La grieta ideológica que separa a Partido Popular y Vox, y que ninguno de los dos nunca ha querido ocultar, vuelve a supurar a cuatro meses de las elecciones municipales del 28 de mayo. El anuncio realizado este jueves por el vicepresidente de la Junta y líder regional de Vox, Juan García-Gallardo, de varias medidas 'antiaborto' ha restallado dentro del Gobierno regional, y su onda expansiva ha llegado hasta Madrid. Escenario donde ayer se libró una tensa batalla dialéctica e ideológica entre las cúpulas de las dos formaciones, llegando a cruzar acusaciones de «no cumplir con lo acordardo», mientras el Ejecutivo central y el PSOE se mantenían como espectadores de lujo. «Los sanitarios estarán obligados a ofrecer estas medidas, aunque su aceptación será voluntaria». Estas palabras verbalizadas por García-Gallardo esconden el 'quid' de la polémica, y se encuentran detrás de la cascada de críticas, matizaciones, negaciones y aspavientos que han seguido al anuncio del vicepresidente autonómico. Mientras, el líder regional de Vox se revuelve ante las críticas e insistió en que las medidas «están consensuadas» con Sanidad y «entrarán en vigor» de forma inmediata en la Comunidad.

El protocolo anunciado establece que la sanidad pública de Castilla y León contará con un protocolo de derivación a los equipos de salud mental de mujeres embarazadas para prevenir abortos, además de ofrecer una cuarta ecografía en el primer trimestre del embarazo para que los progenitores puedan «escuchar el latido del bebé» y una ecografía 4D antes de interrumpirlo. Medidas que, siempre según el vicepresidente, tendrán que ofrecer «de forma obligatoria» los profesionales sanitarios. Veinticuatro horas después de su anuncia, este plan ya tiene sobre su cabeza la amenaza de los tribunales. La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, avanzó que el Gobierno central llevará ante la Justicia a Castilla y León si se materializa el nuevo protocolo. «Es un ataque a la libertad de las mujeres».

Sanidad insiste: Sin cambios

Con el foco mediático sobre la Junta de Castilla y León, varios consejeros del ala popular del Ejecutivo salieron ayer en tromba para desmarcarse del plan anunciado por García-Gallardo. El primero en hacerlo fue el titular autonómico de Sanidad, Alejandro Vázquez, que sostuvo que «el protocolo está bien, no se cambia». Unas palabras con las que quiso zanjar la polémica, y manifestó su intención de «seguir cumpliendo los protocolos, mejorándolos en los casos en los que detectemos que son mejorables, y cumpliendo la ley y respetando la voluntad de la mujer». Fuentes de la Consejería han reconocido a este periódico que el único cambio que se producirá en el actual protocolo será la posibilidad de que las embarazadas puedan ser derivadas a un psicólogo, no solo desde el médico de cabecera, sino desde otras especialidades como el ginecólogo. No obstante, más tarde desde la Consejería matizaron que el protocolo anunciado por Vox entrará en vigor el lunes, pero que «no será obligatorio» para los sanitarios, sino que se les instará a aplicarlas, como vía para el fomento de la natalidad. y se ofrecerán siempre «bajo criterios clínicos».

«No será obligatorio» que los sanitarios ofrezcan estas opciones, respaldó por su parte el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero. «En absoluto se les obligará», y remarcó la «absoluta voluntariedad» para «embarazadas y profesionales» a la hora de aceptar u ofrecer esas medidas. Menos tajante fue la consejera de Familia e Igualdad, Isabel Blanco, que se limitó a segurar que las medidas  se ofertarán «a todas las embarazadas», e indicó que serán ellas, «desde su libertad», las que elegirán «si las quieren utilizar o no».

Mientras, Juan García-Gallardo mantiene su postura y se niega a matizar sus palabras, que chocan frontalmente con las expuestas por los consejeros del PP. Una visita a la concentración motera de Pingüinos (Valladolid), sirvió ayer para que el número dos de la Junta desafiara a quien crea que las medidas del protocolo antiaborto no son legales y que pueden suponer una coacción para las mujeres embarazadas que tengan decidido abortar a que acuda a la justicia y lo denuncie, porque si van contra el Código Penal «lo decidirá un juez». «Se van a aplicar inmediatamente», insistió el vicepresidente, que volvió a ratificar que las medidas están consensuadas y negociadas «obviamente» con la Consejería de Sanidad.

Choques entre las cúpulas

La brecha ideológica entre Partido Popular y Vox, escenificada en anteriores ocasiones tanto en el Parlamento regional como fuera de él, ha vuelto a escalar hasta las sedes de Génova y Bambú, desde dónde ayer se vertieron mensajes enfrentados, tensionando las relaciones entre ambos partidos a 130 días de los comicios municipales del 28 de mayo. Precisamente fue el reciente 'fichaje' de la cúpula del PP y portavoz del Comité de Campaña, Borja Sémper, el encargado de poner voz al sentir de los populares con una tajante afirmación: «No vamos a tragar con cualquier cosa». «Cuando el PP no esté de acuerdo lo va decir y va a rectificar las políticas que otros quieran imponer y consideremos que son equivocadas», resumió el irundarra. La propia cúpula del Partido Popular reforzó su mensaje y reprobó la nueva mediada antiaborto de Vox,  asegurando que el protocolo antiaborto «no se va a llevar a cabo».

