Más de nueve años después de la tragedia ferroviaria más grave de la democracia española, el pasado 5 de octubre de 2022 dio comienzo el proceso por el accidente del Alvia, un juicio tardío y difícil que tras el parón navideño se retomará este enero con el pulso entre peritos y sus planteamientos técnicos.

La sentencia llegará a una década vista del terrible accidente del 24 de julio de 2013, cuando en cuestión de segundos impactó contra un muro de hormigón un tren que pretendía llegar a Santiago de Compostela en la víspera del día del santo.

Un siniestro que se saldó con la presunta comisión de 80 delitos de homicidio, 145 de lesiones y uno de daños, todo ello por una presunta imprudencia profesional grave.

Para los familiares, que siguen atentamente el plenario, la macrovista ha llegado mal y cuando ya ha transcurrido mucho tiempo.

La compleja instrucción, con cambios de jueces y baile de imputaciones, se cerró por primera vez, aunque en falso, con el maquinista Francisco José Garzón Amo como único señalado, nombre al que después se sumaría el de Andrés Cortabitarte, antiguo director de seguridad en la circulación de Adif.

El pasado 15 de diciembre, la jueza presidenta María Elena Fernández Currás despachó en apenas un cuarto de hora una sesión con policías nacionales que se ratificaron en su atestado. Una brevedad nada común que sorprendió incluso a la propia magistrada. «Unos días tanto y otros tan poco», fueron sus palabras esa mañana, en referencia a las sesiones de testificales de la primera fase del juicio, que se podían alargar hasta nueve horas.

Ahora habrá que esperar al próximo martes, cuando según el calendario facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia está prevista la comparecencia del jefe del área de investigación técnica.

Mientras, un pequeño respiro, previo a unas periciales que se prolongarán, según el diseño previsto, hasta finales del próximo febrero, dada su complejidad profesional.

La experiencia indica, explican los juristas, que los informes técnicos acerca de lo sucedido en la curva de A Grandeira serán desgranados en profundidad y cuestionados hasta el extremo por las partes disconformes con sus respectiva conclusiones.

Será un auténtico pulso que ya quedó de manifiesto en la instrucción del caso, cuyo sumario recoge los pareceres, en algunos puntos opuestos, de unos y otros expertos.

La cuestión principal a dirimir es si todo es atribuible a un despiste del conductor al estar la inexistencia de señales de reducción dentro de la legalidad, o si algo tan grave no puede depender en exclusiva del que maneja, al ser un profesional que necesita refuerzos como la protección con señales y balizas, tal y como se hizo a los pocos días del descarrilamiento en la curva de A Grandeira, a la altura del barrio de Angrois.

Para unos, toda la responsabilidad se limita a la actuación del maquinista, que tomó a 200 kilómetros por hora una curva marcada a 80, pero que hubiera resistido una circulación incluso a 160 sin consecuencias catastróficas. Para otros, el riesgo de que un conductor desatendiese su conducción de esa manera y durante 100 segundos tenía que haberse contemplado como una variable posible a la hora de blindar el trayecto y la propia vía. 

«Somos humanos»

En una desgarradora comunicación con la central de Atocha, Garzón Amo contó el día de autos que se había despistado tras recibir una llamada rutinaria del interventor de a bordo. «Ay, ay, dios mío», «somos humanos y se nos puede pasar», «esto es inhumano, esta curva», «y dicen que el maquinista tiene que estar a eso, y sí, pero somos humanos».

Estas frases forman parte del contenido y quien habla es un hombre que no puede salir de la cabina ni romper la ventanilla y que en ese momento desconoce la magnitud de lo ocurrido. Se queja de que los errores humanos no hayan sido previstos debidamente por el sistema ferroviario, recuerda los avisos de que en algún momento iba a pasar una desgracia y menciona el peso que llevará, con él, en su conciencia para el resto de su vida.

«¡Pobres viajeros!», llega a decir en varias ocasiones Garzón Amo, deseando que no hubiese muertos. Los hubo.

El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de los encausados cuatro años de prisión y demanda la inhabilitación del maquinista para su oficio durante el tiempo de la condena y la del cargo de Adif para cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en este tipo de infraestructuras.