El Gobierno de Pedro Sánchez ha escenificado de forma precipitada un cambio de rumbo en la estrategia con los países del norte de África con los que más relaciones y dependencia guarda, como son Marruecos y Argelia. De forma sorpresiva y vía Marruecos, la ciudadanía, la oposición y parte del Gobierno conocían atónitos el viernes un giro en la histórica posición de España sobre el Sáhara, respaldando que se convierta en provincia autónoma dependiente de Marruecos, como Rabat proponía. Con esta resolución el líder socialista incumple el compromiso electoral (una vez más) de buscar solución al conflicto de acuerdo con la ONU y garantizando el derecho de autodeterminación.
Al margen de esta cuestión no menor, e independientemente del resultado que la determinación genere a corto y largo plazo, no es concebible que el Gobierno haya tomado una decisión de tanto calado sin que haya fluido un diálogo previo con la oposición, porque en cuestiones de política exterior se juegan partidas trascendentales, más en estos tiempos de reordenación del tablero internacional, que pone en jaque, entre otras cosas, la relevante política energética de Europa, vinculada estrechamente tanto a Rusia como a los países del norte de África, donde se vienen sucediendo no pocos desaguisados que ponen en duda el suministro de gas desde el continente africano.
Han trascendido pocos detalles de la negociación y, por lo tanto, poco se puede saber de los beneficios que puede acarrear esta decisión, y esto genera más controversia y desconcierto. Aun así, no parece que el último arrojo del presidente Sánchez no se haya estado gestando desde hace meses, aunque haya sido discretamente, y concretamente tras el relevo al frente de Exteriores de la exministra González Laya por el diplomático Albares, que tenía sobre sus espaldas reconducir el conflicto abierto con Marruecos desde que España acogiera de forma encubierta al líder del Frente Polisario en diciembre de 2020, y que desembocó en una seria crisis para España sobre todo en cuestiones migratorias. Se supone (pero habrá que esperar para tener certezas) que se cerrará la crisis con Marruecos, y por lo tanto las avalanchas migratorias y la asfixia económica a Ceuta y Melilla. Pero se abren otros preocupantes frentes, como con Argelia, que genera un halo de intranquilidad si no se logra rediseñar el mapa de abastecimiento energético para Europa con gas procedente de ese país.
España tiene la obligación de seguir tejiendo las posibilidades de desarrollo que este convulso siglo XXI puede generar, pero no se puede hacer con decisiones autoritarias sin consenso, porque eso solo llevará a la inestabilidad, el desconcierto y la anarquía, más allá de la perturbación que generará en la opinión pública, en la economía y en la vida de millones de familias.