Es difícil, por no decir imposible, asegurar que el plan de ahorro energético vaya a conseguir el objetivo de reducir en un siete por ciento el consumo. Ciertamente, subir el termostato del aire acondicionado y bajar el de la calefacción y apagar las luces de escaparates, fachadas de edificios públicos, incluso monumentos, permitirá ahorrar y eso tendrá una repercusión positiva en medio de una crisis internacional de suministro. La guerra de Ucrania repercute en toda Europa y, además, la solución va para largo. Aunque España no es uno de los países más afectados, tampoco está libre de repercusiones, de manera que toca arrimar el hombro y ejercer la responsabilidad. Con todo, lo que por ahora se puede afirmar respecto al recién estrenado plan de ahorro energético es que tendrá un largo recorrido político.
El principal partido de la oposición no va a recurrir de inmediato las medidas que, a su juicio, pueden incurrir en inconstitucionalidad, a la espera de que el presidente del Gobierno secunde su petición de modificar el decreto-ley. Sin embargo, respalda las iniciativas de comunidades autónomas, como la de Madrid, no solo en el sentido de apelar, sino incluso de incumplirlo, porque cree que están en su derecho si la norma invade sus competencias en materia energética y de gestión medioambiental.
El Ejecutivo, por su parte, afea al Partido Popular y a sus responsables autonómicos lo que denomina «negacionismo» y le opone la responsabilidad que están demostrando tener los sectores más directamente afectados, como es el caso del comercio. Señala que han entendido a la primera que con el plan no solo se conseguirá un ahorro energético importante a nivel de país y se frena, de alguna forma, la amenaza rusa de cortar el suministro de gas, sino que además bajarán sus propios gastos. Algo importante en tiempos de crisis económica, con los precios al alza y la inflación en niveles impensables hasta hace no mucho tiempo.
También pide el Gobierno central a Alberto Núñez Feijóo que ponga orden dentro del partido y reclame a sus cargos altura de miras para salvar una situación incómoda. Lo dice sobre todo por Madrid, que parece haber asumido el papel díscolo en este y en otros grandes temas, dado que ser la cara visible de España a todos los efectos, tiene una repercusión clara en el comportamiento y en las actitudes de otras comunidades y de otras capitales, pero también en cómo es visto el país en la UE. La última ha sido pedir más Policía Local para dar cumplimiento al decreto-ley de ahorro energético. Así las cosas, la polémica sigue su curso y el recorrido político se adivina largo y continuado en el tiempo.