La Audiencia Provincial de Segovia ha condenado a 18 meses de prisión, a una multa de 12 meses a razón de diez euros diarios y a un año de inhabilitación para la gestión de residuos al dueño de un desguace de la provincia de Segovia por haber emitido a la atmósfera los gases de efecto invernadero generados por casi 5.000 vehículos que no descontaminó como era su responsabilidad. Según fuentes judiciales, es la primera sentencia de este tipo que un tribunal dicta en Segovia y se considera también pionera en España.
La Guardia Civil dio a conocer hace ahora justo dos años una investigación sobre 68 personas y 30 empresas por no reciclar de forma correcta los fluidos refrigerantes de los sistemas de aire acondicionado de los coches que gestionaban. Habrían emitido más de 76 millones de kilogramos de CO2 a la atmósfera, el equivalente a 800 millones de kilómetros recorridos por un vehículo, según una estimación. Unas emisiones que en función de su tipología y composición pueden ser perjudiciales y contribuir al calentamiento global.
Los principales gases empleados históricamente para la refigeración en automoción se pueden clasificar en los grupos gases CFCs, HFCs (entre los que se encuentran el R 134A) y HFO. Al finalizar la vida útil de los vehículos equipados con sistemas de aire acondicionado que emplean estos gases, los fluidos refrigerantes contenidos en el interior de sus circuitos deben ser recuperados y gestionados correctamente, según la legislación. Para ello, el titular del vehículo está obligado a entregar su automóvil a un gestor autorizado y obtener documentación que acredite que la gestión de los residuos se efectuará de forma adecuada.
El propietario del desguace condenado por sentencia en Segovia declaró cero kilos de 'gas R134a' en las memorias anuales que remitió a la Junta de Castilla y León entre 2012 y 2016. Cinco ejercicios en los que dejó sin descontaminar 4.815 vehículos, según el fallo judicial. Este concluye que no extrajo los fluidos del sistema de aire acondicionado, que incumplió la veracidad asimilada en los certificados de destrucción o certificado de tratamiento medioambiental, que permitió operaciones de preparación para la reutilización y comercialización de piezas y componentes de vehículos sin descontaminar y y que facilitó el traslado a instalaciones de fragmentación de vehículos que no estaban adecuadamente descontaminados.
En consecuencia, esa empresa emitió más de un millón de kilos de CO2 a la atmósfera. «Un peligro muy grave para la salud de las personas y el medio ambiente», ha subrayado la Fiscalía Provincial, que en un principio solicitaba seis años y medio de prisión para su titular. Finalmente las partes –entre las que se encontraba la Junta de Castilla y León también como acusación– alcanzaron un acuerdo antes del juicio -ratificado en la vista oral- para rebajar la pena de prisión a 18 meses de prisión, además de la multa y la inhabilitación durante un año para la gestión de recursos.
El acusado, que no entrará en prisión al aceptar la Audiencia Provincial la suspensión de su condena de cárcel, reconoció su culpabilidad como autor de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Con la atenuante de reparación del daño al haber hecho frente a la responsabilidad civil, rebajada de 24.008,41 euros a cerca de 7.000. El desguace que regenta se encuentra ubicado en la comarca de Sepúlveda.