Las pequeñas dimensiones de la sala de vistas del Juzgado de lo Penal, incluso la de la Audiencia Provincial, han obligado a celebrar un macrojuicio en la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) con 50 acusados y cerca de 20 abogados,  los días 27 y 28 enero del próximo año. Se trata del procedimiento abreviado 96/18 del Juzgado de lo Penal, que se había instruido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la capital,  a raíz de la operación ‘Aquileo’, desarrollada por la Guardia Civil,  en octubre de 2012,  en la que se desarticuló una red dedicada al cobro fraudulento de prestaciones por desempleo y ayudas familiares. En total fueron detenidas 60 personas como presuntas integrantes de la trama e imputadas otras 12.

En total se juzgarán 47 presuntos delitos de falsedad documental, un delito continuo de falsedad de documento oficial, 47 delitos de falsedad en documento público y delitos contra la Seguridad Social. La red expedía contratos falsos a extranjeros y realizaba altas ficticias en la Seguridad Social, que posteriormente utilizaban para cobrar el paro y regularizar la situación de los inmigrantes en España. Se estima que el total de lo defraudado por la trama asciende a más de un millón de euros, según los investigadores en elmomento de desarrollarse la operación. 

Muchos de los acusados han alcanzado conformidad con la Fiscalía, por lo que las posibles penas se reducirán considerablemente, aunque la máxima se ha fijado inicialmente en 22 meses de prisión, con inhabilitación especial y diez meses de multa,  seguida de otra de  14 meses de cárcel. Teniendo en cuenta que se citarán pocos testigos, practicándose pocas pruebas, se prevé que las sesiones se centrarán en la declaración de los acusados,  según han afirmado a El Día de Segovia fuentes judiciales. 

Las investigaciones se iniciaron en mayo de 2012,  cuando la Guardia Civil detectó que un gran número de trabajadores extranjeros, asentados en Segovia y otras provincias, regularizaban su situación administrativa en España utilizando contratos de trabajo de una empresa de construcción que parecía no tener actividad real alguna. Posteriormente se constató que esta empresa en realidad se encontraba en estado de disolución y que acumulaba pérdidas por valor de 150.000 euros.

  El responsable de la empresa pantalla, H.M.P., un hombre de 45 años,  vecino de Segovia, expedía los contratos falsos y las altas ficticias en la Seguridad Social previo cobro de una cantidad de dinero que oscilaba entre 200 y 500 euros por mes de alta en la empresa. Esta persona realizaba sus actividades a través de un bar que regentaba en la capital y no necesitaba hacer publicidad de su negocio, ya que rápidamente se difundió por el boca-boca entre la comunidad extranjera, principalmente entre la de origen marroquí.

trama.  La Guardia Civil consideró que se trataba de una trama dedicada a la falsificación de contratos de trabajo, regularización fraudulenta de extranjeros y al cobro fraudulento de prestaciones por desempleo.  La red también tenía ramificaciones en Alicante, Murcia, Girona, Las Palmas, Toledo, Ávila y Madrid.

Los investigadores mantenían que los trabajadores de la empresa de construcción, todos ellos extranjeros, utilizaban el contrato falso que se les expedía y el período que supuestamente habían trabajado en la misma para regularizar su situación administrativa en España mediante la solicitud de permisos de residencia y trabajo.

Además, utilizaban esos mismos documentos para solicitar prestaciones por desempleo y ayudas familiares. Por otro lado, se detectó que los contratos se utilizaban también para fundamentar solicitudes de reagrupamientos familiares que estaban en el extranjero, solicitar préstamos bancarios y permisos penitenciarios.

PRIMERA VEZ.  Es la primera vez que se celebra una vista fuera de las sedes judiciales, según ha dicho a este periódico el presidente de la Audiencia Provincial, Ignacio Pando.  En su opinión, en el actual edificio de la calle San Agustín tampoco se podía celebrar porque, entre acusados y letrados la ocupaban entera, «con lo cual podría haber sido nulo porque requiere que sea audiencia pública, no cabían ni el público que quisiera seguirlo ni los medios de comunicación». 

Pando ha explicado que la otra opción tenía que haber sido intentar alquilar algún local, acondicionarlo, para luego desmontar todo, pero ha sido el edificio del INSSla la opción que se les ha ofrecido y sí que permite desarrollar un juicio con cierta normalidad, después de mantener una conversación con la subdelegada del Gobierno, Lirio Martín, teniendo en cuenta que el nuevo inmueble dispone de una sala grande válida para el macrojuicio.  

Sobre el nuevo edificio de los juzgados, en el programa ‘Enfoque de actualidad’, de La8 Segovia, Lirio aseguró que, a partir del 4 de diciembre, cuando se abran las plicas del nuevo concurso, tras la paralización de las obras por el expediente concursal de la empresa anterior, se verá que constructora continúa, que deberá terminar  en 20 meses, por lo que prevé su finalización a finales de 2021 principios de 2022, con un presupuesto de salida de 12,8 millones con IVA.