Yolanda Díez se quedó a una letra de compartir nombre y primer apellido con la ministra de Trabajo (Yolanda Díaz); o más bien la ministra se quedó a una letra de esta empleada segoviana, que por algo nació antes. Empezó a trabajar como auxiliar de servicios en 2003 controlando la entrada de visitantes al Torreón de Lozoya mientras duró una exposición de Goya, con 34 años y una nómina de apenas 600 euros. «Poco a poco fui mejorando», relata. A los dos años la hicieron «fija» y el IPC le fue marcando pequeñas subidas hasta que en enero de 2019 le llegó «la grande», propiciada por el incremento del Salario Mínimo Interprofesional de 735 a 900 euros brutos al mes (más dos extras por la misma cuantía). Con el SMI estampado en su vida laboral, hasta que este año no ha tenido que esperar al aumento que aprobó el Consejo de Ministros el pasado martes (de 965 a 1.000). Su profesión tiene desde el año pasado un convenio estatal de sector específico de empresas de servicios auxiliares de información, recepción, control de accesos y comprobación de instalaciones, y en éste se incluyó una subida ajustada a la inflación de 2021 (que ha alcanzado el 6,5%) si esta superaba la actualización del SMI (3,6%), de ahí que al abrir la nómina de enero ya se encontrara con una revisión al alza que le ha puesto 10 euros por encima del mileurista de manual. ?«La presión de los sindicatos se ha notado mucho sobre todo desde la subida grande», opina, por cómo la evolución del salario mínimo también influye indirectamente en la negociación colectiva.
No ha sido ese exactamente el caso de Raquel Municio, Cristina González, Gloria Martín, Mercedes Rubio o Pablo Sanz, que de todas formas se beneficiarán en la siguiente nómina de que la última subida del SMI deba aplicarse con carácter retroactivo a 1 de enero. Son monitores de comedor escolar y también en algunos casos del programa Madrugadores, o incluso «más cosas» por acumulación de contratos parciales. «Si no haces así no llegas a una jornada completa», explica Raquel. Varios de ellos posaban este jueves para una foto que pone rostro a algunos de los empleos con apuradas remuneraciones que se acaban de revalorizar, aunque no transmitan gran entusiasmo por ello. «Bien está que suba el SMI, pero yo que soy familia numerosa, y viendo además lo que están subiendo la vida… Entiendo a la empresa porque somos muchas empleadas, pero el Gobierno piensa poco en los que sufrimos subidas como las de los impuestos o la luz», concluye Raquel.
«La subida me parece correcta pero escasa», piensa Cristina, que a su vez teme que aumente el paro, «sobre todo el juvenil», o que «al subir sueldos se recorte en otras cosas» y empeoren las condiciones de trabajo. «La subida me parece irrisoria», aporta Gloria con más contundencia, y «a las empresas solo les preocupa lo que tienen que embolsar al trabajador, no su bienestar».
El SMI eleva la nómina de más de 7.000 empleados segovianos«Sueldos muy bajos con precios cada vez más altos», resume Pablo, a quien la última mejora también le parece insuficiente para poder equipararse al resto de Europa. España tiene ahora el séptimo SMI de la UE, por debajo de Francia (1.603 euros brutos al mes con 14 pagas), Alemania (1.621), Bélgica (1.658), Países bajos (1.725), Irlanda (1.775) o Luxemburgo (2.257), aunque por encima del resto, incluidos Portugal (823) o Grecia (774).
Mercedes, en cambio, hace una lectura más positiva. «Aunque sea poco lo que al final nos suma en la nómina, menos es nada», valora. Y apuesta por «seguir luchando hasta tener un salario decente algún día», aunque matiza también que «es verdad que a las empresas esta subida les va a costar más, sobre todo si son contratas». «Pero espero que no recorten en otras cosas», añade. Yolanda, sin ir más lejos, perdió tantos pluses tras la subida del SMI de 2019 que se quedó «prácticamente igual».
