Con 136 personas en la lista de espera del parking del AVE (el doble que a finales de enero, según datos de este jueves) y una cifra aún mayor de usuarios de los Avant dejando sus coches en una vía pecuaria donde está prohibido, pero con permiso de la Junta, el cuadro de circunstancias que deja el déficit de plazas para aparcar de manera legal en Guiomar se sigue enrevesando. Al menos los afectados tienen así una alternativa de urgencia, pero a costa de decisiones políticas de difícil encaje legal o administrativo.
Recapitulando, han pasado dos semanas desde que los propietarios de la parcela de acceso al descampado pusieran carteles de prohibido aparcar con aviso incluido de próximo vallado de sus tierras, herencia familiar que sus abuelos sembraban y que aún hoy sólo tienen calificación urbanística de uso agrario, por más que hayan servido de estacionamiento durante casi 15 años, pero de manera irregular, mientras las autoridades miraban a otro lado.
El Ayuntamiento recibió el proyecto de vallado en diciembre y no se opuso en los 20 días hábiles que tuvo de plazo ordinario para emitir subsanaciones, pero lo impidió con un informe desfavorable notificado el viernes 10 de febrero, último día hábil antes de que se llevara a cabo (estaba previsto para el lunes 13); un retraso que la alcaldesa, Clara Martín, justificaba el pasado jueves en las vacaciones navideñas de una técnico de Urbanismo. Desde este servicio se exponen diversas razones legales para justificar la negativa al vallado y el Gobierno local, de forma colateral, obtenía el beneficio político y popular de facilitar que los usuarios, en principio, pudieran seguir aparcando allí; al menos hasta el día en que los propietarios interpusieran denuncia... Pero lo que sucedió el mismo lunes fue que estos cambiaron los primeros carteles por otros más vistosos, al tiempo que pusieron cinta de obra en la entrada, a falta de vallado; y la gran mayoría terminó aparcando en la vía pecuaria que lleva a la ermita de Juarrillos, donde estos días han llegado a coincidir unos 150 vehículos. Allí también está prohibido, pero se trata de un camino público de titularidad de la Junta, que ha decidido hacer la vista gorda, tal y como venía a confirmar el martes el delegado territorial, José Mazarías, con otras palabras que sonaron mejor aunque significasen lo mismo. Fue la propia alcaldesa la que deslizó el viernes 10, en rueda de prensa, que en la vía pecuaria no multa la Policía Local por ser competencia autonómica, y con esa patata caliente, el también próximo candidato del PP a la Alcaldía de Segovia se ha cocinado un paliativo para los usuarios, pero sin que deje de ser llamativo el hecho de reconocer una irregularidad.
ENCAJE LEGAL. Permitir aparcar en esta vía pecuaria supone contar con que los agentes medioambientales (de forma directa o indirecta) sigan indicaciones contrarias a lo que en teoría es parte de su trabajo: sancionar a quien incumple una norma. Aunque eso sí, no se multará siempre y cuando se respete un bien mayor: que los vehículos dejen la anchura necesaria para asegurar el tránsito por la vía pecuaria. Y los usuarios, agradecidos por el remedio de urgencia, a la vez que resignados a aparcar a unos diez minutos a pie de la estación (según el paso de cada cual y la altura donde se deje el coche). Diez minutos o más a la ida y otros tantos a la vuelta, y con la linterna del móvil si es temprano o ya ha anochecido. Confiando en que la cosa no se complique demasiado cuando nieve o llueva; y al albur de que no se produzcan incidentes de seguridad ciudadana en la zona.
Mazarías también matizaba además el martes que no se ha multado en más de 15 años por estacionar allí, aunque ya se vieran coches (en mucha menor medida) cuando se desbordaba el descampado, «y nunca hubo problema por ello».
Las ventajas de la medida para los usuarios de los Avant, en consecuencia, parecen superar claramente unos inconvenientes que apenas existen a efectos de movilidad para la vía pecuaria, dado que además apenas se usa; aunque la balanza de pros y contras que el sentido común invita a sacar no siempre encuentra encaje legal (o alegal) en la Administración. «Él sabrá las consecuencias que tiene la decisión que ha tomado, en caso de que sean tanto positivas como negativas», decía el jueves la alcaldesa, preguntada por la prensa. «Yo desde luego no voy a entrar a valorar esa decisión que ha tomado de manera unilateral. Desde luego conmigo no se ha puesto en contacto para advertirme de esa circunstancia». ¿Pero considera la regidora que debía comunicárselo? «No, que desconozco por qué lo ha hecho, por eso lo digo», añadió al ser repreguntada. «Desconozco la motivación porque no se ha puesto en contacto conmigo, por eso no lo puedo valorar, no sé en base a qué toma esa decisión». Hasta ahí llegó con unas declaraciones que no reflejan precisamente coordinación institucional con quien aún hoy es delegado territorial, pero que pronto 'sólo' será su mayor rival por la Alcaldía, y que además el martes «rogaba» a Martín «que no se sacudiera el problema».
Claro que la competencia de asegurar aparcamiento en Guiomar es de ADIF en realidad, no de la Junta o el Ayuntamiento, pero lo que viene en mayo son elecciones municipales... La alcaldesa ya tanteó incluso a los propietarios de la parcela de acceso al descampado para que se la alquilen al Ayuntamiento, con idea así de volver a facilitar aparcamiento cerca de la estación; y los usuarios de Avant bien que lo agradecerían, obviamente, ¿pero esa medida sería más legal, tratándose de suelo de uso agrario, que permitir aparcar en una vía pecuaria con suficiente anchura para asegurar el tránsito? La única certeza, hoy por hoy, es que el conflicto seguirá dando que hablar, y más de aquí al 28 de mayo, aunque el compromiso sin plazos de ampliar el parking que anunció la propia alcaldesa en enero, pero de parte de ADIF, tardará mucho más en hacerse realidad.