El IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2023-2026 marca diez países en África y Centroamérica como prioritarios en el destino de la ayuda oficial humanitaria de Castilla y León, sin que ello sea excluyente con otros receptores, y ratifica el compromiso, en sus objetivos y líneas estratégicas de trabajo, con los retos de la Agenda 2030.

La Consejería de la Presidencia ha redactado este nuevo plan, que se asienta en la ley de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León y que somete ahora a las aportaciones en el Portal del Gobierno Abierto, en un escenario marcado por la crisis de la covid y la guerra en Ucrania, «que ha generado un enorme impacto en los países más vulnerables».

En el documento, consultado por Ical, se califica de «imprescindible» que en la definición de las prioridades estratégicas de la política de cooperación para el desarrollo se tenga en cuenta el impacto económico y social derivado de la pandemia en los países más empobrecidos, así como el conflicto armado que tiene lugar en Ucrania.

En concreto, los países prioritarios, incorporados por consenso con los agentes de la ayuda humanitaria, son Burkina Faso, Mozambique, Senegal, Tanzania, Mali y Guinea Bissau, en África; y Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Hondura, en Centroamérica. Respecto al anterior plan, se incorporan El Salvador, Honduras, Guinea Bissau y Malí y salen Perú, India y Bolivia.

De nuevo, se incide en sus enfoques de derechos humanos, en especial los económicos, sociales y culturales, en el impacto de género -mujer e infancia- y en la sostenibilidad ambiental. Todas las acciones estarán vinculadas a los objetivos, metas y programas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, precisa el documento.

«Por tanto, la acción humanitaria de Castilla y León, en sus prioridades y líneas estratégicas de trabajo, también contribuirá a los retos de la Agenda 2030 en países afectados por crisis humanitarias», recoge textualmente el plan director consultado por Ical, lo que choca con su socio de Vox, que desprecia este documento global por considerarle un peligro a «la soberanía plena» de España.

Así, este plan director velará por los derechos humanos a la alimentación adecuada, agua potable y saneamiento, educación, salud, vivienda adecuada y digna, centrados en los principios de humanidad, imparcialidad, independencia, neutralidad y atención a las necesidades de las personas.

Precisamente, la cooperación al desarrollo es uno de los programas que más crece en los presupuestos de la Consejería de la Presidencia para 2023. El departamento de Jesús Julio Carnero consigna más de seis millones, un 25 por ciento más que en 2021. De ellos, 525.000 euros (156 por ciento más) irán a acciones humanitarias; 4,2 millones a cooperación económica no reembolsables y otros 827.750 euros (63,43% más) a acciones de sensibilización.