Cada vez son más las asociaciones contra la violencia de género y las propias afectadas que consideran que las pulseras contra el maltrato, que tienen que llevar tanto el agresor -que porta un elemento emisor- como la víctima -con un sistema receptor- bajo autorización judicial, suponen una revictimización de la mujer. Primero, al tener que llevar ellas también un dispositivo telemático que les avisa si el presunto agresor está cerca; y segundo, por los numerosos inconvenientes que pueden generar al saltar la alarma o cuando el instrumento se queda sin batería, eso sin contar los posibles fallos que pueden producirse o la falta de cobertura del sistema en algunas zonas rurales.

Concretamente, el agresor lleva un brazalete que emite una señal de radiofrecuencia y detecta su manipulación o rotura, así como la ausencia de contacto con la piel. Asimismo, porta un dispositivo de localización GPS, un aparato que también lleva la víctima para detectar la señal del transmisor.

En este sentido, tanto las mujeres como el Ejecutivo han planteado una serie de mejoras para minimizar precisamente esa posible revictimización de la mujer.

Así, desde la Asociación de Juristas Themis apuestan por que las medidas preventivas previstas incidan «más en el maltratador que en la víctima».

«Son ellas las que tienen que estar más pendientes de que el sistema funcione», señalan desde Themis, organización que propone «estudiar alguna medida que haga que las víctimas puedan vivir más tranquilas».

Coincide con ella la Asociación ALMA contra la Violencia de Género, una entidad que junto a la Universidad de Extremadura está impulsando un «dispositivo de auxilio» que las víctimas puedan llevar camuflado en su ropa y que transmita una señal de alerta y la ubicación de la mujer a la Policía.

El fundador de ALMA, Gregorio Gómez, también subraya el «maltrato psicológico» que los agresores pueden llegar a infringir a través de los dispositivos de seguimiento que tienen instalados.

Pone como ejemplo el caso de una víctima miembro de la asociación que durante años tuvo que vivir «aguantando» cómo su expareja «manipulaba» la pulsera para que la alarma de la mujer sonara constantemente.

«No cargaba la pulsera, alejaba el dispositivo GPS para que no lo detectara, no atendía a las llamadas telefónicas de los servicios de seguimiento, rompía el dispositivo...», cuenta Gómez, quien apunta que todas estas conductas se traducían en un estado de alarma constante en la víctima.

Sin embargo, Themis reconoce que las mujeres deben de tener conocimiento inmediato de los incidentes que se produzcan en los dispositivos de sus agresores para que «se protejan», por lo que a su parecer debe seguir existiendo algún tipo de alarma para ellas.

El problema rural

Otro de los problemas de las pulseras que alertan tanto ALMA como Themis es el uso de estos dispositivos en entornos rurales.

Aquí la cobertura es reducida, lo que puede suponer fallos en el GPS, y el espacio entre agresor y víctima es limitado, por lo que es más fácil que la alarma salte por un supuesto quebrantamiento de la orden de alejamiento sin que este se haya producido.

De todos modos las asociaciones recalcan que desde que estos dispositivos empezaron a utilizarse en 2009 ninguna mujer usuaria de este servicio de protección ha sido asesinada, lo que prueba su eficacia para prevenir los crímenes machistas a pesar de los fallos e inconvenientes del mismo.

En España hay 3.015 maltratadores (y sus respectivas víctimas) que llevan pulseras de control telemático, pero el Ministerio de Igualdad quiere elevar esta cifra a 4.000 para el próximo año mientras se estudian mejoras técnicas para hacer los dispositivos más discretos y seguros para la mujer. Una reclamación que es bien acogida por las asociaciones y las víctimas, que verían que su vida gana en calidad y seguridad.