cuentas se aprobarán gracias a la abstención de Cs por el acuerdo que alcanzó semanas atrás con el PSOE, que aceptó la propuesta de la formación naranja de elevar de 600.000 euros a un millón la partida para financiar los proyectos más votados por los ciudadanos en los presupuestos participativos. De ahí que se haya podido incluir en las cuentas el proyecto de un ascensor para conectar San Millán con el paseo del Salón, al estilo del que ya se había previsto para salvar el desnivel entre la calle Gascos y Vía Roma.
Tabla de inversiones incluidas en el presupuesto del Ayuntamiento para 2019La alcaldesa, Clara Luquero, presentó este jueves los presupuestos de 2019 junto con el concejal de Hacienda, Jesús García Zamora, y sus primeras y últimas palabras en la comparecencia fueron precisamente de «agradecimiento a Ciudadanos por facilitar la aprobación».
El Ayuntamiento dispondrá en total de 65.277.922,60 euros, 1,8 millones (+2,84%) por encima de los 63.474.719 de 2018, principalmente, porque este año se cuenta con cobrar las cantidades no pagadas por el impuesto de plusvalías de 2017 y 2018. Tal y como recordó García Zamora, son derechos de cobro que quedaron pendientes «porque en aquel momento no era pacífico el giro de los recibos», al estar «judicializados». «Y una vez que conocemos la sentencia, que sí nos permite cobrar plusvalías y no las minusvalías, esto conlleva que tenemos un incremento de ingresos de aproximadamente dos millones».
Respecto a los gastos, el cambio más destacado está en el capítulo de inversiones, que pasa de 2,9 a 4,6 millones (+58,6%) en lo que se refiere a proyectos que incidirán de forma directa sobre los ciudadanos. Sobre el papel puede parecer lo contrario, que las inversiones se reducen porque su montante global baja en medio millón al pasar de 5.948.505 a 5.448.072 euros, pero, como apuntó García Zamora, «la calidad no es la misma». Básicamente, porque en 2018 se contabilizaron en este capítulo tres millones de euros parar hacer frente a los plazos de pago de ese año de las sentencias judiciales que corrigieron al alza los precios de expropiación de los terrenos adquiridos en su día para el parking de Padre Claret y el futuro instituto de San Lorenzo; y ahora, en 2019 esa partida se reduce a 769.991,14 euros, de ahí que 4,6 millones se puedan destinar a inversiones ajenas a pagos de sentencias, frente a los 2,9 de 2018.
No obstante, a esos 769.991,14 euros se suman alrededor de 1,2 millones que figuran en otro capítulo del presupuesto, el de gastos financieros, por el concepto de intereses de demora generados por estos mismos pagos de expropiaciones. En total serán por tanto dos millones los que se abonen por tales sentencias, y todavía quedará otro millón pendiente que, en principio, se podría presupuestar en las cuentas de 2020, pero la alcaldesa avanzó que estudia abonarlo este mismo año con cargo a remanentes de tesorería de 2018 (aún pendientes de que en abril o mayo se conozca a cuánto ascienden), lo cual libraría de ese compromiso al siguiente equipo de Gobierno. Otras incertidumbres legales quedarán para el futuro, caso de los precios de expropiación de terrenos del entorno del CAT o del litigio abierto con la exconcesionaria del parking de José Zorrilla por la indemnización que le corresponde por su rescisión de contrato; pero los terrenos de Padre Claret y San Lorenzo ya no darían más dolores de cabeza.
Por otro lado, la inversión más importante, la que se lleva también prácticamente la mitad de ese capítulo, es el polémico edificio CIDE del CAT, por los 2,49 millones que requiere para su finalización. Ese será el precio de poner fin a los años de calvario que empezaron con la quiebra de la constructora Volconsa (2013), que derivó en la pérdida de una ayuda estatal de más de 10 millones (9.711.300 euros de préstamo y 1.097.431 de subvención directa) por incumplir los plazos de ejecución, el quebranto económico que ello ha supuesto y la bronca política que siempre ha acompañado este proyecto. O dicho también de otra manera, la de la alcaldesa, esos 2,49 millones serán el precio de «invertir en el futuro de la ciudad», por las nueve empresas tecnológicas que se espera que se instalen en este edificio, «entre ellas Indra», y las que estén por venir, todas ligadas al sector de la nueva economía digital.
Del resto de inversiones, aparte de las de los ascensores y otras ya conocidas, destaca una partida de 200.000 euros para ‘pavimentación de obras públicas’ que, principalmente, se destinará a una actuación de pavimentación y ordenación del entorno de la iglesia de la Veracruz. Y entre las asignaturas pendientes, la urbanización de Daoiz, que se queda fuera un año más, tal y como avanzó El Día en su edición del 12 de enero; o la segunda fase de la avenida de la Constitución. Proyectos que seguirán a la espera de financiación aunque, probablemente, esa será una decisión del equipo de Gobierno que resulte de las elecciones del próximo 26 de mayo.