Arrecian las multas por pisos turísticos ilegales en Segovia

D. A.
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El Ayuntamiento de Segovia ha puesto 13, la mayoría desde el verano, mientras la Junta lleva 5 y hará campaña de control este año · Las denuncias de los propietarios legales han sido claves

La oferta legal de apartamentos turísticos tampoco deja de crecer con iniciativas como la conversión del antiguo edificio Sirenas, que acoge una veintena desde 2019. - Foto: Rosa Blanco

El Ayuntamiento de Segovia ha abierto procedimientos sancionadores contra los propietarios de 13 alojamientos del centro que estaban siendo alquilados como apartamentos turísticos sin tener licencia municipal para ello; y la Junta otros cinco: cuatro por no estar inscritos en el Registro de Turismo de Castilla y León y uno por «publicidad clandestina», ya que en ese caso no se llegó a acreditar formalmente el ejercicio del alquiler ilegal, pero sí la presencia de sus anuncios en internet. Las dos instituciones cuentan además con emprender nuevos procesos contra otros arrendadores ilegales que ya han sido señalados por propietarios que sufren su «competencia desleal», al tiempo que el servicio territorial de Turismo de la Junta prevé impulsar una campaña específica con «barrido» de redes sociales e inspecciones de oficio a lo largo de este año.

Por un lado podrían no sorprender estas sanciones debido a la abultada oferta de viviendas o apartamentos que operan al margen de la ley en toda la provincia desde hace años, especialmente amplia en la capital y creciente hasta que la pandemia rompió el mercado. Ahora hay muy poco movimiento, pero sólo en la principal plataforma de alquileres turísticos que utilizan los propietarios particulares, Airbnb, pueden verse actualmente más de 130 opciones de alojamiento en Segovia ciudad y casi un centenar de ellas dentro del casco histórico, a pesar de que en el Registro de Turismo de la Junta no figura ni una cuarta parte: concretamente, ocho licencias de viviendas turísticas que suman 53 plazas y siete de apartamentos turísticos con 170 (hay que tener en cuenta que detrás de un solo permiso puede haber más de un apartamento por los bloques completos). En el conjunto de la provincia la oferta registrada de manera formal ya es por sí sola enorme, con 295 viviendas turísticas y 56 apartamentos, así como 386 casas rurales en distintos pueblos, de tal modo que la oferta global que publicita Airbnb (entre legales e ilegales) desborda el tope de 300 anuncios activos a partir del cual este portal ya no da búsquedas completas de resultados sin filtros.

No obstante, ha sido a lo largo del año pasado cuando el Ayuntamiento y el Servicio Territorial de Turismo de la Junta en Segovia han incrementado su actividad inspectora. Y lo han hecho casi a la vez, en paralelo, tras resolver distintos problemas que les complicaban esa labor. En el caso de la Administración local, por la falta de un marco legal que facilitara penalizar estas conductas y del que ya dispone desde que en enero de 2020 entrara en vigor el Plan Especial de Áreas Históricas (Peahis); y en el caso de la autonómica, porque su servicio ha estado durante años sin un técnico que tuviera como función principal la instrucción de este tipo de sanciones, un déficit de plantilla que se palió por fin en marzo con la incorporación de una empleada en calidad de interina.

En Segovia capital, el Peahis prohíbe los alquileres turísticos en el recinto amurallado, San Millán, San Marcos, San Lorenzo, El Salvador o cualquier otra área histórica de la ciudad si no se ubican en inmuebles dedicados íntegramente a esta actividad o tienen accesos independientes desde la calle; y las sanciones impuestas por el Ayuntamiento por este motivo alcanzan una cuantía media de 2.000 euros, si bien hay propietarios que acumulan varias. Uno de ellos hasta tres, de modo que su penalización asciende a unos 6.000 euros, según la concejala de Patrimonio Histórico y Urbanismo, Clara Martín. Claro que también se presume que vendría facturando alquileres como poco por partida triple y por un tiempo indefinido, debido a esa falta de control real del mercado que imperaba hasta hace apenas un año y que ahora sí empieza a dar resultados. En buena medida, gracias también a la implicación de la iniciativa privada que sí opera dentro de la ley y sufre esta competencia desleal.

MAYORES CONTROLES. Las sanciones empezaron a arreciar después de que llegara a la Concejalía de Patrimonio Histórico y Urbanismo un escrito de «un particular que sí tenía licencia de uso turístico y denunció pisos ilegales», relata Martín. «Con esa documentación hicimos los trámites pertinentes para comprobar a través de la Policía Local que efectivamente se estaba realizando esta actividad, los agentes emitieron atestado y nos pusimos a ello». Ya en septiembre el Ayuntamiento confirmó la apertura de seis procedimientos sancionadores y 2020 ha terminado con los 13 ya citados.

La coordinación entre instituciones es ahora mayor en este aspecto y el Ayuntamiento ha mantenido contactos con el Servicio Territorial de Turismo y la Subdelegación del Gobierno «para intercambiar información», ya que además las tres recibieron el escrito del particular que denunciaba el negocio ilegal de otros pisos. Asimismo, la Agrupación Industrial de Hosteleros Segovianos (AIHS), ahora denominada Hotuse (Hostelería y Turismo de Segovia), también dio traslado meses atrás de varios listados de alojamientos supuestamente ilegales y el área de Patrimonio Histórico y Turismo está «en proceso de comprobación» de tales actividades para iniciar nuevos procesos sancionadores.

