“Teníamos la sospecha de que lo sucedido con el festival de cine no era la única irregularidad en la contratación de la Concejalía de Cultura, pero ahora tenemos la certeza de que, efectivamente, no era un caso aislado”. Así comenzaba su rueda de prensa esta mañana Guillermo San Juan, portavoz de Podemos Segovia, quien ha denunciado otro supuesto caso de fraccionamiento de un contrato para evitar un concurso público, transparente y abierto a otras empresas de la ciudad.
En este caso se trata, según la formación morada, del contrato de servicios de asistencia técnica en las áreas de sonido, audiovisuales, iluminación y maquinaria en el centro de creación de La Cárcel. "Un contrato adjudicado en el año 2017 mediante un procedimiento negociado sin publicidad en el que se invitó a tres empresas y del que finalmente resultó adjudicatario un familiar directo de la que ha sido concejala de Cultura hasta hace pocas semanas, Gina Aguiar", ha revelado San Juan, quien ha añadido que "esta irregularidad se ha mantenido hasta la actualidad encadenando dos o más contratos menores al año, cada uno de ellos siempre por debajo de los 15.000 euros máximos que fija la ley, pero que conjuntamente superan con creces este límite anual".
"En facturas de 2.722,5 euros mensuales, salvo el mes de agosto que La Cárcel permanece cerrada, el técnico percibió un total de 29.947,5 euros en el 2019 y 24.502,5 euros en el año 2020, debido al cierre de la instalación por la pandemia. Para este 2021 existe también un contrato menor adjudicado de forma directa de 13.500 euros sin IVA que abarca los meses de enero a julio y que, previsiblemente, se pretendía completar con otro contrato de septiembre a diciembre, sin control previo y volviendo a superar el límite de 15.000 euros", desvelan los formados.
En su opinión, "más allá de que la persona contratada para estos servicios es familiar directo de la exconcejala responsable del área de Cultura, la irregularidad en el procedimiento es evidente". "La ley establece que para utilizar la figura del contrato menor y adjudicar de forma directa la prestación de servicios, tiene que ser una necesidad puntual y siempre por debajo de los 15.000 euros anuales. En este caso, es una necesidad estable y permanente desde el año 2017, y sumando los importes de cada contrato menor se supera con creces el límite legal. No hay por donde cogerlo”, ha argumentado San Juan.
Además, el portavoz morado ha puesto de manifiesto que esta irregularidad “es injusta para el resto de empresas, que no han podido optar a estos trabajos, y contribuye a mantener la precariedad entre los técnicos segovianos, porque podría haberse convocado una plaza municipal para cubrir este servicio, que hubiera supuesto mejores condiciones laborales y, además, hubiera sido más barato para los contribuyentes".
“Este contrato de asistencia técnica en la Cárcel es un nuevo caso de división de contratos en importes más pequeños para sortear la ley, exactamente igual que con el festival de cine. Es otra irregularidad muy grave que echa por tierra la defensa del Gobierno de Luquero de que, con Trípode, sólo se trataba de un error administrativo. El gobierno de Luquero no tiene otra opción: Aguiar debe dimitir sí o sí y sí o sí se tiene que hacer una auditoría de los contratos menores de la Concejalía de Cultura para poner orden y hacer tabula rasa en esta nueva etapa. Nos jugamos mucho. Precisamente por eso, cuando las cosas se hacen mal, hay que señalarlo y decirlo, caiga quien caiga”, ha concluido el portavoz morado.