A los presidentes de la Generalitat, Quim Torra, y del Parlamento, Roger Torrent, así como a los representantes políticos de JxCat, ERC y CUP habría que preguntarles qué parte de la máxima democrática que impera en un Estado de derecho no han entendido. Porque no es otra que el respeto y el cumplimiento de la ley y, de manera preferente y permanente, de la Constitución y del propio Estatuto catalán. Los independentistas se escudan de una forma torticera en la voluntad popular para mantener su desafío separatista y pactan una resolución en la que insisten de nuevo la autodeterminación, la unilateralidad y la proclamación de una república, engañando una vez más al pueblo catalán. Parecen haber entrado de nuevo en una espiral sin principio ni final y sin otro horizonte que la quimera de la independencia y parece no importarles nada, ni siquiera la convivencia, la seguridad y la economía de esa Cataluña a la que tanto pregonan amar y defender.
No les ha importado, de hecho, el aviso de los letrados de la Cámara autonómica en el sentido de que esa resolución suscrita por los tres grupos, si finalmente se aprueba -que es lo más probable- pueda incurrir en desobediencia al Tribunal Constitucional. Este ya instó al Parlament la semana pasada a evitar pronunciamientos que hayan sido ya suspendidos o anulados. Les trae al pairo las consecuencias que puedan derivarse de esa decisión, incluidas las repercusiones penales si las hubiera. Es más, el responsable de la institución avanza que asumirá las consecuencias, pero a buen seguro lo hace con la boca pequeña porque, de ser cierto que respeta la ley, no daría un paso adelante. Y en caso de darlo acataría las resoluciones y sentencias judiciales. Sin embargo, cuando se producen estas últimas y no son del gusto de Torrent, de Torra y del resto de los independentistas, la opción no es respetar, acatar y cumplirlas, sino permitir cuando no instigar enfrentamientos y disturbios violentos en las calles.
La ley y la democracia lo son con todas las consecuencias y si se presume de ser más demócrata que nadie por instalar unas urnas y celebrar un referéndum, hay que serlo del todo y asumir que una consulta ilegal conlleva sus riesgos y que no hay tal legitimidad cuando solo decide una parte y cuando lo que se decide no existe ni siquiera como posibilidad remota en el Estado de derecho en el que se vive. En España, como en cualquier otro país regido por la ley, los condenados han de cumplir las penas impuestas por los tribunales por sus delitos y no instigar a una supuesta desobediencia civil, que ha devenido en batallas campales y actos violentos. Se ha puesto en riesgo la seguridad de los ciudadanos y además han provocado una mayor fractura social.