Castilla y León tomará medidas restrictivas dentro del marco legal que contempla la Ley de Salud Pública tras el fin del Estado de Alarma el próximo 9 de mayo. El vicepresidente y portavoz regional, Francisco Igea, arremetió contra el Gobierno central y garantizó que su «irresponsabilidad» no se trasladará al Ejecutivo regional. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el número dos de la Junta, también aseguró que la Comunidad mantendrá las restricciones de acuerdo a la evolución de la pandemia de la covid-19 para llegar al fin del estado de alarma con la «menor incidencia posible». Igea cargó contra el Gobierno de España por no asumir «ninguna responsabilidad» de acuerdo a su forma de entender la corresponsabilidad en la gestión de la crisis sanitaria. Así, censuró que se trabaje un año después de comenzar la pandemia en una guía de recomendaciones de medidas en función de la incidencia, a la que se refirió como un «manual de bolsillo». «Alabado sea Jesucristo», dijo, para añadir que esto es una «tomadura de pelo».

El vicepresidente y portavoz insistió en que el Gobierno no puede mantener esta actitud, porque criticó que los «reyes de la cogobernanza», como se refirió a los miembros del Ejecutivo central, lleven ante los tribunales a las comunidades «de pobres» que legislan, mientras a su juicio los catalanes pueden hacer «lo que le parezca». De esta forma, molesto con la situación, recordó que el Tribunal Constitucional ha suspendido una parte de la Ley gallega que obligaba a vacunarse contra la covid-19 y que las comunidades no son competentes para limitar los derechos fundamentales con su normativa, como recordó ocurrió con el adelanto del toque de queda. «No se puede legislar por Decreto Ley las restricciones de derechos fundamentales, ya que, a los dos días, el rey de la cogobernanza, nos mete en el Constitucional», dijo visiblemente molesto.

Por tanto, el vicepresidente rechazó trasladar la «irresponsabilidad» del Gobierno de no plantear ningún marco normativo ante el fin del estado de alarma a la Junta, que insistió continuará con las medidas restrictivas y la «responsabilidad» para si llegado el 9 de mayo se quedan sin el amparo legal de esta figura constitucional, tener la menor incidencia posible de la covid. No obstante, advirtió de que esta es la posibilidad actual, debido a al «cambiante» política del Gobierno, «si es que existe tal cosa».

«Estamos navegando cómo podemos», reiteró Francisco Igea, quien criticó que mientras unos no asumen «ninguna responsabilidad» llevan ante los tribunales a los que toman una decisión. Por último, insistió en que desde Castilla y León no se ha cambiado el criterio sobre las medidas y ha insistido en que la restricción del contacto social es una medida «eficaz». «No somos Miguel Bosé, somos los mismos señores que llevan diciendo las mismas cosas desde hace un años», zanjó Igea.