La cara de satisfacción con la que compareció Pedro Sánchez ante los medios, después de la maratoniana cumbre de la UE, mostraba a las claras lo difícil que había resultado el acuerdo.

Pese a su ronda por diferentes cancillerías europeas, buscando "cómplices" para su plan de que el precio del gas no marque el de la electricidad, todo se resolvió en la gran sala del Consejo.

En un ambiente de extrema tensión, con Alemania enrocada en su negativa a modificar el sistema de tarifas, y con un amago, en forma de abandono de la sala, de bloquear otras resoluciones, Sánchez se salió con la suya.

Con un gesto teatral, de quitarle importancia, el presidente atribuyó su salida de la sala a la "filtración" de una acusación de veto. Pero fue la escenificación de un cabreo y un gesto estratégico lo que demostrara a los países del Norte que la solidaridad del Sur tiene límites.

Le salió bien y la península ibérica va a ser una "isla energética". La medida es temporal y va a permitir un importante descenso del precio de la factura eléctrica, en la medida en que no va a ser el precio del gas, o sea, de las centrales de ciclo combinado, el que marque en las subastas la cuantía del megavatio/hora.

El fuerte apretón de manos con el presidente portugués, Antonio Costa, demuestra hasta qué punto la medida era imprescindible para los dos países, dado que ambos no tienen la dependencia europea del gas ruso. Las renovables aportan gran parte de la generación eléctrica, e incluso, su capacidad de conversión del gas licuado, puede ayudar a limitar la dependencia de Alemania.

Sánchez se empleó a fondo con sus colegas europeos a los que recordó la actitud siempre positiva de España en la consecución de acuerdos, el grave estallido social que se vive en las calles y como la subida de los combustibles ha disparado la inflación.

La oposición, siempre presta a señalar el ninguneo de la diplomacia norteamericana, y del propio Biden, con Sánchez, deberían tener la sensatez de celebrar el éxito innegable que supone imponer esta medida en la cumbre europea. Pero, olvídense, el coste electoral del malestar social es un atractivo demasiado jugoso para dejarlo pasar.

Y el Gobierno, que no ha sabido medir hasta donde llegaba el cabreo de la ciudadanía con la subida de precios y la amenaza de desabastecimiento, tiene poco margen de tiempo para resolver la cantidad de frentes abiertos: desde las protestas agrícolas, a las del sector pesquero o las grandes industrias con carencia de componentes para la producción.

Esperar al martes se antoja demasiado tarde.