La propuesta de la vicepresidenta Díaz de poner un precio máximo a los productos básicos de la cesta de la compra no convence a nadie. Incluso la Comisión Nacional de la Competencia la ha calificado de ilegal alegando que un acuerdo de precios entre las grandes distribuidoras sería equiparable a crear un cártel. La idea es descabellada y ha puesto en pie de guerra a muchos, no solo al pequeño comercio y a los productores. No es el caso de la distribuidora Carrefour que se reunió en solitario con Díaz y Garzón aprovechando su promoción de una cesta de 30 productos a 30 euros. Luego se ha sabido que su composición no incluye productos esenciales como los huevos, la leche o el pan.
Todo el espectáculo montado por Díaz es de órdago. No solo ha enfadado a sus colegas socialistas del Gobierno, sino que ha propiciado una catarata de dimes y diretes dentro del propio Podemos. No parece que le importe demasiado. Necesita presencia en los medios para su plataforma Sumar y su llamado proceso de escucha. Se entiende mal o no tanto, que el presidente Sánchez esté permitiendo este show de su vicepresidenta entrometiéndose en asuntos que no son de su competencia.
La verdadera razón, escarbando un poco, es que la idea es más vieja que el hilo negro. De hecho, sus camaradas de Cuba o Argentina tienen en marcha algo semejante y aunque saben cómo está la economía de esos países y el grado de sufrimiento de sus ciudadanos, está en su ADN crear pobres para después convencerles de que con sus medidas de intervencionismo estatal nada malo les podría pasar.
Solo nos queda rezar por su fracaso y apoyar al pequeño comercio, a los agricultores y ganaderos y también a la gran distribución y logística de España para que estos sectores no sean arrasados por unos indocumentados e ideologizados a los que nuestro presidente metió en el Gobierno sin importarle los destrozos que causen.