El Gobierno, a través de los cuerpos policiales y las Unidades de Violencia sobre la Mujer de Castilla y León, reforzará las medidas de seguridad y prevención de la violencia de género sobre los 745 agresores reincidentes de la Comunidad, que suponen el 20 por ciento de los agresores incluidos en el sistema, según anunció la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, quien alertó sobre la existencia de 18 mujeres en «riesgo alto», por lo que exigió a la Junta «cese en los discurso negacionistas» porque es necesaria «la unidad» para acabar con esta lacra.
Tras la reunión mantenida con los cuerpos policiales y la responsable de la Unidad de Violencia sobre la Mujer para analizar los asesinatos machistas, Barcones reconoció la preocupación existente por «los casos resistentes y la plurivictimización», ante los que se van a asumir «cambios y mejoras a nivel asistencial, judicial y policial».
En esa dirección, además, apuntó próximas reuniones con las Policías Locales de la Comunidad y con la Fiscalía para ver «las medidas que corresponden a esta última» de cara a proteger a las más de 5.000 denunciantes al año en Castilla y León. En 2022 acumuló «más de un centenar de casos de riesgo extremo» y 48 víctimas menores de 18 años.
Por ello, reiteró la necesidad de «no dar ni un solo paso atrás en la lucha contra la violencia de género», rechazando «los mensajes negacionistas, que hacen muchísimo daño» y los «dobles discursos» de los que acusó a la Junta.
«Necesitamos firmeza y unidad», recalcó la delegada del Gobierno, apuntando que el «Pacto de Estado de 2017 es el camino» pero que Castilla y León está «siendo demasiadas veces noticia por cosas muy peligrosas para las mujeres y para su seguridad», reiterando su petición a la Junta para "volver al sentido común y a la unidad con un mensaje firme contra los agresores».
230 agentes exclusivos
De hecho, Barcones reconoció que la lucha contra la violencia de género «no es un reto fácil y no se puede combatir con una sola medida ni desde una sola institución», tras un año en el que Castilla y León sufrió tres asesinatos por violencia de género en Soria, Valladolid y Palencia y, en los últimos 15 días, tres feminicidios en Soria, León y Salamanca.
La conclusión es que el Gobierno y las fuerzas de seguridad deben «estar del lado de las víctimas» reforzando los mecanismos para «llegar a ellas y que se sientan seguras» para formalizar la denuncia.
Y es que, según la delegada del Gobierno, la denuncia es «la puerta de salida y la única solución para recuperar su vida». Lanzó así el mismo mensaje a la sociedad para que «se denuncie si se conoce cualquier caso de violencia machista».
A ello ayudará, según Barcones, el incremento de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en Castilla y León, donde recientemente se superaron los 10.000 agentes, y de las unidades específicas de lucha contra la violencia de género, que desde 2018 cuentan con 20 policías y 63 guardias civiles más para 230 agentes dedicados «en exclusiva a la protección policial de las víctimas».