Las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) calculan que los agricultores y ganaderos segovianos dejaran de percibir cerca de un 10% menos de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2021-2027, aunque el Gobierno se encuentra satisfecho de la negociación llevada a cabo en el seno del Consejo Europeo y subraya que las cantidades se mantienen igual que las actuales (2014-2020), 47.682 euros en el conjunto de España, sumados el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

Mientras, aún queda mucho debate sobre el reparto, tanto en Europa como en el Parlamento español, para fijar conceptos como a quien se considera ‘agricultor genuino’,  antes definido como ‘a título principal’,  o que se prime la agricultura ecológica, la oposición del PPpide al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez que «siga trabajando, tienen nuestro apoyo para que no se pierda ni un euro en la PAC y conseguir que las perspectiva financieras no bajen en Europa», en opinión del senador por Segovia, Juan José Sanz Vitorio. 

Afalta del desarrollo, lo primero que se ha registrado ante el anuncio es una guerra de cifras y datos con un sector muy atento del que dependen en Segovia unos 3.800 agricultores y ganaderos, con un peso en el PIB provincial del 10,5 %. Además, desde 2014, la provincia ha perdido el 32,79 % de los beneficiarios de la PAC, al pasar de 8.634 solicitudes a 6.502.

Nos encontramos con un contraste que flutúa entre el optimismo del secretario provincial del PSOE y diputado, José Luis Aceves, que vaticina que «los agricultores segovianos van a acabar percibiendo más dinero que ahora» a la crítica del PP augurando que,  en caso de Segovia se perderían unos nueve millones de euros al año, según Sanz Vitorio, quien acusa al Gobierno de «hacerse trampas en el solitario porque ha sumado en sus cálculos una partida incluida en los fondos de reconstrucción Covid «que no tiene que ver con la PAC».  

 En medio de la pugna política el presidente de UCCL-Segovia, Juan Manuel Palomares, advierte que  «si de lo que se trata es de implementar una PAC cada vez más exigente a todos los niveles  para producir alimentos de calidad, como son hoy los de la UE, con diferencia los más seguros de todo el mundo, a costa de sacrificio de agricultores y ganaderos, tiene que haber nuevas partidas presupuestarias para afrontarlos».

 Asaja Castilla y León, en un comunicado –ya que el presidente de la organizacióin en Segovia, Guzmán Bayón no ha podido atender a ELDíApor razones de trabajo– ha trasladado su oposición «frontal» ante el recorte del 10% , «que provocará que el sector agrario en la Comunidad dejaría de percibir 104,3 millones de euros al año,  88,8 millones menos en ayudas directas y 15,5 menos para el programa de desarrollo rural. 

Más cauto ha sido el secretario general de UPA, Pedro Matarranz, quien mantiene que «se habla de una reducción entre el 7 y el 9%  pero no se sabe muy bien todavía porque luego estaríamos condicionados al  nuevo escenario que se genera con el ‘agricultor genuino’ o la agricultura ecológica, van a influir  muchos factores, estamos en una nube que no sabemos por dónde se va a mover».

Sanz Vitorio advierte que «todo depende de las perspectivas financieras, de lo que se consiga en cuanto al presupuesto general de la UE , por lo que le decimos al Gobierno que se pongan las pilas y que se asegure de que lo que apruebe el Parlamento para el periodo 2021-2027 no sea el 10% que se ha rebajado, que hay que trabajar para que no se pierda ni un euro, si es así tendrán nuestro apoyo».

Tras matizar que el fondo Covid «es irrisorio» a la hora de calcular la cifra total de la PAC, José Luis Aceves aclara que «ni en las mejores expectativas se podía pensar que en el futuro horizonte España mantuviera los fondos de la PAC; cuando llegó Sánchez a La Moncloa, la negociación en Europa estaba en cifras ínfimas, con respecto a lo que se ha llegado, es un éxito de negociación, con la salida del Reino Unido, era imposible pensar que fuera así».  El dirigente socialista opina que «la trampa de las cifras» viene porque «el PP y Asaja meten un condicionante que es un 2% de carestía de la vida cada año -un 12% en seis años–,  cuando nadie tiene capacidad para conocer ahora lo que va a ocurrir» .

Aceves asegura que «lo importante de la letra pequeña viene ahora, España tiene un año por delante para relatar la figura del ‘agricultor genuino’ y que quien tenga su explotación y trabaje en el medio rural sea el mayor beneficiado, puede ser un hito histórico, pero se necesita que rememos todos en la misma dirección», matiza. 

UCCL, en opinión de Palomares, advierte que «si hay menos presupuesto tiene que haber una intención política clarísima de hacer un mejor reparto de las ayudas de la PAC,  que quienes viven de su actividad puedan aumentar su nivel de ayudas reduciéndoselo a las mayores explotaciones de empresas millonarias que no les sirve para complementar su renta sino para aumentar su fortuna». 

También, esta organización que forma parte de Unión de Uniones, en línea con reivindicaciones antiguas, defiende que, «en un escenario donde las ayudas están reduciéndose, queremos otro donde los los precios vayan incrementándose para poder mantener una renta digna, eso tiene que hacerse vía precios, para lo que tiene que haber medidas para  mejorar la cadena de valor». 

En Esa línea, Asaja de Castilla yLeón afirma que «ha sido un golpe muy difícil de sortear para muchas explotaciones de Castilla y León, de cultivos de secano y con escasísimo valor añadido, para las que las ayudas son un salvavidas indispensable y sin alternativas». 

Sanz Vitorio, en consonancia con las OPAS aprecia otro problema: «Además de llegar menos fondos para la PAC, las exigencias de la ‘Agenda verde’ o ecológica serían mayores, lo cual obligaría a tener menos fondos y realizar mayores inversiones». 

 Para Aceves, «el PP no está para dar lecciones, en la crisis dura 2013-2015, utilizó una cuestión perversa al aplicar, a mitad del partido, un recorte de forma lineal a todos los agricultores y ganaderos que supuso el 8,64% de descenso, en vez de hacerlo dependiendo del volúmen de producción». 

Palomares aboga por sentarse con la Administración para diseñar una nueva PAC de forma que el presupuesto que haya se reparta entre quien realmente vive de la actividad agraria y ganadera y que «en este marco de reducción de presupuestos, que las ayudas vayan a quien tienen que ir, a quien vive principalmente de la actividad».

Avanza que sobre la figura del ‘Agricultor genuino’,  han pasado una propuesta, con la que «parece que hay bastante consenso»,  en la que la definición tiene que acercarse a la de agricultor y ganadero ‘a título principal’ de la Ley Agraria. En ese sentido, el dirigente de UCCL, la organización mayoritaria en la provincia, reclama que «todos aquellos agricultores y ganaderos que tengan menos  del 25% de su actividad agraria o ganadera sean excluidos del sistema de ayudas para que lo que se ahorre con ellos se cree una nueva capa dirigida exclusivamente a los que llamamos ‘a título principal’, que más del 50% de su renta proceda de la actividad agraria o ganadera y la dediquen más del 50% de su tiempo; con esos fondos que se detraen de esa capa junto con los que se deben detraer de los que cobran cantidades millonarias, se debe crear una capa exclusiva dirigida a éstos [genuinos]». 

La mirada del medio rural está pendiente de que lo importante de la PAC del futuro son los reglamentos que se tienen aprobar en el Parlamento, en otoño, y el plan estratégico que haga España. En definitiva,  lo que va a llegar al agricultor,  la letra pequeña de la PAC, en la que se intenta buscar el consenso de todos los sectores para proteger al ‘Agricultor genuino’.