Más comedido se mostró el líder de Vox, Santiago Abascal, que, aunque no dudó en respaldar públicamente las medidas «provida» anunciadas por el vicepresidente regional, evitó ahondar en la diferencia de posturas entre el PP y Vox. «No voy a añadir ningún debate más que pueda complicar la buena relación entre el PP y Vox en Castilla y León», señaló Abascal, que aprovechó para insistir en que su formación política se mantendrá «firme» en su defensa.

Algo que también exigieron al Partido Popular, y reclamaron a Alberto Núñez Feijóo y a Alfonso Fernández Mañueco que no les «tiemble el pulso» ante la «manipulación» que denuncian que se está haciendo respecto a las medidas anunciadas en Castilla y León para evitar abortos. En un tono mucho más incisivo se mostró su vicepresidente, Javier Ortega Smith, que acusó al PP de que «no cumplen lo que prometen» e interpeló directamente a la Consejería de Sanidad de Castilla y León: «Por qué no quiere estar de acuerdo en que una madre escuche el latido de la vida del hijo que llevan dentro».

Lluvia de críticas

El tímido goteo de reprobaciones contra el protocolo que arrancó en la tarde del jueves arreció con dureza durante la jornada de ayer viernes. Desde el Gobierno central, al PSOE, pasando por colectivos sociales, asociaciones de mujeres, o sindicatos, la lista de críticas a la decisión anunciada por el líder regional de Vox salía por la puerta y daba la vuelta al edificio. Llegó incluso hasta la sede de la Conferencia Episcopal, cuyo portavoz,  el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, declinó opinar sobre las medidas.

Los ministros socialistas del Gobierno, el PSOE y la formación socialista en Castilla y León no escatimaron sus ataques frente al «hostigamiento» y la «limitación de los derechos» de las mujeres en Castilla y León que sostienen producirá la norma. «Estas medidas son un recorte claro hacia los derechos de las mujeres. Son absolutamente vergonzosas y bochornosas», lamentó la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría. «Pido al señor Feijóo que rectifique este gobierno y garantice a las españolas de esa comunidad que tengan garantizados los derechos sexuales y reproductivos», añadió  la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Génova marca la línea roja: «No vamos a tragar»

«Esas medidas no se va a llevar a cabo». La dirección nacional del PP se desmarcó ayer de forma rotunda del protocolo antiaborto anunciado por el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), y quiso marcar una línea roja con la formación de Santiago Abascal en esta materia. De esta forma, desde Génova se alinean con lo expresado por la Consejería de Sanidad de Castilla y León, en manos del PP, e insistieron en que el actual modelo de atención a las mujeres embarazadas de la Comunidad «no se va a tocar». «Se está actuando con los mismos protocolos con los que se ha actuado hasta el momento», subrayaron desde el PP, dejando claro que este partido «no respalda» a Vox con esta medida. «Es una posición que ni compartimos ni se va a llevar a cabo. Nuestra posición es contundente y rotunda», zanjaron desde la formación de Alberto Núñez Feijóo.

«Son perfectamente compatible las políticas de fomento de la natalidad con una política clara de respeto a la libertad de la mujer», manifestaba horas antes el portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, que aseguraba que «el Gobierno, o el PP en este caso, cuando no esté de acuerdo lo va decir y va a rectificar las políticas que otros quieran imponer y consideremos que son equivocadas».

Precisamente ayer, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba la creación de un teléfono de información para mujeres embarazadas «a favor de la vida y no en contra de nadie». «Aunque la izquierda piense que no, son las mujeres quienes deben libremente decidir qué información desean recibir», señaló Ayuso. También ayer, el exportavoz del Partido Popular y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseveró, al ser requerido por el anunciado protocolo, que «nadie puede criticar que se ofrezca a las mujeres toda la información para tener elementos de juicio y tomar la decisión que ellas crean que deben tomar».

La polémica ha salpicado a los populares justo un día antes de que se celebre la presentación oficial de todos sus candidatos a las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo 28 de mayo. Acto que tendrá lugar hoy en Zaragoza, hasta donde acudirá toda la cúpula del PP nacional, así como todos los barones territoriales, como previa del que servirá para hacer lo propio con los candidatos locales. Reunión que buscará ser el pistoletazo de salida de la campaña para exhibir «una foto de unidad que no puede tener Pedro Sánchez». Hasta la capital aragonesa se desplazará, además de los 12 candidatos que concurrirán a las urnas dentro de poco más de cuatro meses, el presidente regional del PP y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, entre otros.