«El objetivo es continuar en esta línea porque es clave para asegurar que los pisos se destinan efectivamente a lo que deben, que es a vivienda habitual, a menos que se disponga de licencia para otras actividades lucrativas», prosigue Martín, quien confía en que poco a poco el mercado ilegal tome nota. No tanto por las propias multas como por el efecto disuasorio que estas puedan provocar en los que todavía no han sido ‘cazados’ para que regulen su situación, aunque no todos podrán seguir con esta actividad. «Algunos de los propietarios sancionados solicitaron licencia en su momento y no se le concedió por incumplir la normativa del Peahis», pero decidieron exponerse a seguir adelante. «Y hay otros que directamente no pidieron licencia nunca, sino que se pusieron a ejercer esta actividad presentándose en las plataformas de alquiler».

Los propietarios que sí cumplen con las condiciones fijadas para sacar al mercado una vivienda deben solicitar licencia ambiental al Ayuntamiento y, después, presentar una declaración responsable para su inscripción en el Registro de Turismo de Castilla y León en la categoría que corresponda: apartamentos, viviendas o casas rurales. Sin dar el primer paso, el segundo no procede porque el Servicio Territorial de Turismo cancela las declaraciones responsables de inicio de actividad que no estén acompañadas del preceptivo permiso municipal.

En lo que se refiere a la capital, el Peahis, en su artículo 208, recoge concretamente que dentro de «las tipologías residenciales de vivienda colectiva» no se permitirán pisos sueltos para uso turístico, sino sólo apartamentos turísticos, entendiendo estos como los que «se instalen en edificio completo o no compartan accesos (portal, escalera y ascensor)», lo cual excluye a buena parte de las opciones que hoy copan el mercado. 

La nueva regulación vigente no entró en vigor hasta enero de 2020, pero ya desde que su aprobación inicial en 2015 (paso previo a la exposición pública, alegaciones, resolución y aprobación definitiva) el Ayuntamiento consideró que podía empezar a aplicarla en el sentido de no permitir viviendas que incumplieran la futura norma. Otra cuestión era que esa batalla la librara con balas de fogueo durante años, sin inspecciones ni sanciones hasta la citada aprobación definitiva del Peahis.

La Junta, por su parte, después de haber estado durante años sin un técnico instructor de procedimientos sancionadores que pudiera perseguir este tipo de conductas con la debida regularidad, ha visto cómo se le acumulaban tanto este tipo de infracciones en alquileres como otras también relacionadas con actividades turísticas. «Empezamos a trabajar mejor en marzo del año pasado, dando prioridad a casos que venían de años atrás y que estaban a punto de prescribir», reconoce la jefa de este servicio, Ruth Llorente. Por eso de momento «sólo» llevan cinco sanciones a propietarios de viviendas o apartamentos turísticos, por cuantías de 901 euros en cada caso, pero también han puesto 21 a bares o empresas de turismo activo por distintas irregularidades, cifras que apuntan a seguir en aumento en los próximos meses.

«A lo largo de este año impulsaremos una campaña que se centrará en supervisar la publicidad en redes y realizar visitas de inspección», avanza Llorente. Harán «un barrido» de los principales portales de alojamientos de internet con especial seguimiento a los que se ubican en Segovia capital, «que es donde más clandestinidad hay». Remitirán «cartas de comunicación» a los propietarios de todos los que se publiciten sin estar regulados para que se den de alta en los registros y sancionarán a quienes continúen su actividad al margen de la legalidad. Básicamente, el mismo procedimiento de aviso y multa que han seguido durante el último año.

HOTUSE, «EN LA LUCHA». La patronal hostelera Hotuse ya lleva tiempo haciendo esos barridos y así fue elaborando los listados que remitió a las instituciones competentes, uno antes del verano y otro en torno a septiembre. En este último figuraba una treintena de apartamentos ilegales, según recuerda su gerente, Javier García Crespo. «Las normas están para algo y no todos juegan con la misma baraja», advierte. Según su percepción, «fuera de la capital también hay muchísima competencia desleal» y en total «hay prácticamente tantos ilegales como legales, mitad y mitad o casi». 

Concretar cifras, sin embargo, se antoja imposible. «Los hay que se borran si ven que están siendo investigados, y ahora la propia pandemia también ha hecho que una parte deje de publicitarse», prosigue García Crespo, quien destaca que Hotuse llegó a «abrir la mano» y ofrecerse a propietarios de estos alojamientos para ayudarles a darse de alta y legalizarse, pero «a muchos parece que no les interesa». «Ahora hay poco movimiento para todos, pero antes de la pandemia ya veías que algunos estaban llenos todos los fines de semana y, a diferencia de los legales, ni cumplen normativa de seguridad, ni declaran sus ingresos ni generan empleo», advierte. La patronal cuenta por ello con «seguir en la lucha», pero ahora al menos ya con el respaldo de un control creciente por parte de las instituciones.