Los 44 procuradores del Partido Popular y Vox rechazaron hoy, con sus votos en contra, la Proposición No de Ley presentada por el PSOE en las Cortes para someter a una revisión minuciosa los entes públicos e instrumentales de la Comunidad con el objetivo de elaborar un plan de supresión de aquellos que no justifiquen su existencia "en atención al interés general", que contó con los 36 votos favorables de toda la oposición a excepción del procurador de Por Ávila, que se abstuvo.
Defendió la propuesta el procurador socialista Ángel Hernández, bajo la premisa de que "la ciudadanía tenga una buena administración, de calidad, libre de corrupción y eficiente" en base a un estudio de la Universidad de Göteborg que "suspende a Castilla y León y lo sitúa en el puesto 12, a la cola de las comunidades españolas".
Por ello, la propuesta socialista pretende "acabar con la administración paralela" dado que "durante 35 años, el Gobierno del PP ha encomendado funciones públicas de la Administración a otros entes para eludir o hacer más livianos los controles" de un Parlamento autonómico al que pidió que "no renuncie a su autoestima y adquiera la competencia para la que ha sido creado: controlar el gasto público y el acceso a la función pública", así como el "control de toda la Administración" para evitar la "oscuridad donde se ha fraguado la corrupción de esta tierra".
"Acabemos con el clientelismo, con los chiringuitos y la dedocracia", pidió Hernández Martín a los procuradores autonómicos, agradeciendo su apoyo a los grupos de la oposición y defendiendo la coherencia de su propuesta frente a la "falta de honestidad" de la que acusó al Gobierno y ante la "incoherencia" de Vox, que "cuando habla de recortar el gasto público, lo único que quiere es recortar en esta Cámara, mientras el vicepresidente se crea un chiringuito para él solo".
En la misma línea se posicionó el Grupo Mixto. Y es que Francisco Igea, de Ciudadanos, que se mostró partidario a la propuesta socialista "siempre que incluya al Serla y la Fundación Anclaje", afeó a García-Gallardo que se haya "convertido en el representante del chiringuito más esférico y embajador ante los chiringuitos cuando venía a acabar con ellos", y al PP que no esté de acuerdo con una propuesta que "aprobó hace escasos meses" con Cs en el anterior Gobierno autonómico.
También Pablo Fernández, de Podemos, mostró su apoyo a la iniciativa para acabar con el "entramado de entes y fundaciones, la administración paralela con la que le gusta operar a la derecha", y que se desarrolla "con total opacidad y elusión a los controles administrativos". "El drama es que Vox defienda abiertamente este entramado", lamentó Fernández, señalando al líder nacional de esta formación, Santiago Abascal, como "el rey de las mamandurrias en España" y a su representante en Castilla y León, Juan García-Gallardo, como el creador de "el mayor chiringuito que hay ahora mismo en Castilla y León", debido a ostentar "una Vicepresidencia sin cargo ni funciones".
Por último, y en representación del Grupo UPL-Soria Ya, Ángel Ceña recordó cómo la creación de entidades y empresas públicas "con las mismas funciones que la administración general" la contempló como funcionario público hace años, y recalcó que ya entonces "no teníamos dudas de para qué surgían: para eludir los controles de gasto y crear duplicidad, haciendo y deshaciendo a su antojo en cuestiones como la contratación de personal", motivo por el que se mostró partidario de "abordar el proceso" de evaluación y eliminación de entes públicos, incluyendo entre ellos "la Fundación Castilla y León para que se estudie su viabilidad en términos de gasto público".
Sector público "bien dimensionado"
La propuesta socialista se encontró, sin embargo, con la oposición de los dos partidos en el Gobierno autonómico, PP y Vox, que tumbaron la PNL. En su defensa del 'no', el viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ángel Ibáñez, aseguró que dicha proposición se basa en "premisas falsas" dado que se basa en un índice de la Universidad de Göteborg sin fijarse en la "posición magnífica" de Castilla y León en "informes internacionales consolidados como Pisa o el de Gerentes de Servicios Sociales".
Ibáñez también defendió que el sector público de Castilla y León "está bien dimensionado" al haber reducido, desde 2012, los entes del sector público de 31 a 16, gracias a "un exhaustivo análisis" de dicho sector que continuó en la última legislatura con "más control financiero y auditorías a las entidades del sector público", frente a las "comunidades socialistas" que multiplican "hasta ocho veces más" los entes en relación a Castilla y León e incluso al propio programa del PSOECyL, al que acusó de "incoherencia" por "aumentar órganos de todo tipo".
Por su parte, el procurador de Vox, David Hierro, presentó una enmienda a la iniciativa socialista que incluía instar a la Junta a "dar cumplimiento del punto 11 del pacto entre PP y Vox para afrontar una reducción significativa del gasto institucional superfluo y la supresión del gasto público ineficaz" como parte del acuerdo de gobierno entre ambas formaciones.
Y es que Hierro defendió que esa es la postura de su formación, a pesar de su voto en contra a la PNL socialista, y aseguró que la propuesta del PSOE demuestra que "se han sumado a la Agenda España" de Vox dado que esta última incluye "la simplificación de las normativas y trámites de procedimientos públicos y la eliminación de subvenciones a organismos públicos innecesarios", entre los que incluyó a los sindicatos y los entes públicos en los que participan: el Serla y la Fundación Anclaje.