Las conclusiones de la auditoría externa llevada a cabo por PriceWaterHouseCoopers (PwC) a raíz del ‘Barçagate’, el caso en el que una empresa contratada por el club habría llevado a cabo en las redes sociales una campaña de desprestigio de individuos y entidades no afines a la junta directiva de Josep Maria Bartomeu, absuelven parcialmente al club, aunque cuestionan sus controles internos.
 

El origen

El 17 de febrero por la mañana el programa Què T'hi Jugues de SER Cataluña explicó que desde finales del 2017 el Barça tenía contratada I3 Ventures, una sociedad del empresario argentino Carlos Ibáñez, que se dedicaba a desprestigiar, difamar y poner en duda desde por lo menos seis cuentas de Facebook a individuos y entidades del entorno azulgrana no afines a la junta directiva de Josep María Bartomeu, e incluso a jugadores como Messi y Piqué. Según la información, el Barça habría pagado un millón de euros anual a I3 Ventures por el monitoreo y la defensa reputacional en las redes del presidente, la junta directiva y la marca, y las facturas se habrían troceado entre diferentes departamentos para que cada una fuese inferior a 200.000 euros.

La respuesta

Horas después, el Barça emitió un comunicado negando su relación con los hechos, aunque admitió que la empresa I3 Ventures era proveedora del club y explicó que si se demostraba que esta tenía alguna vinculación con las cuentas de Facebook anteriormente mencionadas rescindiría el contrato con la misma, algo que hizo al día siguiente.

Consecuencias

La información causó un terremoto dentro de la junta directiva de Bartomeu, quien el miércoles 19 se reunió con la Comisión Delegada para debatir el asunto. Pero fue dos días después cuando la tensión se hizo latente. Un grupo de directivos pidió explicaciones al presidente y reclamaron el adelanto de los comicios, previstos para 2021, y responsabilidades a Jaume Masferrer, el director del Área de Presidencia.
Bartomeu no accedió a la primera de las reclamaciones pero sí a la segunda, suspendiendo de empleo y sueldo a Masferrer hasta la conclusión de la auditoría.

Reacción

Un día después de esta reunión, el sábado 22, el Barça recibió al Eibar en el Camp Nou y antes del comienzo del partido tuvieron lugar una pañolada y gritos de «Bartomeu dimisión» por parte de la grada.

Siguiente paso

El 8 de abril, Bartomeu pidió la dimisión de cuatro directivos que habían sido críticos con él durante las semanas anteriores: Emili Rousaud, vicepresidente institucional, presidente del Comité de Adjudicaciones y quien hasta el estallido del caso se daba por hecho que sería el candidato continuista en las próximas elecciones; Enrique Tombas, vicepresidente, tesorero e integrante del Comité de Compliance y de la Comisión Económica; Josep Pont, responsable del área comercial y miembro de la Comisión Económica, y Silvio Elías, directivo encargado del Barça B y otro integrante de la Comisión Económica. Un día después, los cuatro presentaron su dimisión y se añadieron Maria Teixidor, secretaria y presidenta de la Comisión de Control y Transparencia, y Jordi Calsamiglia, responsable del área disciplinaria e integrante del Comité de Compliance. Los seis entregaron a un notario documentación que a día de hoy aún no se ha hecho pública.

Auditoría

El 9 de junio, el Barça suspendió de empleo y sueldo durante 23 días a Noelia Romero, la ‘compliance officer' del club. Romero, quien lideró una auditoría interna paralela, impugnó la sanción. Por último, el 17 de junio la juez del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Adriana Gil, admitió a trámite la denuncia de la plataforma Dignitat Blaugrana por presunta administración desleal y/o corrupción entre particulares por parte de algunos directivos de la junta de Bartomeu en el ‘Barçagate’. Los Mossos d'Esquadra, a requerimiento de la jueza, se personaron en el Camp Nou para recabar información.

Conclusiones

Las conclusiones de la auditoría externa descarta que se haya contratado por parte de la junta directiva del Barça «ninguna campaña difamatoria contra nadie», según anunció el portavoz de la entidad, Josep Vives, quien comentó que no se ha detectado «ningún indicio ni ninguna conducta corrupta ni beneficio económico», así como que los trabajos solicitados estaban «en el precio de mercado».