Durante el pasado año el Seprona de la Comandancia de Segovia investigó a cinco personas por la comisión de tres delitos relativos a la ordenación del territorio. Además, a una de ellas se le atribuyó un delito de desobediencia por incumplir el decreto municipal de paralización de las obras. Los hechos investigados fueron por la ejecución de construcciones no autorizables en terrenos clasificados como rústicos en diferentes términos municipales de la provincia.
Tanto en los casos descubiertos ese año, como en otros detectados en periodos anteriores, la forma de proceder de los presuntos autores es similar: los promotores de las viviendas solicitan inicialmente la autorización municipal para levantar una construcción compatible con el suelo rústico, tales como naves de guarda de aperos de labranza o alojamientos de animales. Posteriormente, llevan a cabo reformas del proyecto original, modificando su destino inicial, convirtiéndolas en "merenderos" o inmuebles de uso recreativo para ocio y tiempo libre privado e, incluso, en viviendas unifamiliares. Salvo raras excepciones y bajo circunstancias debidamente justificadas, dichos usos están prohibidos en esta clase de terrenos.
Estas actuaciones se enmarcan dentro la misión específica asignada al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales referentes a la ordenación del territorio. En el mismo periodo, efectivos de esta especialidad formularon 47 denuncias en esta provincia, motivadas por distintas infracciones administrativas en materia urbanística, siendo la más habitual realizar construcciones sin contar con la correspondiente licencia urbanística municipal (licencia de obra).
Se señala que la construcción de viviendas en suelo no urbano está prohibida por la legislación vigente. Excepcionalmente pueden ser autorizadas tras la tramitación del oportuno expediente administrativo. Además, estas licencias serán concedidas, casi exclusivamente, cuando amparen residencias vinculadas a explotaciones relacionadas con actividades agrícolas, ganaderas o forestales.
Para estas conductas, el Código Penal prevé penas de hasta 4 años de prisión, pudiendo ser responsables tanto los promotores, como los constructores y los técnicos directores de la obra. En este sentido, se ha tenido conocimiento de que la Audiencia Provincial de Segovia ha confirmado la condena que el Juzgado de lo Penal nº 1 de esta capital dictó por la realización de una edificación ilegal en suelo rústico. Dicha actuación fue iniciada por una intervención del Seprona de la Guardia Civil. En ese fallo judicial, una persona fue condenada a un 1 año y 6 meses de prisión, una multa de 4.800 euros e inhabilitación especial para profesión u oficio durante 2 años relacionado con la actividad constructora.