En total serán más de 2,2 millones de empleados españoles los que se beneficien de la subida del SMI al cabo del año (1,8 desde ya), y entre ellos casi 8.000 segovianos, según estima CCOO en un estudio que ha realizado a partir de datos de la Encuesta de Población Activa. Del total de beneficiarios de la subida a tiempo completo, la mayoría (55%) son mujeres, ya que conlleva mejoras para el 14,1% del empleo femenino, mientras la incidencia sobre el masculino se queda en el 8,9%, de modo que contribuirá a reducir la brecha de género. Los sectores predominantes, agricultura y servicios.
El secretario provincial de CCOO, Álex Blázquez, valora especialmente la subida del SMI por considerar que ha permitido neutralizar «la tendencia negativa que estábamos cogiendo en determinados convenios» en los que las patronales barajaban mejoras por debajo del nuevo mínimo. «El IPC de 2021 ha sido del 6,5%. Está la luz, el combustible... no estamos siendo capaces de equiparar todas esas subidas, así que un empujón al SMI, aparte de una buenísima noticia, era algo muy necesario para todos los trabajadores que están en la mayor precariedad. Y también era algo que pactamos en su día con la patronal, aunque al final no ha cumplido y ha tenido que ser el Gobierno el que lo apruebe», critica.
El secretario provincial de UGT, José Luis Martí, coincide en apreciar la última subida como «un paso adelante, aunque nunca sea suficiente». Además, recuerda que su sindicato apuesta por que los sueldos fijados por convenio suban también un 5%, «y no debería firmarse ninguno sin cláusula de revisión salarial», subraya, para evitar pérdidas de poder adquisitivo con la aplicación de mejoras equivalentes al IPC si este sube más que lo pactado inicialmente para las nóminas.
Críticas de la patronal
Muy distinta es la opinión del presidente de la Federación Empresarial Segoviana, Andrés Ortega: «Para FES, y en esto hay absoluto consenso en las organizaciones empresariales, subir de nuevo el SMI en 2022, en un contexto económico de incertidumbre como el que aún persiste, en el que previsiblemente no se recuperarán los niveles de negocio precrisis hasta 2023, es una medida contraria a lo que necesitan las empresas», advierte. «Recordamos que las empresas ya han asumido una subida del 30% en el SMI desde 2019, con una reciente subida en septiembre de 2021, y que se ha aplicado una subida de cotizaciones sociales aparejadas a los salarios, conformando un coste total por empleado para las empresas que sobrepasaría los 1.500 euros en términos generales».
El objetivo del Gobierno es que al término de la legislatura, a finales de 2023, el SMI alcance el 60% del salario medio en España. En 2019 subió un 22,3%, hasta los 900 euros; en 2020 y al inicio de 2021 se quedó en 950; el pasado septiembre subió otros 15 y ahora, los ya citados 35 para alcanzar los 1.000 al mes más dos pagas extra, o 14.000 al año. Una subida acumulada así desde 2019 que asciende concretamente a 264 euros, un 31% más. «A nuestro juicio, se trata más de una medida que responde a criterios políticos y no a la lógica económica que vivimos las empresas», continúa Ortega. La patronal provincial advierte que esta subida afecta a «sectores especialmente vulnerables como el agrícola y aquellos intensivos en mano de obra (limpieza, hostelería, etcétera) que llevan años soportando sobrecostes de todo tipo».
Así, mientras Gobierno y sindicatos consideran que las subidas anteriores han sido positivas para la economía, negando que esta última pueda conllevar destrucción de empleo, para el presidente de FES, «lo que es indudable es que los costes de la actividad empresarial, tanto los energéticos como las materias primas o el transporte, se han disparado, y sumar ahora una subida de los costes laborales no va a ayudar a generar empleo».» Quizá en algunos casos obligará a que se pierdan puestos de trabajo», avisa.
«En realidad lo que pedimos es lo contrario: medidas de apoyo, reducción de costes y presión fiscal, para que las empresas puedan seguir una senda de recuperación. Solo así se apuesta por el mantenimiento del empleo y por la creación de nuevos puestos», opina FES. El tiempo dirá, y con él la evolución del mercado laboral, si se termina etiquetando esta subida como jarabe o veneno para la economía del país.