El gran drama de la política de hoy es que el partidismo prevalece sobre el interés general. Se cuentan con los dedos de una mano los cargos públicos que tienen la valentía de entrar en batalla con los de su misma cuerda. E incluso de entre ellos habría que distinguir entre quienes alzan la voz por convicción o por interés; los segundos seguramente sean mayoría aunque pretendan jugar a parecer lo primero. En el PSOE sobresalen más cabezas de este tipo que en el PP, pero eso tampoco es nuevo. Hasta hace bien poco, en las filas populares estaba muy mal vista la discrepancia y se presumía de unidad, como si por el hecho de que no surgieran voces críticas hubiera que llegar a la conclusión de que todo en el PP era paz y amor. Todo eso ha cambiado y ya se parece más al PSOE en ese terreno. Ahora bien, aún deberá pasar bastante tiempo para que presidentes autonómicos del PP alcen la voz contra un presidente de España de su color con la relativa facilidad con la que lo hacen líderes autonómicos socialistas, bien sean de los de convicción o de interés.
Dos de los que suelen hacerlo por lo segundo tienen razón en el caso de la liquidación del IVA de 2017 a las comunidades autónomas y deberían hacérselo saber al secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca. No se trata tanto de dar el brazo a torcer ante el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como de defender que los 142 millones de euros que se le adeudan a la Comunidad están mejor en nuestras arcas que en las del Ministerio de Hacienda. Por cierto que pueda ser que en caso de haberse aprobado los presupuestos que Pedro Sánchez ese dinero ya estaría cobrado, no cabe como argumento de peso para cargar al PP la responsabilidad de que no lo esté por el hecho de haber votado en contra. No se puede llegar a tal reduccionismo en el debate sobre la idoneidad o no de unos presupuestos del Estado.
El ciudadano espera como agua de mayo empezar a ver políticos que no tengan hoy un discurso y mañana otro sobre las mismas cuestiones en función de quién gobierne en Madrid. Desea que haya coherencia, valor y predisposición a pelear por los intereses de aquellos a los que les pide el voto. Desconozco –y nunca lo sabré– si Page (Castilla-La Mancha) y Lambán (Aragón) se habrían alzado contra Susana Díaz en idéntica circunstancia, pero no tengo duda de que lo que debería hacer Tudanca es reconocer que esos 142 millones son de Castilla y León y hacer todo lo que esté a su alcance para recibirlos más pronto que tarde. Si no quiere denunciar al Gobierno por apropiación indebida –lo de la ministra de Hacienda es caso aparte– que no lo haga, pero al menos que sus palabras denoten intención de sumar. El firme control que debe ejercer al Gobierno de Mañueco nada tiene que ver con todo esto.