El Gobierno de España ya tiene las propuestas de ahorro energético remitidas por la Junta de Castilla y León, que giran sobre cuatro principios y se estructuran en 18 puntos. Unas medidas sacadas del argumentario que el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, lleva semanas reclamando al Ejecutivo central, y sobre las que giran las enviadas desde Castilla y León, así como las de las otras comunidades gobernadas por el PP –Madrid, Andalucía, Galicia y Murcia–. Un documento en el que se incluye, no solo que las medidas sean tan solo de obligado cumplimiento para el sector público y voluntario para empresas y particulares, algo ya anticipado por el propio presidente, Alfonso Fernández Mañueco, sino también la petición de ampliar el periodo de vida útil de las centrales nucleares.

El portavoz autonómico, Carlos Fernández Carriedo, fue el encargado de detallar el texto enviado desde la Junta, y reconoció que tiene «más esperanzas que ayer» en que el Gobierno de España «cambie de actitud» y escuche la propuesta del Ejecutivo autonómico sobre las medidas de ahorro energético a desarrollar en el próximo plan de contingencia nacional. Cuatro principios, tres ejes y 18 medidas articulan el ofrecimiento regional, que sigue criticando «en la forma y en el fondo», el decreto de ahorro energético aprobado por el Gobierno de España.

La propuesta insiste en que las medidas que se adopten sean obligatorias para las administraciones y voluntarias para el sector privado, apunta a la excepcionalidad de las medidas, el fomento de las mismas a través de incentivos en vez de mecanismos coercitivos y sancionadores, y la adopción de las mismas «previo debate y consenso con el resto de administraciones públicas y sectores afectados».

«Desde la Junta no se actuará en base a prohibiciones, sanciones, restricciones y limitaciones respecto de entidades privadas», prosiguió Fernández Carriedo en alusión a sectores como el comercio y la hostelería, «a pesar de que se les haya presentado como los principales responsables del incremento del coste de la energía, pues son los primeros interesados en adoptar medidas para reducirlo». Por ello, sostuvo la respuesta debe ser en forma de ayudas para que adapten sus establecimientos «información, estímulo y apoyo».

'Clientes protegidos'

En cuanto a su aplicación en el sector público, la propuesta se detiene en los denominados 'Clientes protegidos' como los hospitales, centros de Educación Infantil y Servicios Sociales para ser excluidos de la adopción de esas medidas restrictivas. El Ejecutivo autonómico apuesta por un plan con el objetivo de bajar el precio de la energía y, por tanto, que desarrolle un marco energético que garantice estabilidad regulatoria, el bienestar de las familias y la competitividad del tejido empresarial, pymes, autónomos y a la industria, como es el caso de las electrointensivas y la cogeneración. Por último recordó que Castilla y León es una comunidad solidaria en el contexto energético actual, contribuyendo a la generación eléctrica de España y liderando la producción renovable.

Combustibles

En primer lugar, se plantea un bloque de acciones para la sustitución de combustibles, reprogramando los fondos europeos para facilitar el autoconsumo e impulsando la instalación de empresas de generación de energía renovable, así como la apuesta por la biomasa, el uso de toda la capacidad de generación eléctrica y que se reconsidere el programa de cierre de centrales nucleares, siendo desde la Junta «partidarios de ampliar el periodo de vida útil» de las existentes «hasta que seamos capaces de que el 100% de la energía sea renovable».

Mercado

El segundo bloque de medidas incluye instrumentos basados en el mercado como sistemas de subastas o licitaciones nacionales que incentiven una reducción del consumo, refuerzo de las interconexiones eléctricas y gasistas o el fomento de contratos interrumpibles para el consumo de gas. 

Calefacción

El bloque de ahorro en calefacción y refrigeración propone el fomento de la rehabilitación energética más allá del 31 de diciembre de 2022 o el establecimiento de límites de temperatura «consensuados». 

Medidas fiscales

Por último, se propone la adopción de medidas de política fiscal que disminuyan la presión impositiva existente sobre la energía, así como dar una solución al sector de la cogeneración, de tal forma que la utilización del gas en sus instalaciones resulte efectivamente compensado.