Es en este tipo de conflictos ideológicos es donde realmente saltan las costuras del Ejecutivo de Unidas Podemos y el Partido Socialista. El proyecto de ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI está generando una guerra soterrada entre las feministas del partido de Pedro Sánchez y

la corriente morada de Irene Montero, decidida a estirar la cuerda lo máximo posible con tal de tramitar la norma de forma urgente y en el menor tiempo posible. Y lo hace justo en un momento donde el presidente necesita los apoyos de su socio de Gobierno para sacar adelante los presupuestos generales de 2023, los últimos de la actual legislatura.

En esa disyuntiva, la corriente feminista del PSOE, que cuenta con mujeres de gran peso político e ideológico, pretende prolongar la tramitación, ampliando, con el apoyo del Partido Popular y de Vox, el plazo de presentación de enmiendas de una ley que salió con el visto bueno del Consejo de Ministros allá por junio y que se ha quedado en el cajón. Los morados temen no solo que se aplace la ley sine die, sino que en el camino se queden algunos de los aspectos más polémicos de este proyecto, algo que los socialistas niegan que vayan a hacer, pero que está concitando un rechazo que va desde el Consejo de Estado al Consejo General del Poder Judicial y que se extiende también a una parte significativa del feminismo, incluido, referentes socialistas, como la exvicepresidenta Carmen Calvo, convertida en azote del proyecto.

El de la autodeterminación de género es quizá el punto más polémico y el que debería llevar al Ejecutivo a enmendar su propia Ley, especialmente por los efectos que puede generar entre los menores de edad. La propuesta para prescindir de expertos médicos o psicológicos e incluso de los propios padres para conceder la autodeterminación de género, a voluntad únicamente del demandante desde el inestable periodo de la adolescencia, hace necesario retomar el camino de la sensatez en esta especie de frívola barra libre que se quiere legislar para elegir género.

El frenazo a la ley puede ser bueno para reflexionar sobre lo que se pretende legislar, la transexualidad, que ya está reconocida y protegida en la sanidad española con tratamientos adecuados para facilitar el cambio de género. La voluntad personal ha pasado por encima del elemento biológico para convertir a España en uno de los países más laxos a la hora de permitir el cambio de sexo, sin centrar la mirada en los efectos que pueda tener entre los menores de edad, que no contarán con la evaluación de un profesional ante la mera voluntad personal de cambiar de sexo sin más condicionantes.