Tan solo ocho de cada cien personas que se encuentran bajo el umbral de la pobreza en Castilla y León recibieron alguna de las rentas mínimas de inserción que ofrece la Comunidad durante el primer año de la pandemia, un porcentaje por debajo del 9,03 por ciento de la media del conjunto del país. El informe publicado ayer por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales pone de manifiesto que en Castilla y León el número de perceptores en el año 2020 se situó en 26.529 de los 319.341 habitantes existentes en riesgo de pobreza en la Comunidad, lo que además de suponer solo un 8,31 por ciento de estos, evidencia un descenso en el número de personas que reciben algún tipo de renta mínima de inserción con respecto al año anterior de casi 3.500 ciudadanos, una bajada del 11,6%. De hecho, la Asociación asegura que Castilla y León y otras seis comunidades (Madrid, Aragón, Baleares, Galicia, Castilla-la Mancha y La Rioja) redujeron el presupuesto y el número de beneficiarios de rentas mínimas en el año de la pandemia «con la coartada del ingreso mínimo vital» que se puso en marcha a mediados de ese año desde elGobierno central.
Las Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ponen el foco en «el descenso en el número de personas beneficiarias de la Comunidad de Madrid», donde en el año 2020, «el año de la mayor crisis social de los últimos años, se redujo en 12.471 personas las beneficiarias de Renta mínima». «Esto se une al descenso en 130 millones de euros la reducción del presupuesto de Madrid a esta prestación, haciendo caja con los presupuestos destinados a la atención de las personas más vulnerables», criticaron desde el colectivo. A la Comunidad de Madrid le siguen Aragón (-11.339), Baleares (-7.172), Galicia (-5.201) y Castilla y León (-3.478).
A nivel nacional, los datos del documento sobre el informe de Rentas Mínimas de Inserción del Ministerio de Derechos Sociales, sitúa en 795.861 el número de personas que vive bajo el umbral de la pobreza en España y que se beneficia de las diferentes rentas mínimas de inserción puestas en marcha por las diferentes comunidades autónomas del país.
Cuantía media
El texto también hace referencia a la cuantía media que cada perceptor recibe de las rentas mínimas de inserción en el conjunto de España. En Castilla y León en 2020, el porcentaje que supone el gasto medio por titular en relación con la renta media por hogar de la Comunidad se situó en el 13,6 por ciento, de nuevo por debajo de la media del país, al dedicarse 4.572 euros por perceptor de media frente a una renta media por hogar de 33.636 euros. A nivel nacional, la cuantía media supone el 15,3% de la renta por hogar en el país. Una cuantía «extremadamente baja», según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, y que ha bajado dos puntos desde 2019, pasando del 17,1 al 15%.
La Comunidad Valenciana, con un 23,4%, es la autonomía cuyos perceptores de rentas mínimas perciben una cuantía mayor en relación con la renta de su región. Le sigue Extremadura, con unas cuantías superiores al 20% de la renta media de su territorio. Por el contrario, dos comunidades tienen un porcentaje mínimo, por debajo del 10%: Murcia, con el 9,3%, y Baleares, en el último puesto con el 6,8%. Cuantías ínfimas que, «de ninguna manera, permiten a los perceptores garantizar su supervivencia», alertaron desde la Asociación.
Ante estos datos, la asociación solicita al Ministerio que simplifique los procedimientos del Ingreso Mínimo Vital y «cumpla con la promesa de garantizar la prestación a 800.000 familias como se había comprometido, y recuperar los 1.000 millones que no ha gestionado en el año de la crisis social mayor de la historia reciente de nuestro país».
Diferencias extremas entre las regiones
La Asociación denuncia en su informe las «diferencias extremas» que existen entre las comunidades a la hora de hacer frente a las rentas mínimas de inserción. Así, destacan que dos comunidades como País Vasco y Navarra cuentan con porcentajes de población bajo el umbral de pobreza que recibe RMI que suponen el 61,7% y el 59,6% respectivamente; seguidas de Asturias y Cantabria, donde reciben estas rentas casi una de cada seis personas bajo el umbral de la pobreza. Del resto, alertan que sólo tres comunidades garantizan porcentajes superiores al diez por ciento: se trata de Cataluña, Aragón y Baleares. Las rentas mínimas de inserción de las diez comunidades restantes «ni siquiera alcanzan esta cobertura, y en el caso de Castilla-La Mancha y Canarias, sus porcentajes sólo llegan o están por debajo del 2%». Ante estos datos, reclaman a a las comunidades que los 1.686 millones que invertían en rentas mínimas se orienten a reforzar los servicios sociales.