El Diálogo Social vuelve a dar sus frutos en Castilla y León. En esta ocasión, los acuerdos entre la Junta y los agentes sociales y económicos llegan en los Servicios Sociales como son el aumento de un diez por ciento de la cuantía destinada a la concertación de plazas de los centros residenciales para personas mayores y el incremento de 180 plazas concertadas a lo largo de 2021, que se sumarán a las 800 que se deben renovar después de que hayan quedado libres tras la pandemia de la covid.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destinará 35 millones de euros para la dependencia este mismo año que servirán para mejorar la intensidad de la ayuda al domicilio a unos 12.000 usuarios de la Comunidad e incrementar las prestaciones vinculadas, además de existir un compromiso para la mejora de las condiciones de los trabajadores de las residencias, que pasará por una reducción de las ratios de personal, con el objetivo de acercarse a la situación existente en los centros públicos, aunque aún no está concretado.

La Junta cerró esta semana, según ha podido saber la Agencia Ical, un preacuerdo en la Mesa de negociación de Dependencia, constituida en enero con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la patronal CEOE, con el objetivo de mejorar la vida de las 105.000 personas dependientes de Castilla y León. Una vez acordadas las condiciones, ahora solo falte que el documento sea aprobado por la Comisión Permanente del Consejo de Diálogo Social, junto a otros asuntos. Un acuerdo que tendrá una vigencia de tres años (2021, 2022 y 2023) y que se enmarcarán en el nuevo modelo residencial que defiende la Junta, más moderno e innovador, que tendrá su reflejo en la futura ley autonómica. Y es que la Consejería de Familia buscar reforzar las unidades de convivencia, para que la residencia sea un lugar grato y confortable, lo más parecido al propio hogar con grupos reducidos, en el que la persona siga manteniendo el control de su vida, se respeten sus derechos y decisiones.

El documento cerrado en el Diálogo Social contempla el incremento de 180 plazas concertadas que deberán salir a lo largo de este año, a las que habría que sumar otras 800 que han quedado vacías con motivo de la pandemia, ya sea por fallecimientos de los residentes, salidas u otras circunstancias. En la actualidad, la Junta tiene unas 3.800 plazas concertadas con centros privados para personas mayores, de las que unas 3.300 son de residencias y 500 en centros de día.

Negociar ratios de personal

La idea es que estas mejoras lleguen también al personal de las residencias privadas con plazas concertadas, para lo que será necesario negociar en los próximos meses la ratio de trabajador por residente. En la actualidad, los requisitos mínimos de personal de este tipo de centros privados vienen marcados por la legislación estatal, por lo que el compromiso alcanzado en el Diálogo Social de Castilla y León es que una vez que las nuevas ratios queden fijados por parte del Gobierno central el asunto sea abordado por la comisión de seguimiento. Por lo tanto, si hay alguna novedad en 2021 en relación a las ratios, la Junta se vería obligada a hacer uso de una parte del dinero reservado para el año próximo. 

De momento, está cerrado para este año la cuantía extra de 35 millones para la atención a la dependencia en la Comunidad para la mejora de servicios como la ayuda a domicilio, las prestaciones vinculadas y un avance de los conciertos de la administración pública con las residencias privada, ya que habrá una mayor cobertura. Ese dinero se podrá aumentar los dos próximos años en las negociaciones que lleve a cabo el Diálogo Social. 

Junto al grueso de mejora en las residencias privadas y las plazas concertadas, el preacuerdo alcanzado entre el Ejecutivo autonómico y los agentes sociales y económicos da un empujón a la ayuda a domicilio, una prestación importante que está orientada a favorecer el mantenimiento y desarrollo de la autonomías personal y a posibilitar la permanencia de las personas en su entorno habitual de vida. En el marco del Diálogo Social, existe el compromiso de aumentar la financiación del servicio y elevar la intensidad horaria de los usuarios.

En este sentido, se recuperan las intensidades de la ayuda a domicilio existentes en 2012, cuando se aplicó un recorte, por lo que el máximo de horas al mes para las personas dependientes pasará de 70 a 90, que podría beneficiar a unos 12.000 usuarios en la Comunidad. De esta manera, se busque que el horario del servicio se ajuste al nivel de dependencia de cada beneficiario. El hasta ahora vicesecretario general de UGT Castilla y León, Evelio Angulo, puso el acento en la atención integral centrada en la persona, que no solo consiste en que una persona vaya al domicilio del usuario no sola para la limpieza y el aseo personal sino que sea una visita terapéutica para que el mayor pueda recuperar la actividad que haya podido perder. 

Pliego de condiciones único 

Además, se ha avanzado para que haya un pliego de condiciones único en los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia para Castilla y León, con el objetivo de que no existan diferencias entre las corporaciones locales, tal y como ha ocurrido hasta ahora. 

Evelio Angulo y la responsable autonómica de Política Social y Vivienda de CCOO, Inmaculada de Pablos, recordaron que el acuerdo contempla la creación de una comisión de seguimiento para abordar el desarrollo de sus puntos y negociar los aspectos que los agentes sociales y económicos que consideren oportunos para poner en marcha en los dos próximos años. En este sentido, la representante de CCOO precisó que existe el Plan de Choque de Dependencia, a nivel estatal, que vincula a las comunidades en asuntos como el copago y las ratios de personal. “De existir resoluciones en estos ámbitos, la comisión de seguimiento en el ámbito de Castilla y León deberá sentarse para dar cumplimiento a lo que nos afecte del plan estatal”, expuso. Por lo tanto, valoró que el acuerdo estará “vivo” durante la vigencia del acuerdo.

El exdirigente de UGT expuso que el sindicato buscar que la atención a la dependencia, con independencia de que se preste en un centro público o concertado, sea de la misma calidad. De ahí que señalara la necesidad de avanzar en la mejora de las ratios de personal en las residencias privadas. También apostó por mejorar la cualificación de las trabajadoras, ya que es un sector muy feminizado y precarizado, al ser la única manera de mejorar la atención que reciben las personas mayores y dependientes.

Valoración UGT y CCOO

Angulo aseguró que el acuerdo alcanzado con la Junta no es el “ideal” pero reconoció que se ha logrado un “importante” avance. En este sentido, puso el ejemplo alcanzado en la Mesa de Dependencia para otros posibles acuerdos con el Ejecutivo autonómico en el marco del Diálogo, aunque reconoció que son complicados en algunas materias por la “sin razón” de la consejera de Empleo, Ana Carlota Amigo. 

Por su parte, De Pablos consideró que es un “buen acuerdo” y “bastante completo”, en comparación con lo que han alcanzado otras autonomías. Además, valoró que, al final de cada uno de los tres años de su vigencia, se analizará si es necesario reforzar algún servicio o hacer hincapié en los avances que aplicarán ya en 2021.

La mejora de los conciertos en los centros de mayores se suma al anunciado el mes pasado por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, para incrementar un cuatro por ciento los precios de las plazas de las residencias y centros de día para las personas con discapacidad y un seis por ciento las ofertadas en viviendas tuteladas. 

Además, la Junta ha reforzado las prestaciones económicas vinculadas, que son una cuantía que se concede a un usuario para garantizar su acceso a un servicio profesional y se calcula en función de su capacidad económica. Desde el inicio del año, se ha incrementado en torno a un diez por ciento la financiación de la prestación que permite el acceso a una plaza residencial o al servicio de ayuda a domicilio y para cuidados en el entorno familiar y de asistente personal para dependientes.