De acuerdo. Bien. Vale. OK. Ya han demostrado lo enfadado que están por la reforma de la reforma de la ley para que puedan nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que deben acompañar a los dos que tiene que designar el Gobierno en la renovación del tercio que correspondía haber sido ya ejecutada, mientras mantiene vedado hacer otro tipo de nombramientos en altos tribunales. Ya han visto que el mundo no se ha caído porque un grupo de vocales con plaza en el órgano de gobierno de los jueces haya incumplido la ley. Ya se han saltado los plazos previstos, y como estaba previsto también, la primera reunión para nombrarlos ha acabado sin resultados y se dilata aún más el procedimiento. Ya han hecho una demostración de la fuerza que tienen –y la impunidad-, con la que pretenden ganarle el pulso al Gobierno. Y también han demostrado su capacidad para impedir el funcionamiento normal y constitucional de las instituciones cuando consideran que pueden perder el control sobre ellas.  

Los dos vocales conservadores acudieron a la cita con los representantes del sector progresista encargados de la negociación de los dos candidatos para el TC con cinco condiciones y sin ninguna propuesta de nombres. Hubo acuerdo sobre dos de ellas que son de Perogrullo, que los candidatos designados lo sean por una amplia mayoría –lo que ya establece la ley- y que como marca la tradición sean magistrados del Tribunal Supremo y que se valoraran muy bien sus currículos. De acuerdo. Parece evidente. Se trata de que no vuelva a ocurrir como en la anterior renovación cuando entraron en el Alto Tribunal Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, a propuesta del PP, y ambos con significadas relaciones con el partido de Núñez Feijóo, cuando desde esta formación se había asegurado que harían lo indecible para despolitizar la justicia,  

A partir de ahí y en el resto de condiciones es cuando aparecen las nuevas excusas de los vocales conservadores. Si tienen que salir dos magistrados más de las Salas del Tribunal Supremo se acentuará la situación de precariedad de este órgano que ya tiene pendiente de renovación a catorce de sus miembros, que no pueden ser nombrados porque el CGPJ tiene limitada esa capacidad mientras se encuentra en funciones –y va ya para cuatro años-, y que pone en peligro la formación de salas para la celebración de juicios, con todas las consecuencia que ello conlleva.      

Lo que no se oculta ya de ninguna manera es que el nuevo catálogo de condiciones que pueden ser cumplidas perfectamente, -que no se produzca ninguna votación de nombres hasta que no haya candidatos debatidos y aceptados por cada uno de los sectores- obedece única y exclusivamente a las órdenes del PP a la mayoría de los vocales que nombró, constituidos en minoría de bloqueo para que no propicien un cambio de mayorías en el Tribunal Constitucional. Que se pregone el asalto a la justicia por parte del PSOE cuando el PP la tiene secuestrada es una expresión mayúscula de cinismo político.  

La cuestión, por tanto, es saber cuánto tiempo se mantendrán los vocales conservadores del CGPJ en rebeldía, -la próxima cita el miércoles- incumpliendo una ley que ha sido votada en el Congreso, y cuál será la nueva batería de impedimentos que establezcan, porque todo deriva de la falta de voluntad política del PP para el acuerdo, con la consecuencia que dejará de controlar la justicia por la puerta de delante.