La Casa de la Parra continúa maldita. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este pasado lunes un anuncio del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Segovia a través del que informa de la salida de este inmueble a subasta judicial en vía de apremio. Según la información que proporciona el BOE, sobre la propiedad pesa un embargo de 461.121,86 euros y el valor de la subasta será 1.504.913 euros.
Los interesados tendrán que realizar un depósito de 75.245,65 euros, mientras que los tramos entre pujas han quedado establecidos en 30.098,26 euros. La apertura de la subasta se producirá una vez transcurridos los plazos determinados por los artículos 648.2 y 667.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, o por el artículo 101.3 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, según proceda.
De acuerdo a las referencias catastrales, la Casa de la Parra –a la que se accede por la calle de la Parra número 4– tiene uso residencial, fue construido en 1994 y cuenta con una superficie de 652 metros cuadrados. Consta de tres plantas y jardín y dispone de aparcamiento, según los datos que pueden consultarse en el anuncio del BOE.
Si llega a adjudicarse en la subasta, se abriría una nueva etapa para una edificación que parecía haber dejado de estar en el disparadero desde diciembre de 2018. En ese momento, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) estimó parcialmente la demanda presentada por un grupo de vecinos y condenó al Ayuntamiento de Segovia a pagarles 222.000 euros por los daños morales y materiales ocasionados por no derribar la casa.
Habían pasado más de 22 años desde que el TSJCyL había dado la razón a esos vecinos, había anulado la licencia de construcción del inmueble y había ordenado su derribo. El Tribunal Supremo ratificó aquella primitiva decisión judicial el 15 de junio de 2001, pero el TSJCyL aceptó en 2017 la imposibilidad del derribo y la inejecución del fallo del alto tribunal. Una maniobra del Ayuntamiento para ahorrarse el coste de ejecución del derribo y el pago de indemnizaciones millonarias a la propiedad y a los dueños de las plazas de garaje construidas en el subsuelo. Con esta finalidad aprobó en 2016 un plan especial para regular la zona y concedió una nueva licencia.
Los vecinos reclamaron una indemnización por daños morales de 100.000 euros para cada uno (800.000 euros en total). A esta cantidad sumaban otras compensatorias, como 69.465,71 euros por gastos procesales –honorarios del abogado (65.988,56 euros), del procurador (2.897,15 euros) y de un perito (580 euros)– y 141.964,88 euros por daños materiales.
El abogado que los representó destacó que «durante 23 años han soportado la inutilidad de su derecho a una tutela judicial efectiva por la desobediencia impune de alcaldes, secretarios municipales, arquitectos municipales, etcétera». «Con una inmensa pena han comprobado que ni una sola de las múltiples decisiones judiciales ha sido cumplida salvo la que declara la imposibilidad legal de derribar el inmueble», añadía.
Izquierda Unida (IU) también se puso del lado de estos vecinos e incluso llegó a personarse en la causa judicial. «Pedíamos que el Ayuntamiento ejecutase la sentencia [de derribo] porque las administraciones públicas deben ser ejemplarizantes. Por una cuestión de ética pero también por una cuestión de credibilidad de la justicia», ha sostenido el concejal de la formación de izquierdas, Ángel Galindo.